Marca la tradición democrática, atenta siempre al respeto por las Instituciones donde todos nos encontramos y que a todos representan, que las personas que las dirijan se hayan destacado por su solvencia profesional envuelta en los principios éticos que impregnan la sociedad de la que forman parte.
Por un saber hacer que se despliega en formas exquisitas preludio de un fondo escrutable que proporcionan seguridad a quien es llamado a ocupar altas instancias, único asidero que precisará en su desempeño, y confianza en todos los demás por haber puesto en buenas manos los mejores instrumentos de nuestra convivencia.
Se dice entonces que la persona concreta está a la altura de la dignidad del cargo porque presenta como aval una trayectoria diáfana, alejada de oscuros vericuetos donde habitan intereses espurios cuando no directamente abyectos, y ajustada por convicción a los valores superiores que enmarcan nuestro Estado de Derecho.
La dignidad de un cargo no se transfiere a la persona que, por uno u otro avatar, lo ocupa temporalmente. Cierto es que tras la misma podrá esconder durante cierto tiempo sus carencias, también disimular sus preferencias omitiendo así su principal obligación, y valerse del respeto institucional que los demás profesan al cargo para predicar y hasta convencerse de su rectitud.
Es posible incluso que se sienta vestido con los valores y principios que representa aunque sea muy visible, hasta el tuétano, el tamaño de su figura.
Pero esa costumbre de hablar de sí mismo en tercera persona es muestra del estado de ensoñación generado y, al mismo tiempo, del afán por recordarnos la dignidad de su cargo después de haber olvidado que el hábito no hace al monje.
Por el contrario, los comportamientos aciagos de quienes fueron obsequiados con el honor de dirigir una Institución del Estado deterioran la dignidad y la legitimidad de esta y de quienes la integran.
Pero sobre todo defraudan la confianza de la sociedad y quiebra el sistema constitucionalmente diseñado para el mantenimiento y defensa de nuestra democracia.
EL DESCRÉDITO DEL FISCAL GENERAL DEL ESTADO SE PROYECTA SOBRE LA CARRERA FISCAL
Somos conscientes de que el descrédito del Fiscal General del Estado (FGE) se proyectará sobre todos los que, a pesar de tantas cosas, seguimos estando orgullosos de representar al Ministerio Fiscal.
Todos los, que día a día, materializamos esa vocación de servicio público desde la guardia del más pequeño partido judicial al juicio complejo que ocupa muchas jornadas.
Que seremos nosotros los destinatarios de comentarios jocosos en los pasillos y de insinuaciones vergonzantes en estrados.
Nosotros los que afrontamos la desconfianza de la que se ha hecho acreedor otro y los llamados a defender nuestras diligencias de investigación -antesala de la instrucción decía la Circular 2/2022, de 20 de diciembre- como marco garantista cuando han servido al FGE de instrumento político.
Y, porque queremos seguir siendo dignos de la función que se nos ha encomendado, cada uno de nosotros se empeñará en demostrar que la actuación de un Fiscal se sujeta siempre a la ley, que no nos mueven los intereses gubernativos o partidistas, que somos imparciales y además lo parecemos, que nuestra lealtad es con la Constitución primero y con nuestra Institución después, que respetamos la labor de cuantos participan en la difícil tarea de administrar justicia y que la salvaguarda de los derechos y libertades de todos los ciudadanos es principio rector de nuestra actuación.
La dignidad del Ministerio Fiscal transciende a cada uno de nosotros y no podemos hacer con ella un sayo porque no nos pertenece.
Solo la servimos con nuestra actuación, no nos servimos de ella para barnizar nuestros actos ni somos libres de ponerla al servicio de intereses infames.
Con la dignidad personal que cada uno haga lo que tenga por conveniente.
Comisión Ejecutiva de la Asociación de Fiscales.
