Transportistas participan en el paro convocado por la Plataforma para la Defensa del Sector de Transporte. Foto: Carlos Castro/EP.
Incumplimientos contractuales, demandas judiciales o empresas en concurso, algunos efectos de la huelga del transporte en el sector agroalimentario
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19/3/2022 06:48
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Actualizado: 21/3/2022 10:32
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El recrudecimiento de las acciones de los convocantes del paro del transporte que, desde el pasado lunes, trata de paralizar España está teniendo un efecto devastador sobre toda la cadena de suministro de alimentación (sector primario, industria, transporte y distribución); el sector agroalimentario.
Ante la gravedad de la situación, las asociaciones que integran a toda la cadena de valor agroalimentaria y del gran consumo (Cooperativas Agroalimentarias, FIAB, AECOC, ASEDAS, ACES y ANGED) piden al Gobierno la máxima contundencia a la hora de frenar acciones que están causando pérdidas millonarias al conjunto de la cadena, poniendo en peligro la viabilidad de miles de negocios y desestabilizando el contexto económico y social de nuestro país.
El conjunto del sector entiende la complejidad del momento y las afectaciones que éste presenta para el sector del transporte, pero considera que es momento de aunar esfuerzos para reivindicar y agilizar la aprobación de un plan especial de ayudas al sector en línea con los aprobados en países como Francia o Italia.
El carácter perecedero y la esencialidad de los alimentos que producen y comercializan está causando estragos en los sectores de frescos y en áreas geográficas con gran arraigo sectorial como Andalucía, Galicia o zona norte del país.
Empresas del sector informan de que sólo en Almería las compañías hortofrutícolas están perdiendo en torno a 10.000.000 de euros al día. En Huelva cifran que cada camión de frambuesa contiene unos 100.000 euros en producto y los de fresa unos 50.000 euros y son muchos los que no están consiguiendo salir.
También los puertos y lonjas están teniendo serias dificultades para poder operar. Sólo en Puerto de Celeiro (Lugo) tiene hoy 140 toneladas de pescado que si no puede sacar se van a echar a perder.
Cada barco tiene un valor estimado de 60.000 euros y, aunque pierda la venta, debe hacer frente a los salarios mínimos, cotizaciones, etcétera. Este puerto tiene más de 1.000 trabajadores que si el conflicto se alarga pueden ver amenazados sus puestos de trabajo.
En algunas zonas de España, especialmente en Galicia, no se recoge leche en las granjas, hay graves problemas de abastecimiento de piensos para alimentar al ganado y la agresividad de quienes secundan la huelga está impidiendo que muchos otros transportistas autónomos ejerzan su derecho al trabajo.
Esta situación está provocando que las empresas de distribución deban asumir unos sobrecostes diarios de en torno a los 130 millones de euros diarios para poder transportar y redistribuir alimentos a los puntos de venta de todo el país y evitar problemas de abastecimiento.
Necesidad de una solución global
José Miguel Soriano, socio responsable del grupo agroalimentario del despacho internacional Andersen en España, destaca que esta es una situación que ya venía de principio de años donde la subida de los precios algunos productos ya habían marcado precios históricos.
“Ahora la situación se agrava porque afecta a la totalidad de la cadena alimentaria: los productores no pueden vender sus productos, la industria no los puede transformar y los que están transformados no se pueden vender”.
Desde este punto de vista, “es factible un colapso en la cadena alimentaria si esta huelga se alarga unos días más”, advierte.
Soriano recuerda que “acaba de modificarse la Ley de la Cadena Agroalimentaria, con una serie de exigencias importantes para los eslabones compradores como son la industria y la distribución, teniendo que respetar el coste efectivo de producción, cuando ahora los costes están disparados y no hay beneficios. Con la situación actual no se puede vender”.
Es evidente que habrá situaciones de incumplimientos contractuales «en una situación extraordinaria como la que estamos viviendo. Es cierto que durante el Covid se utilizó la cláusula rebus sic stantibus para reequilibrar los contratos. Si esta coyuntura se mantuviera en el tiempo es posible que se aplicase en esta actividad”.
El impacto de este paro que ya cumple su quinto día en empresas con problemas económicos ya arrastrados de estos dos años de Covid. “Con el alza de costes existente, pueden acabar en situación de insolvencia y de concurso de acreedores”.
Hay que buscar una solución global al conflicto y «romper con el bloqueo existente. El derecho a la huelga debe garantizarse, así como los servicios mínimos y respetando los intereses de la sociedad”.
A juicio de este experto, “está claro que asistiremos a nuevas renegociaciones de los contratos entre las partes afectadas. En el caso de que no haya acuerdo es factible que se judicialicen muchos de estos conflictos. No olvidemos que el equilibrio de los contratos parte de la voluntad de las partes”.
Al mismo tiempo, recuerda que “el sector agroalimentario es netamente exportador. Eso ha hecho que en los últimos años ha contribuido a que nuestra balanza comercial española fuera positiva. Ahora el impacto de esta huelga está afectando a dichas exportaciones. Los productos no llegan a su destino”.
Renegociar contratos antes de demandar
Por su parte, Javier Salinas, «of counsel» de Ramón y Cajal Abogados, especializado en el sector agroalimentario y en Derecho de la Competencia, explica que toda la responsabilidad sobre quién paga los daños de una situación de este tipo “se articula a través de distintos contratos. Habrá que ver donde se produce la ruptura”.
Este experto pone en ejemplo el del pescado, “que no se recoge de las lonjas y se pudre en muchos casos. La responsabilidad seria inicialmente del transportista que tiene la obligación de trasladar el producto de un lado a otro. Sin embargo, hay instrumentos legales a los que se puede acoger, como la fuerza mayor o caso fortuito”.
Para este experto, la situación de estos transportistas es que no pueden cumplir con el contrato “porque si lo cumplen incurren en pérdidas. Con lo cual ese contrato que firmó en su día, no lo puede cumplir en la forma que se firmó. Esto supone una ruptura del equilibrio del contrato e implica que ese contrato es exigible, pero aquí entra el punto legal”.
Se abre una serie de responsabilidades compartidas «que cada elemento de la cadena alimentaria reparte. Al final se llega a donde se ha producido la ruptura que es el transportista. Es posible que aleguen fuerza mayor o que firmaron el contrato en otras condiciones distintas de las actuales. Ahora los costes son muy elevados”.
Para Salinas, “en este contexto, la respuesta lógica a nivel jurídico no debería ser el incumplimiento. Habría que intentar renegociar el contrato para equilibrarlo a las circunstancias actuales. Ese reequilibrio supondría que el precio para que contratista haga su trabajo tendrá que modificarse al alza”.
En su opinión “esto va a suponer un reajuste en las relaciones entre los operadores de la cadena alimentaria para que esa imposibilidad que le viene sobrevenida al transportista se pueda renegociar”.
Junto a ello, Salinas no excluye que se judicialice este conflicto “los ánimos están caldeados sin lugar a dudas. Es previsible que lleguen muchas demandas a los tribunales. Todo dependerá de si se alarga más el conflicto”.
El problema que se avecina es «si este paro del transporte en nuestro país se mantiene más días. En ese momento se puede radicalizar el conflicto, con mayor desabastecimiento con una judicialización más extrema a todos los niveles”, concluye.
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