El consejo de los procuradores de Cataluña consideran que la propuesta contenida en el Proyecto de Real Decreto es a todas luces inadecuado con la realidad actual.
La procura catalana en contra del proyecto de Real Decreto que busca regular a la baja los aranceles de los procuradores
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01/4/2022 19:32
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Actualizado: 05/4/2022 12:36
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El Consell de Col·legis de Procuradors dels Tribunals de Catalunya (Consejo de Colegios de Procuradores de los Tribunales de Cataluña, la procura), como representante de los 9 Colegios de Procuradores de Cataluña, ha instado al Ministerio de Justicia a reformular la propuesta de regulación de aranceles de los procuradores de los tribunales, recogida en el Proyecto de Real Decreto por el que se modifica el Real Decreto 1373/2003, de 7 de noviembre.
El Consell catalán rechaza de pleno la propuesta presentada, que actualmente se encuentra en el trámite de audiencia y de información pública, porque no incluye ninguna reflexión sobre los efectos que puede tener el mantenimiento de una situación arancelaria enquistada y porque, de seguir adelante en las condiciones económicas propuestas, pone en duda la garantía de la prestación del servicio del procurador con una mínima calidad.
Para el Consell, la propuesta resulta a todas luces inadecuada a la realidad actual, tanto desde el punto de vista procesal como, sobre todo, desde el punto de vista del mercado de prestación de servicios que impone.
Cabe recordar que los aranceles actuales de los procuradores fueron aprobados en 2003 y se han mantenido desde entonces sin ninguna alteración.
Sin embargo, desde entonces el IPC ha aumentado un 40,8 %.
UN MERCADO SECUESTRADO
Para Ángel Quemada Cuatrecasas, presidente del Consell, «Los efectos de esa no actualización del arancel, sumados al establecimiento únicamente de un importe máximo, comportan una devaluación real de las cuantías y una desconsideración absoluta hacia la actividad de los procuradores»
«La propuesta del Real Decreto que se pretende aprobar es un híbrido entre la pretendida liberalización y el mantenimiento formal de la categoría de ‘arancel'», añade.
«En realidad supone el sometimiento a un mercado secuestrado, en el que se fija el precio por vía normativa estableciendo un máximo, pero a la vez se congela su contenido por debajo de ese máximo, de forma que se suprime toda virtualidad de competencia y de libre fijación de precios».
«Y se condena a los profesionales al cobro de unas cifras por sus servicios profesionales que no se adecuan a la realidad de los mismos, ni a su contenido y menos aún a sus costes, que devienen imposibles de cubrir. Con este sistema, la retribución de los servicios de los profesionales de la procura no resulta justa ni adecuada bajo ningún concepto”, precisa.
ES NECESARIA UNA NUEVA REGULACIÓN
Por todo ello, ante la falta de una auténtica regulación de aranceles, desde el Consell defienden que se apruebe una nueva regulación completa de los mismos. Para ello, el Ministerio tiene que reformularlos, tanto en lo que se refiere a sus rúbricas como en sus diversos conceptos, para que resulten adecuados a la realidad actual y lo sean con la debida consideración hacia los profesionales de la procura y los ciudadanos para que puedan recibir un adecuado servicio profesional.
El Consell de la procura catalana propone que los aranceles que se aprueben tengan una estructura diferentes. Indicando, de forma expresa, que los importes que resulten han de ser incluibles en las tasaciones de costas cuando resulten de actuaciones obligatorias por razón de la aplicación de la ley.
Termina su comunicación renovando su compromiso con el servicio público Justicia y se ponen a disposición del Consejo General del Poder Judicial, del Ministerio de Justicia, del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña y del Departmento (Consejería) de Justicia para abordar los cambios que necesita la justicia.
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