Sobre estas líneas, Josep González i Cambray, el consejero de Justicia del gobierno autonómico catalán, al que ha dirigido su auto el TSJCat. Foto: Govern.
El TSJCat da 15 días al consejero de Educación para cumplir la sentencia que obliga a 25 % de horas lectivas en castellano
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09/5/2022 18:36
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Actualizado: 10/5/2022 00:46
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El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ha exigido a la Consejería de Educación del gobierno autonómico catalán, de la que es su máximo responsable es Josep González i Cambray, para que en el plazo máximo de 15 días dicte las instrucciones a todos los centros educativos de esa Comunidad Autónoma para que cumplan la sentencia que obliga a impartir al menos un 25% de horas lectivas en castellano. Y que verifique que se cumple.
En un auto, la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJCat, compuesta por los magistrados Javier Aguayo Mejía, como presdiente, María Fernanda Navarro de Zuloaga, Francisco Sospedra Navas, Eduardo Paricio Rallo y Manuel Santos Morales, como ponente, también requiere a la Alta Inspección Educativa para que verifique que están cumpliendo la orden impartida y para que informe al tribunal sobre ello.
La decisión del TSJCat es la consecuencia directa del recurso interpuesto por la Asamblea por una Escuela Bilingüe (AEB), a la que este órgano judicial reconoció su legitimación, para que se cumpla la sentencia de 16 de diciembre de 2020 de ese mismo órgano judicial, que fue recurrida por la Generalitat de Cataluña y desestimada por el Tribunal Supremo, con lo que se convirtió en firme.
El 25 de marzo pasado, la representación legal de la Generalitat presentó un escrito del consejero de Educación en el que se especificaban las distintas iniciativas en aplicación de la sentencia.
Cinco días más tarde, el 30 de marzo, la AEB presentó un escrito solicitando la ejecución forzosa de dicha sentencia.
Dos de los cinco jueces que firman el auto han añadido un voto particular en el que discrepan de que pueda darse legitimidad a padres o alumnos individuales.
El tribunal, por otro lado, ha rechazado una petición de Vox, que también pidió forzar la ejecución de la sentencia, porque no cree que como partido puedan considerarse parte afectada en la causa.
El gobierno de la Generalitat ha anunciado que recurrirá este auto.
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