El Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid (ICAM) ha inaugurado este martes el II Congreso de Derecho Tributario con un mensaje claro: reforzar el equilibrio entre la eficacia de la Administración tributaria y las garantías propias del Estado de Derecho.
En el acto de apertura, el secretario general de la Junta de Gobierno, José Ignacio Monedero, y el presidente de la Sección de Derecho Tributario, Gabriel Casado, han alertado sobre la creciente intensidad de las potestades administrativas en el ámbito fiscal y, por tanto, defendido la necesidad de preservar la seguridad jurídica como pilar del sistema.
Monedero ha subrayado que, aunque la lucha contra el fraude fiscal es un objetivo “legítimo y necesario”, no puede amparar interpretaciones expansivas ni prácticas que restrinjan derechos fundamentales.
En este sentido, ha revindicado un modelo de Agencia Tributaria “fuerte, pero garantista”, especialmente cuando se cumplen 35 años de su creación.
Asimismo, insistía en el acto en que el sistema tributario, como elemento estructural del Estado social y democrático de Derecho, debe operar bajo estándares estrictos de proporcionalidad, seguridad jurídica y respeto a los derechos fundamentales.
Uno de los ejes centrales del debate ha sido la protección del derecho de defensa y del secreto profesional en un contexto de creciente presión informativa por parte de la Administración.
Sobre ello, el ICAM ha advertido que la colaboración con los poderes públicos no puede comprometer el núcleo esencial de estos derechos ni el ejercicio independiente del asesoramiento jurídico.
Preocupación que se conecta con su reciente posicionamiento crítico sobre el criterio del Tribunal Económico-Administrativo Central en relación con los informes de due diligence, cuya consideración automática como información con trascendencia tributaria —según la corporación— puede generar inseguridad jurídica.
El ICAM y la estructura del poder Fiscal
Por su parte, Gabriel Casado ha reflexionado sobre la configuración estructural del poder fiscal, describiendo la Agencia Tributaria como una organización altamente especializada cuya estabilidad trasciende los ciclos políticos.
Un contexto en el que se plantea, según el experto, la necesidad de analizar los mecanismos de control de un poder administrativo que concentra funciones técnicas complejas y amplias potestades coercitivas.
Necesidad de un cambio de enfoque en la relación jurídico-tributaria, recordando que el contribuyente es, ante todo, un ciudadano titular de derechos fundamentales.
Casado también ha avisado del riesgo de incurrir en lo que denominó “celotismo fiscal”, esto es, un exceso de celo en la lucha contra el fraude que puede derivar en la erosión de las garantías del debido procedimiento.
En paralelo, destacaba que la antijuridicidad no es exclusiva de los contribuyentes, ya que la actuación administrativa también puede ser anulada cuando vulnera los límites legales, lo que obliga a reforzar la coherencia institucional y la asimilación de la jurisprudencia por parte de la Administración.
Una conferencia cuya inauguración corría a cargo de Dimitry Berberoff Ayuda, vicepresidente del Tribunal Supremo, quien incidía en la necesidad de interpretar el sistema tributario desde una perspectiva integrada y no meramente recaudatoria.
Mensaje en el que el magistrado avisaba de que un modelo percibido como injusto erosiona la confianza ciudadana y subrayó que la Administración debe evitar resultados manifiestamente injustos.
Asimismo, ha alertado sobre la elevada carga de asuntos tributarios en la Sala Tercera —en torno al 40 % de los recursos pendientes— y sobre los desafíos derivados del creciente peso del Derecho de la Unión Europea en el ámbito fiscal.
El congreso, que se celebra en el marco del 35º aniversario de la Agencia Tributaria, abordará durante dos jornadas los principales retos del sistema desde la perspectiva de la abogacía, con el objetivo de reforzar la previsibilidad, la seguridad jurídica y la confianza institucional.
