De izquierda a derecha, de pie, los participantes en este Foro Confilegal: Jean-Baptiste Boubault, Country Manager en España de Phenix; David Esteller, de AECOC; Ana Díaz Pérez, subdirectora general de Calidad y Sostenibilidad Alimentaria del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación; Carlos Berbell, director de Confilegal; Adrián Martínez Bazaga, de Buró Veritas. Sentados, de izquierda a derecha, Montse Cortiñas, vicesecretaria general de la UPA; María Martínez-Herrera, de ASEDAS; Patricia Estanheiro, de Hostelería Madrid; y Clara Fuentes, de Marcas de Restauración. Foto: Confilegal.
Expertos del sector piden al Gobierno aclarar el régimen sancionador de la futura ley para combatir el desperdicio de alimentos
Los participantes del foro Confilegal 'Los retos frente a la reducción del desperdicio alimentario', que se celebró este miércoles, coincidieron en la necesidad de clarificar algunos aspectos de la futura ley
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19/1/2022 18:04
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Actualizado: 17/2/2022 14:32
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La futura Ley de Prevención de las Pérdidas y el Desperdicio Alimentario debe salir adelante. Esta ha sido la declaración unánime del sector agroalimentario. El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación cuenta con todo su apoyo. El objetivo es reducir al 50 % el desperdicio alimentario para 2030.
Así se lo han expresado a Ana Díaz Pérez, subdirectora general de Calidad y Sostenibilidad Alimentaria del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, todos los participantes en el Foro Confilegal ‘Los retos frente a la reducción del desperdicio alimentario’, que se ha celebrado hoy, con la participación de Sivarious como ‘media partner’.
Montse Cortiñas, vicesecretaria general de la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA), los ha sintetizado en una frase: «Por ética para evitar que sea un fracaso que nuestro trabajo no acabe desperdiciándose, para los pequeños productores, que todo ese esfuerzo no se desperdicie, que llegue al consumidor».
Lo mismo que Paloma Sánchez Pello, directora de Competitividad y Sostenibilidad de la Federación Española de Industrias de Alimentación y Bebidas (FIAB), quien ha agregado que «el Ministerio tiene que tener muy claro que cuenta con nosotros, que las empresas están muy implicadas. Entre todos conseguiremos que se vaya reduciendo el desperdicio. Hace falta mucha conciencia al ciudadano».
María Martínez-Herrera, responsable de Medioambiente de la Asociación Española de Distribuidores, Autoservicios y Supermercados (ASEDAS), se posicionó en la misma línea: «Estamos muy contentos de que lo coordine el Ministerio de Agricultura, a partir de ahí creemos que hay mejoras que hacer, porque aunque todos los eslabones trabajamos conjuntamente, no todos somos iguales en cuanto a las pérdidas».
Lo mismo que Jean-Baptiste Boubault, Country Manager en España de Phenix, quien ha afirmado que «tenemos suerte porque estamos en un país que reserva espacio para leyes de proceso. Hay un camino, no es fácil pero existe».
Ana Díaz Pérez, subdirectora general de Calidad y Sostenibilidad Alimentaria del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, ha recibido muy positivamente el apoyo expresado.
Sin embargo, los participantes han expresado su opinión de que hay todavía espacio de mejorar el Anteproyecto de Ley de Prevención de las Pérdidas y el Desperdicio Alimentario.
Como por ejemplo en lo referente a las sanciones.
Un punto en el que Martínez Herrera pidió más claridad: «El régimen sancionador es muy potente, queremos acotarlo, no porque estemos en contra o porque sea duro, sino porque no sabemos muy bien qué está dentro del régimen, cuales son sus objetivos y buenas prácticas. Queremos más claridad».
UN GUANTE EN POSITIVO
El guante lo ha recogido subdirectora general de Calidad y Sostenibilidad Alimentaria, quien ha afirmado que desde su departamento están abiertos a escuchar todas las opiniones y propuestas para sacar adelante esta ley, «un proyecto ambicioso» con el que buscan «el apoyo de toda la cadena alimentaria».
Un apoyo que tiene, como ha quedado claro.
El Anteproyecto de Ley de Prevención de las Pérdidas y el Desperdicio alimentario se aprobó en octubre de 2021 en el Consejo de Ministros y su objetivo es reducir desperdicio de alimentos y fomentar buenas prácticas para el aprovechamiento de los mismos.
En el departamento del ministro Luis Planas tienen como objetivo aprobar esta ley en 2022 y que entre en vigor en 2023.
Díaz ha afirmado que «llevar a cabo un proyecto de esta ambición es complejo, con las 17 Comunidades Autónomas, pero no por eso no pensamos que no podamos hacerlo, estamos acostumbramos a buscar acuerdos. Es un reto ambicioso pero somos capaces de conseguirlo. El plan estratégico nacional será la base».
Los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Agenda 2030 de Naciones Unidas recogen la aspiración de reducir a la mitad el desperdicio de alimentos per cápita en el mundo, tanto en la venta al por menor y entre los consumidores, como en la cadena de producción y suministro.
Y este es precisamente el espírutu de la ley, cuyo anteproyecto recoge un régimen con cuatro tipos de infracciones graves, todas ellas relacionadas con la donación de alimentos, que pueden ser penadas con multas de entre 6.001 y 150.000 euros.
Las causas de esta infracción son impedir mediante estipulación contractual la donación de alimentos, no donar o distribuir los excedentes a empresas o entidades de iniciativa social o que las entidades sin ánimo de lucro receptoras no mantengan unas correctas prácticas de higiene en la conservación y manipulación de los alimentos.
También es causa de infracción grave la discriminación en el reparto de alimentos por alguno de los motivos mencionados más arriba. Se considerarán faltas muy graves, que pueden ser sancionadas con hasta un millón de euros, la segunda o posterior infracción grave reincidente.
Se considerarán motivo de infracción leve no aplicar la jerarquía de prioridades para el uso de alimentos, no contar con un plan de prevención de las pérdidas, no cuantificar éstas y no informar de las mismas o no disponer de los medios para asegurar que los alimentos no vendidos y que siguen siendo aptos para el consumo humano se donen a través de un pacto o convenio que regule la donación a organizaciones.
En el caso de las entidades de iniciativa social y sin ánimo de lucro receptoras de las donaciones, se considerará falta leve no distribuirlas a personas desfavorecidas o no garantizar la trazabilidad de los productos donados mediante un registro de entrada y salida. Las infracciones leves podrán ser sancionadas con multas de hasta 6.000 euros.
LA PARTICIPACIÓN DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS, FUNDAMENTAL
Cortiñas ha indicado que la participación de las Comunidades Autónomas es fundamental porque «hay determinadas cuestiones que están pegadas al territorio y por eso hay que buscar soluciones en el terreno».
A su juicio, tanto esta ley como la Ley de la Cadena Alimentaria, «van a cambiar la manera de entender la cadena alimentaria del país».
Por su parte, Sánchez Pello ha pedido «dejar libertad de actuación a las empresas, porque hay quienes tienen una política más enfocada a la donación, otras a la reducción y otras a evitar el desperdicio».
En este sentido, ha reconocido que, aun estando de acuerdo con la futura ley, «hay un aspecto que nos preocupa relativamente, la jerarquía de gestión del desperdicio«.
«Lo primero es donar a alimentación humana, estamos de acuerdo, pero hay que matizarlo, porque hay una serie de ‘coproductos’ de algunas empresas venden a otras cadenas de alimentación y fuera de la alimentación, sectores como farmacia o cosméticos, y no queremos que se confunda lo que puede se un producto que va a ser donado con otros productos que las compañías dentro de sus negocios destinan a otros sectores», ha afirmado. «Nos da miedo que se perturbe el sistema de gestión del día a día«.
La subdirectora general de Calidad y Sostenibilidad Alimentaria ha subrayado la importancia crucial del Plan Estratégico, contemplado en el Anteproyecto: «Un Plan Estratégico tendrá que desarrollarse con las comunidades autónomas, que son las actores competentes, no son medidas que se ponen en marcha de un día para otro. Ahora estamos en fase de anteproyecto, el gran paso será aprobar la ley», ha remarcado.
LA TECNOLOGÍA, PIEDRA ANGULAR
Boubault , por su parte, ha incidido en la importancia de la tecnología en este proceso, lo que se busca, ha subrayado, «no son soluciones globales, aunque es un problema global. No pretendemos solucionar todo al mismo tiempo».
El Country Manager en España de Phenix ha explicado que desde su compañía «ayudamos a detectar aquellos productos que van a caducar próximamente, una vez detectados, el objetivo es darles salida en nuestro propio punto de venta a través de oferta comercial».
Así, «movemos el producto y devolvemos algo de poder adquisitivo a nuestros consumidores y sacamos valor de estos productos aunque se haga con descuento».
Otra etapa, ha indicado, es la donación, «es muy importante porque resuelve otro problema social, es un desafío grande porque viene al final de la cadena y obliga a una gran agilidad, nos obliga a colaborar con organizaciones sociales. Aquí Phenix actúa como una plataforma que digitaliza el proceso de trabajo».
Al final el objetivo es evitar el desperdicio, «cuando tiramos un alimento tiramos todo lo que ha servido para producir un alimento y ahí esta el gasto». De modo que, si se evita «este gesto optimiza la cadena de valor. Somos muy conscientes de que evitar el desperdicio participa activamente en reducir el cambio climático«.
En este sentido, Montse Cortiñas, vicesecretaria general de UPA, ha destacado que «para un productor de alimentos el desperdicio es un fracaso, hay que trabajar con tecnologíaa, normas comerciales y descontractualización».
«Esta ley contra el desperdicio es urgente abordarla, hablamos del impacto económico, pero es que tiene un impacto de emisiones que hace que perdamos recursos que no nos podemos permitir como sociedad y planeta«, ha añadido.
INCENTIVOS FISCALES NECESARIOS
Respecto a las bonificaciones fiscales, Paloma Sánchez Pello, directora de Competitividad y Sostenibilidad de FIAB, ha comentado que «es uno de los temas que hemos solicitado al Ministerio y hemos incorporado en nuestras alegaciones».
«Hay otros países de la UE que tienen recogidas medias fiscales, por ejemplo, que no tuviera IVA ayudaría a incentivar aun más este tipo de donaciones, con incentivos fiscales sería una ley mucho más completa«.
Sobre esto, Boubault ha explicado que Franca, país donde nació Phenix, «ofrece un 60 % de beneficio fiscal en la donación y aquí estamos hablando del 35% hasta el 40 %».
A su juicio, «se crea un nuevo mercado en la lucha contra el desperdicio al proponer un incentivo fiscal mayor porque incentivamos que las empresas donen, no hablo de donaciones planificadas. Cuando hablamos con cadenas de supermercados a veces hablan de que donan palets enteros del producto, pero lo que es interesante es que cada día salgan productos, no digo que sea fácil, pero hay soluciones si el marco es muy favorable».
Y es que, «muchas empresas donan y por no organizarse bien, desaprovechan la posibilidad de beneficiarse de un incentivo fiscal. Desde nuestra plataforma digitalizamos todo este proceso».
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