La Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha decidido este martes por unanimidad archivar cuatro diligencias informativas abiertas tras quejas de particulares contra el juez del ‘caso Begoña Gómez’, Juan Carlos Peinado.
El titular del Juzgado de Instrucción nº 41 de Madrid, que ha estado en el foco mediático por causas de gran calado político, recibe así un espaldarazo institucional ante una batería de quejas que el Promotor de la Acción Disciplinaria, Ricardo Conde, ha considerado infundadas o ajenas a la competencia del Consejo.
Si bien ha acordado seguir investigando dos presentadas por el ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños.
El blindaje de la función jurisdiccional
El grueso de las decisiones del CGPJ se basa en una línea roja infranqueable: el Consejo no puede, bajo ningún concepto, corregir o valorar el fondo de las decisiones de un juez. Bajo esta premisa, se ha archivado la queja de un ciudadano que cuestionaba la instrucción de la causa que afecta a la esposa del presidente del Gobierno.
El Promotor ha sido tajante: las discrepancias con el Ministerio Fiscal o la citación de testigos del entorno político deben canalizarse a través de recursos procesales, no mediante la vía disciplinaria, ya que lo contrario supondría una «injerencia» prohibida en la independencia judicial.
En la misma línea, se ha rechazado un escrito anónimo que reprochaba al magistrado el uso de horarios «poco habituales», como sábados o domingos en funciones de guardia, para citar a investigados. El CGPJ recuerda que, por norma general, las denuncias anónimas no tienen recorrido legal a menos que presenten hechos de extrema gravedad, algo que no ocurre en este caso, donde solo se manifestaba disconformidad con criterios organizativos del juez.
Vida privada y denuncias «fantasma»
Otro de los frentes cerrados afectaba a la esfera personal de Peinado. Dos particulares intentaron elevar a infracción de la Ética Judicial unas supuestas irregularidades en una parcela propiedad del magistrado, basándose en informaciones periodísticas. Sin embargo, el archivo confirma que estos hechos pertenecen estrictamente al ámbito privado y no guardan relación alguna con su labor en el juzgado. Además, el Consejo subraya que el código ético no tiene naturaleza punitiva ni consecuencias disciplinarias.
Finalmente, una cuarta diligencia sobre una supuesta «apariencia de parcialidad» decayó por falta de ratificación. El denunciante, tras ser contactado telefónicamente por el Promotor al no responder a los requerimientos de identidad, manifestó su deseo de desistir de la petición.
Los frentes que siguen abiertos: Bolaños y Más Madrid
A pesar del alivio que suponen estos archivos, el horizonte judicial de Peinado no está completamente despejado. La Comisión Permanente ha decidido, también por unanimidad, devolver al Promotor de la Acción Disciplinaria las diligencias iniciadas tras las quejas del ministro de Justicia, Félix Bolaños.
El ministro calificó de «absolutamente anómalas» las circunstancias en las que se produjo su declaración como testigo en un procedimiento. Ahora, el Consejo exige que estas diligencias se completen antes de tomar una decisión definitiva.
Por último, el caso de la supuesta prórroga fuera de plazo de una instrucción —denunciada por Más Madrid y el diputado socialista Guillermo Hita— ha quedado en suspenso. La Comisión ha optado por retirarla del orden del día para someterla a un «mayor estudio» tras la deliberación de hoy, lo que deja en el aire si este será el próximo frente en cerrarse o si, por el contrario, dará pie a un expediente formal
