Macarena Olona, secretaria general de Vox en el Congreso, es la que suscribe la enmienda.
Vox presenta una enmienda a la totalidad contra la Ley de Eficiencia Procesal: la mediación aumenta la burocracia
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15/5/2022 06:48
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Actualizado: 14/5/2022 22:40
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En su escrito Vox entiende que imponer un intento previo de solución extrajudicial como la mediación aumentará las formalidades, los costes y la burocracia de los tribunales y, con ello, las dilaciones y la incertidumbre, antes de rechazar el concepto de «abuso» de la justicia pública.
De ahí que haya presentado una enmienda a la totalidad para que sea devuelto al Gobierno el texto del Proyecto de Ley de Eficiencia Procesal propuesto por el Ministerio de Justicia. Lo considera «deficiente».
La enmienda está firmada por Macarena Olona, secretaria general de Vox en el Congreso.
Para el partido de Santiago Abascal, el motivo principal para enmendar el proyecto es «la deficiente reforma de la mediación» y que, al amparado de ésta, se alteran normas en los órdenes civil, penal, contencioso-administrativo y social «en infinidad de materias, incluida la de recursos extraordinarios como la casación».
Olona duda en la enmienda de que la reforma vaya «a hacer actual la potencialidad augurada a la mediación», entendida como un «instrumento para impulsar la participación» de los ciudadanos en el sistema judicial, «lo que no responde a ninguna verdad conocida».
A juicio de Vox, «no se acaba de entender qué innovación pueda representar la existencia de una negociación previa a un litigio», puesto que «ya sucede probablemente en la casi totalidad de las controversias que devienen contenciosas», señalan en el escrito. Tampoco comprenden por qué tendrían que participar abogados.
Este partido ve una «desorientación» en el proyecto planteado por el Gobierno, ya que considera «ininteligible» apelar a la participación ciudadana y a la democracia como fundamentos de la mediación.
«Se trata de una innovación retórica y demagógica, que muestra el desenfoque de la presente iniciativa legislativa», apostillan.
Además, Vox cree que en el Proyecto de Ley de Eficiencia Procesal «parece subyacer una idea extraña» que, según Vox, atribuir a la sociedad una predisposición a litigar «que merecería ser reprimida».
En este sentido destacan que, por el contrario, «lo cierto» es que una persona acude a los tribunales cuando le ha sido imposible alcanzar una solución extrajudicial.
OBSESIÓN POR LA DIGITALIZACIÓN DE LA JUSTICIA
Olona también apunta en la enmienda a que la «obsesión por la digitalización» de la justicia es «impracticable u onerosa» para muchos ciudadanos, pues su puesta en marcha necesita de unos medios materiales «hoy inexistentes» en España.
«El planteamiento del Gobierno no es más que una promesa vacía de contenido», opina.
«Probablemente, el propósito del Gobierno sea el intento de lograr un éxito político por haber abordado, aunque solo sea aparentemente, las reformas procesales en su conjunto antes de que concluya la legislatura en curso, mas sin consecuencias prácticas en beneficio de los justiciables», concluye el partido en su escrito.
Y critica Olona que durante décadas en España la respuesta más usada ante el «mal funcionamiento» de la Administración judicial ha sido implantar «sucesivas reformas procesales» como si fueran «una suerte de bálsamo de Fierabrás que curaría todas sus dolencias».
El Consejo de Ministros aprobó el 12 de abril el Proyecto de Ley de Eficiencia Organizativa y el Proyecto de Ley de Eficiencia Procesal que, según la ministra de Justicia, Pilar Llop, suponen un impulso a los pilares del plan Justicia 2030 y constituyen un paso firme hacia un modelo «más eficiente, ágil y sostenible».
«Hoy tengo el gran honor de presentar ante ustedes este paquete de medidas», dijo la ministra al destacar que ambos proyectos tendrán un «impacto directo» en la conexión de la ciudadanía con la justicia.
«Todos vamos a poder percibir estos cambios», señaló.
En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, Llop explicó que la nueva Ley de Eficiencia Procesal introduce «el paradigma de la adecuación, de la eficiencia y la sostenibilidad del sistema» para que la justicia funcione «como un motor de cohesión social». A su juicio, esta norma «contribuye a la calidad democrática y a aportar las soluciones más ajustadas y flexibles».
EVITAR SOBRECARGA EN LOS JUZGADOS
Según Llop, con la Ley de Eficiencia Procesal se pretende agilizar la actividad en términos estructurales, facilitar la cohesión social y contribuir a un sistema de Justicia más sostenible.
Para ello se apuesta por los medios adecuados de solución de controversias (MASC) y reforma las leyes procesales. Desde el Ministerio confían en que estos medios de solución reducirán la litigiosidad y la sobrecarga de los tribunales.
La norma establece un requisito de procedibilidad en los procedimientos civiles y mercantiles. En este sentido, se exige haber intentado una solución consensuada antes de interponer una demanda.
Las partes podrán cumplir dicho requisito mediante la negociación directa, la opinión de un experto independiente, la conciliación, la mediación o una oferta vinculante confidencial.
También contempla la figura de los servicios de medios adecuados de resolución de conflictos para informar a la ciudadanía y operadores jurídicos sobre su naturaleza, contenido, efectos de su utilización y recursos existentes, así como auxiliar a los diferentes órganos judiciales respecto a la conveniencia de la derivación de un determinado caso a una actividad negociadora.
Llop resaltó que estos medios de solución de controversia van a permitir «garantizar mejor los derechos de la ciudadanía por vías menos costosas y que llevan menos tiempo».
«Se trata de un cambio de la cultura del litigio hacia la cultura del acuerdo», aseguró.
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