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Cuando la callada encierra una respuesta: dimisión

Cuando la callada encierra una respuesta: dimisión
La fiscal general del Estado en uno de los Consejos Fiscales que ha presidido. Esta firma colectiva la suscribe la Ejecutiva de la Asociación de Fiscales.
16/3/2022 06:47
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Actualizado: 18/3/2022 11:40
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En noviembre del pasado año se hicieron públicos los detalles que contiene la reclamación patrimonial por daños y perjuicios causados por el mal funcionamiento de la Administración presentado por el señor Stampa ante el Ministerio de Justicia y sustentado en las irregularidades que entiende orquestadas por la Fiscal General del Estado con la única intención de apartarlo de la instrucción del caso Tándem y por ende de la Fiscalía Especial Contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada.

La enorme polémica surgida hizo que la FGE remitiera un correo electrónico a toda la Carrera que decía: «Ante las gravísimas y difamatorias imputaciones aparecidas en los últimos días en diversos medios de comunicación en relación con el Consejo Fiscal y otros órganos del Ministerio Fiscal, tomé la decisión de añadir un punto específico en el orden del día del próximo Pleno del Consejo Fiscal, que tendrá lugar el día 24 de noviembre, al objeto de recabar detallada información sobre esta cuestión.

Sin embargo y pese al compromiso adquirido por propia iniciativa, la FGE no ofreció ninguna explicación en la citada reunión, y en su lugar convocó a la misma al Fiscal Jefe de la Fiscalía Especial Contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada y al Fiscal Jefe de la Secretaría Técnica para que fueran ellos los que informaran sobre la regularidad de todo lo acontecido, tanto en la tramitación de las Diligencias de Investigación de la Fiscalía Superior de Madrid n.º 32/2020 como en el nombramiento de Fiscales para la citada Fiscalía Especial.

Como miembro nato del Consejo Fiscal también tomó la palabra en relación a estas cuestiones la Fiscal Jefe de la Inspección Fiscal. La única que no tomó la palabra para ofrecer explicaciones fue la Fiscal General del Estado.

Y es que cuando las explicaciones que pueden darse sobre un tema en concreto, si bien idóneas para aclarar la cuestión resultan, sin embargo, inconvenientes para el interpelado a darlas hay quien entiende que lo mejor es permanecer callado y hacer que otro trate de satisfacer la obligación de transparencia que sobre aquella persona pesan. 

La labor de enjuague no pasa desapercibida y la utilidad de la misma suele ser escasa porque, por burda, la maniobra extiende la sombra de duda, genera nuevas preguntas y va incubando ciertas certezas.

La mayor de estas es que, como ya dijimos el mismo día 24/11/2021, la FGE no tiene explicaciones que desbaraten las gravísimas imputaciones que se le habían hecho. Hoy podríamos añadir que además tales explicaciones, las que debió ofrecer  haciendo gala de la probidad que se predica del cargo que ostenta, la colocan en situación de dimisión inmediata.

Tras la celebración del Consejo Fiscal del día 24 de noviembre de 2021 la Fiscalía General de Estado hizo pública una nota informativa sobre el contenido del mismo. En relación a este punto destaca el párrafo final de la misma:

“El fiscal encargado de la investigación puso en conocimiento del fiscal Sr. Stampa documentos internos de la institución y de naturaleza reservada emitidos por la Secretaría Técnica de la Fiscalía General del Estado —ajenos, por tanto, al conocimiento de cualquier persona investigada en un procedimiento penal, sea o no fiscal—, por lo que el Fiscal Superior se vio en la obligación de dar debida información sobre esta contingencia.”

Se obvió por completo y de manera deliberada la información que recabó la propia FGE al entonces Fiscal Jefe de la Fiscalía Superior de Madrid y de la que ayer tuvimos noticia, nuevamente, por los medios de comunicación.

Esta entrega por capítulos resulta insoportable para la Institución.

El desgaste paulatino e incesante de su credibilidad por actuaciones siempre protagonizadas por la persona que la dirige, por sus comportamientos alejados de parámetros éticos mínimos que rigen la vida cotidiana de cualquier persona destruyen la confianza que cualquier Institución del Estado precisa para su sola subsistencia.

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