La Asociación Profesional Justicia para la Guardia Civil (JUCIL) mayoritaria en el Consejo de la Guardia Civil ha presentado hoy una recurso ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJCat) en el que solicita que la Administración Autonómica de Cataluña indemnice con 450 euros a los padres –policías o guardias civiles– de los niños que no han recibido el 25 % de las clases en castellano, tal como ordenaba la sentencia de ese órgano judicial del pasado mes de enero.
También se solicita la aplicación de responsabilidades directas para los directores de los centros educativos que, como han señalado algunos de ellos en declaraciones públicas, se nieguen a la aplicación de la sentencia firme del TSJCat.
“Dado el carácter contumaz y público de la voluntad incumplidora de la Administración que, incluso la anuncia en ruedas de prensa, entendemos que debe fijarse una indemnización por daño moral que, además de reparar el evidente daño moral producido a cualquier padre que debe tener escolarizados a sus hijos en un sistema educativo ilegal pese a haber una sentencia firme, incentive a la Administración al cumplimiento de la sentencia”, explicó la secretaria genreal de JUCIL en Cataluña, Milagros Cívico.
Por todos estos motivos se pide “que se condene a la Administración a abonar a cualquier miembro de la Guardia Civil o de la Policía Nacional que lo reclame 450 euros, o la cantidad que el tribunal estime conveniente, por cada trimestre en que no se aplique en la clase de sus hijos el fallo contenido en la sentencia dictada”, dice el texto del recurso.
JUCIL está legitimada para presentar el recurso
Esta Asociación considera que tiene legitimación activa para presentar el recurso porque “los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado tienen reconocido, al amparo de lo que dispone el artículo 68 de la Ley Orgánica de Igualdad, el derecho a la conciliación de la Vida Laboral y Familiar y por tanto, a educar a sus hijos en el lugar de destino, por lo que se trata de un derecho que puede ser defendido por JUCIL”, resaltó Cívico.
“Tenemos un interés directo en que se ejecute la sentencia, disponiendo de un derecho reconocido a que los hijos de cualquier guardia civil o policía nacional, o cualquier otro funcionario destinado en Cataluña estudien también en castellano y en cualquier centro o municipio donde estén destinados para evitar que se lesionen sus derechos de conciliación familiar”, añadió la representante de esta asociación.
En su recurso, JUCIL dice que se deben “adoptar las medidas necesarias a los efectos de garantizar que, en los sistemas comprendidos en el sistema educativo de Cataluña, todos los alumnos reciban de manera efectiva e inmediata la enseñanza vehicular normal de las dos lenguas oficiales en los porcentajes que se determinen, que no podrán ser inferiores al 25% en uno y otro caso”.
De acuerdo con JUCIL, la sentencia no se ha ejecutado en sus términos estrictos.
El recurso ha sido p rsentado en coordinación con las plataformas cívicas Hablamos Español y Convivencia Cívica Catalana.
Quieren que la sentencia tenga consecuencias inmediatas para todos los ciudadanos que en Cataluña desean que sus hijos sean educados en castellano al menos en un mínimo del 25% de las clases, tal y como exige el tribunal a través de su decisión sobre las dos lenguas vehiculares de la educación en esta comunidad autónoma, el catalán y el castellano.
“Han transcurrido sobradamente los plazos previstos y resulta notorio y evidente que la Administración autónoma no ha cumplido ni tiene intención de cumplir la sentencia, tal y como reiteradamente anuncian en los medios de comunicación sus representantes”, concluyó la secretaria general de JUCIL en Cataluña, Milagros Cívico.
