La Comisión penal de Juezas y Jueces para la Democracia (JJpD) concluye que tras 40 años de vigencia de la Ley Orgánica General Penitenciaria (LOGP) y de funcionamiento de la Jurisdicción de Vigilancia Penitenciaria «no se ha atenuado suficientemente» el nivel de «opacidad» de los centros penitenciarios, sobre todo en determinadas actuaciones relacionadas con el régimen disciplinario.
Se pronuncia así tras analizar el contenido de la jurisprudencia constitucional sobre el deber judicial de investigar las denuncias de torturas y malos tratos en espacios de privación de libertad, así como los Informes anuales del Mecanismo para la Prevención de la Tortura (Defensor del Pueblo) y el Informe del Comité Europeo de Prevención de la Tortura de 2020.
JJpD señala que en esta conclusión adquiere una dimensión especial la constatación de que la Jurisdicción de Vigilancia Penitenciaria presenta un «déficit muy relevante» en relación a su función de “corregir los abusos y desviaciones que en el ejercicio del régimen penitenciario puedan producirse” (artículo 76 de la LOGP)».
«Por ello, dichos informes y recomendaciones compelen a los poderes públicos y, entre ellos, a quienes ejercemos la jurisdicción, a adoptar las medidas oportunas para mejorar la respuesta judicial en este sentido, cumpliendo las funciones encomendadas como garantes de los derechos fundamentales de la población penitenciaria», señala.
Igualmente, JJpD muestra su preocupación sobre el perfil de las personas privadas de libertad, «en su mayoría procedentes de entornos de pobreza y exclusión social, el 80% con problemas de drogodependencias y casi la mitad con alguna enfermedad mental. Como medida urgente e inaplazable, insta al Gobierno central y a las Comunidades Autónomas a en primer lugar, que «pongan fin al flagrante incumplimiento de la Ley 16/2003, de 28 de mayo, de cohesión y calidad del Sistema Nacional de Salud, de manera que los servicios públicos de sanidad asuman, de una vez por todas, la prestación sanitaria integral de las personas presas, cuya salud, en estos momentos, recibe una atención segregada, deficitaria y en condiciones de desigualdad respecto al resto de la población».
En segundo lugar, les reclaman que «impulsen de manera decidida una modernización del sistema de respuestas penales que cuente con otras alternativas a la pena de prisión, como la ‘probation‘ y la Justicia Restaurativa, de manera similar a la mayoría de los países de nuestro entorno cultural».
