La diputada y secretaria del Grupo Parlamentario VOX, Macarena Olona, afirma que «es mentira que el Procedimiento de Actuación contra la Desinformación del Gobierno sea una obligación impuesta por la Unión Europea».
«Lo que aprobó Bruselas es una recomendación que, como bien se sabe, no es una normativa obligatoria en el sentido de que no es una Directiva que se tiene que transponer a nuestra legislación en el plazo de dos años», explica.
«Es una simple recomendación para combatir la desinformación, que no las ‘fake news’, que es lo que ha metido de rondón el Gobierno. Bruselas deja muy claro que una cosa es la desinformación y que otra cosa son las ‘fake news’ o las informaciones erróneas«, añade.
El objetivo del Gobierno, a juicio de Olona, es «controlar la opinión pública, controlar los medios de comunicación a través del Ministerio de la Verdad. Lo que hace es meter en el mismo saco desinformaciones, que son todas esas informaciones que, de manera intencionada, se colocan para intentar dominar a la opinión pública, las informaciones intencionadamente incorrectas y las ‘fake news'», subraya.
Para la diputada de VOX, la mera existencia del Procedimiento de Actuación contra la Desinformación supone una vulneración del artículo 20 de la Constitución, que protege el derecho a la información y la libertad de expresión.
VOX, como Confilegal, ha interpuesto ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo un recurso contra la Orden PCM, 1030/2020, de 30 de octubre, publicada en el Boletín Oficial del Estado de 5 de noviembre pasado, que daba carta de naturaleza al Procedimiento de Actuación contra la Desinformación aprobado por la Comisión Delegada del Gobierno de Seguridad Nacional.
En su recurso, VOX afirmaba que el referido Procedimiento impide «que los ciudadanos puedan acceder a una información libre, independiente, plural y contrastada que les permita conocerlas».
