Será el próximo miércoles, 19 de enero, a las 12 horas en el Club Financiero Génova, en lo alto del Eurobuilding, número 14 de la calle del Marqués de la Ensenada. Con ocho invitados de alto nivel.
Todos representantes de los sectores desde los que tendrá que implementarse, cuando el Parlamento apruebe lo que hoy se conoce como Anteproyecto de Ley de Prevención de las Pérdidas y el Desperdicio Alimentario, que echó a rodar el Consejo de Ministros el pasado mes de octubre.
Los participantes son Ana Díaz Pérez, subdirectora general de Calidad y Sostenibilidad Alimentaria del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación; Jean-Baptiste Boubault, Country Manager en España de Phenix; María Martínez-Herrera, directora de Medioambiente de la Asociación Española de Distribuidores, Autoservicios y Supermercados (ASEDAS); y Clara Fuentes, responsable de asuntos públicos de la Asociación Marcas de Restauración.
También David Esteller, de la Asociación de Fabricantes y Distribuidores (AECOC), director de Foro Desperdicio Alimentario; Paloma Sánchez Pello, directora de competitividad y sostenibilidad de la Federación Española de Industrias de Alimentación y Bebidas (FIAB); y Adrián Martínez Bazaga, Food Market Leader España y Portugal, de Bureau Veritas; y Montse Cortiñas, vicesecretaria general de la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA).
Confilegal ha querido adelantarse y plantear este debate sobre «Los retos frente a la reducción del Desperdicio Alimentario en España», moderado por su director, Carlos Berbell.
El texto del Anteproyecto, que impulsa el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, estuvo sometido a consulta pública hasta el pasado 1 de diciembre. La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) hizo un informe, proponiendo mejoras.
VIENTOS DE EUROPA
No es algo que el Gobierno se haya sacado de la manga porque sí. Viene de Europa.
En 2017 el Europarlamento aprobó por unanimidad una resolución bautizada como “Iniciativa sobre el uso eficiente de los recursos: reducir el desperdicio alimentario y garantizar la seguridad alimentaria”, en la que se insistía tanto en el problema como en las soluciones, recordando la necesidad de tomar medidas urgentes, efectivas y coordinadas para reducirlo y fijar objetivos concretos.
En 2018 se revisó la Directiva Marco de Residuos que establece la obligación a los Estados de adoptar medidas para prevenir la generación de residuos, y en concreto, reducir los residuos alimentarios (a los que el desperdicio de alimentos contribuye en gran medida).
Además, las medidas de la Unión Europea se alinean con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas. Concretamente con el punto 12 de la Agenda 2030, que dispone como meta que para 2030 hay que “reducir a la mitad el desperdicio de alimentos por habitante correspondiente a los niveles de la venta al por menor y el consumidor y reducir la pérdida de alimentos a lo largo de las cadenas de producción y suministro”.
Y no es el único punto. Porque está estrechamente vinculado con el ODS 2 –»hambre cero–; el ODS 11 –»Ciudades y comunidades sostenibles»– y el ODS 13 –»Acciones para el clima»–.
REDUCIR EL DESECHO DE ALIMENTOS QUE NO CONSUMIMOS
El objetivo de la futura Ley de Desperdicio Alimentario, como ya se la conoce, busca producir una drástica reduccion del desecho de alimentos que no consumimos, que acaba en la basura, aprovechándolos de la mejor manera.
De acuerdo con el Gobierno, en 2020 los hogares españoles tiraron a la basura 1.364 millones de kilos/litros de alimentos, a una media de 31 kilos/litros por persona.
Los participantes en el debate sobre «Los retos frente a la reducción del Desperdicio Alimentario en España» van a dar sus respuestas a los problemas que presenta su implementación.
El Anteproyecto de Ley contempla la existencia de un plan estratégico de prevención y reducción de las pérdidas y desperdicio alimentario. Comprende la donación y otros tipos de redistribución para consumo humano, la transformación de los productos que no se han vendido, el destino de esos alimentos a alimentación animal y fabricación de piensos… ¿Quién va a elaborarlo?
También contempla la existencia de un plan nacional de control de las pérdidas y el desperdicio alimentario, que elaborará el Ministerio de Agricultura, cuatrienal, con los objetivos y prioridades de las tareas de control.
España está formada por 17 Comunidades Autónomas, con competencias claras en este sector. ¿Cómo se articulará?
En sus 15 artículos y 4 disposiciones finales, el Anteproyecto contempla las obligaciones a aplicar a las industrias alimentarias y al sector de la hostelería, cuyos representantes forman parte del foro de expertos.
¿De qué forma se van a hacer realidad los planes contra el despilfarro?
El Anteproyecto, al parecer, adolece de una memoria económica. ¿Es un problema?
¿Y bastará el régimen sancionador –multas de 6001 a 150.000 euros– a los incumplidores para poderse financiar?
Son preguntas que encontarán respuestas en este evento organizado por Confilegal.
