La Asociación Nacional de Inspectores de Hacienda Pública Local (ANIHPL) ha denunciado públicamente que la falta de control por parte de la Dirección General de Tráfico (DGT) a la hora de admitir cambios de domicilio del permiso de circulación ha favorecido la aparición “paraísos fiscales” en el Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica (IVTM), como técnicamente se conoce a este tributo.
Algo que, a su juicio, cuenta con la complicidad de muchos ayuntamientos teóricamente receptores de esos vehículos y el consentimiento de la DGT quien ha venido a lo largo de las dos últimas décadas admitiendo sin ninguna supervisión cambios de domicilio, simulados, de grandes flotas de vehículos.
ANIHPL señala que esta falta de control provoca la “deslocalización” ficticia de vehículos de compañías de renting hacia municipios con menor tributación donde abren presuntamente locales fantasma como ‘tapadera’.
En la actualidad, desde un punto de vista teórico, la diferencia que podría llegar a alcanzarse entre la tributación máxima y mínima del IVTM se aproxima al 700%, diferencia, que en caso de producirse, sería legal y legítima pues los ayuntamientos cuentan con cierto margen de autonomía de acuerdo con la normativa que regula el tributo.
Una autonomía que algunos ayuntamientos instrumentalizan a su favor no haciendo uso del coeficiente multiplicador que puede llegar a duplicar la cuota o aplicando bonificaciones, con criterios poco restrictivos, de hasta el 75% para atraer a esas grandes flotas y la existencia de esos «paraísos fiscales».
Esto explica que haya localidades con más de 100 coches por habitante, a pesar de que en la práctica no exista “ni rastro” de esos automóviles.
La Asociación de los Inspectores de la Hacienda local considera que este mal casi endémico puede tener su fin más cerca tras la reciente sentencia del pasado enero del Juzgado de lo Contencioso- Administrativo nº 10 de Barcelona.
El fallo respalda a la Inspección Tributaria del Ayuntamiento de Barcelona y desestima un recurso presentado por una compañía con una sucursal ficticia en la comarca del Bagés (Barcelona).
A raíz de la sentencia, varios ayuntamientos en España prevén iniciar actuaciones inspectoras en breve, regularizando el IVTM por los últimos cuatro años a las grandes flotas como si hubieran permanecido en su ciudad, cuando así haya ocurrido.
