Ante la polémica actualidad que se ha producido en la esfera política debido al ‘caso Koldo‘ y la implicación de Santos Cerdán, Más Madrid, en unión a Sumar, ha registrado una proposición de Ley en el Congreso de los Diputados que «pone el foco en las empresas corruptoras». Una normativa que propone introducir en el Código Penal unas medidas cautelares que, sin embargo, ya existen.
Las aparentes «mordidas» de Ábalos, Cerdán y Koldo en obra pública se han convertido en una losa política sobre el Gobierno nacional. También sobre el PSOE.
Una realidad ante la que Más Madrid ha reaccionado. Ello, presentando una propuesta de Ley para reformar el Código Penal, y evitar así que las empresas relacionadas con la corrupción «queden, una vez más, impunes».
«Con esta ley lo que queremos es posibilitar que, dentro de un procedimiento judicial, se puedan tomar medidas cautelares frente a personas jurídicas, frente a empresas, por parte del juez instructor. Sin necesidad de esperar a la sentencia, que puede tomar años en llegar», explicaba Tesh Sidi, portavoz de Más Madrid.
Así pues, «de la misma forma que es comprensible que a un delincuente se le pueda meter en prisión provisional para evitar que vuelva a delinquir, queremos hacer lo mismo con las empresas. Empresas que estén siendo investigadas por corrupción», asegura.
Reforma del artículo 33 del Código Penal que incluya medidas cautelares para evitar que las empresas puedan acceder a «subvenciones, ayudas públicas o contratar con el servicio público» en casos de corrupción. Una medida que, sin embargo, ya existe.
Una reforma del Código Penal de Más Madrid que ya existe
Anuncio de Más Madrid que, sin embargo, parece pesar sobre la formación de Mónica García. Y es que la proposición de Ley anunciada por Tesh Sidi supone la inclusión de unas medidas cautelares que ya existen.
En concreto, en el artículo 33.7 del Código Penal. Apartado que establece, desde 2010, que las penas aplicables a las personas jurídicas incluyen «la inhabilitación para obtener subvenciones y ayudas públicas. Para contratar con el sector público. Y para gozar de beneficios e incentivos fiscales o de la Seguridad Social».
Un artículo en el que se establecen otras medidas y penas contra las personas jurídicas afectadas por casos como la corrupción. Y en el que se estipula que el juez instructor también podrá aplicarlas «como medida cautelar durante la instrucción de la causa».
