El magistrado de la Audiencia Nacional (AN) Santiago Pedraz, instructor del caso Mercasa, ha abierto juicio oral a 18 personas físicas y cuatro mercantiles por presuntas irregularidades en los contratos suscritos entre 2006 y 2016 para la construcción de un mercado mayorista en Luanda (Angola), mediante el pago de comisiones a autoridades y funcionarios públicos de aquel país.
Una vez presentados los escritos de acusación de la Fiscalía Anticorrupción, la Abogacía del Estado y de Mercasa, que ostenta la doble condición de acusación y acusada, el juez sienta en el banquillo a directivos como María Jesús Prieto Jiménez, los hermanos Francisco Javier y Jose Manuel Pardo de Santayana o el empresario José Herrero de Egaña.
También envía a juicio a las mercantiles Mercasa, el Consorcio Mercasa Incatema Consulting (CMIC), a Incatema Consulting & Engineering y Tuy Cincuenta.
Pedraz, magistrado-juez del Juzgado Central de Instrucción Número 5 de la AN, abre juicio oral por hechos que las acusaciones han tipificado como delitos de corrupción en las transacciones económicas internacionales, malversación de caudales públicos, blanqueo de capitales, delito continuado de falsedad documental, delito de organización criminal o subsidiariamente asociación ilícita.
Ha impuesto el pago de fianzas de 22.206.894 euros para asegurar las responsabilidades pecuniarias que en su caso se pudieran imponer.
En esta pieza se han investigado los contratos obtenidos en Angola por el consorcio de empresas CMIC con la entidad Presild Nova Rede (Programa de Reestructuración Logístico de Distribución) del Ministerio de Comercio de aquel país, para construir un mercado mayorista en la capital de Angola.
El anterior titular del Juzgado, José de la Mata, quien abandonó la AN a finales de 2020 al ser nombrado representante de España en Eurojust, detalló en el auto en el que puso fin a esta investigación la participación del comisionista prófugo de la justicia, Oliveira Taveria Pinto y varias sociedades y otras personas que, según el juez, se pudieron embolsar 20 millones de euros con la cobertura de supuestos contratos de agencia y servicios inexistentes.
De la Mata detallaba en el auto de pase a procedimiento abreviado el modus operandi presuntamente utilizado por los investigados en los contratos en Angola. Según expuso, consistía en concertarse para la consecución, mantenimiento y modificación de contratos públicos mediante el pago de comisiones a autoridades y funcionarios públicos de aquel país.
El juez señaló que para canalizar esos pagos o sobornos a autoridades y funcionarios públicos, se concertaron acuerdos de consultoría y agencia con distintas personas físicas, a quienes pagaban una comisión consistente en un porcentaje de la suma del contrato público conseguido.
De la Mata explicaba que esas dádivas eran detraídas de los montos de los contratos, simulando la existencia de contratos de representación y/ o servicios inexistentes con comisionistas, intermediarios o con algunas de las mismas sociedades involucradas. Indicó que todos los contratos investigados eran instrumentales, sin contenido real alguno, puesto que su única finalidad era, según la investigación judicial, la de dar cobertura jurídica al pago de comisiones destinadas tanto al propio intermediario como a las autoridades y funcionarios públicos investigados.
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