Plantea imponer la pena de prisión de uno a tres años y multa de 12 a 24 meses a quien, con ánimo de lucro, promueva, favorezca o facilite la prostitución de otra persona. Foto: EP
El Congreso da luz verde a la Proposición de Ley Orgánica del PSOE para prohibir el proxenetismo
El PSOE destaca que esta Proposición de Ley "no busca castigar a las mujeres en situación de prostitución, sino que se las equipara con las personas víctimas de un delito" y se les ofrecerá una atención integral
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08/6/2022 12:42
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Actualizado: 08/6/2022 12:52
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El Pleno del Congreso de los Diputados ha aprobado tomar en consideración la Proposición de Ley Orgánica del PSOE por la que se modifica el Código Penal para «prohibir el proxenetismo en todas sus formas».
La iniciativa superó ayer el primer examen parlamentario con 232 votos a favor, 38 en contra y 69 abstenciones. PP y Podemos han votado a favor, mientras que VOX se ha abstenido.
Según explica el Grupo Socialista, esta iniciativa legislativa busca, mediante la modificación del Código Penal, «articular la necesaria respuesta penal, optando por castigar el proxenetismo de manera general». En su exposición de motivos, señala que «al requerir el texto actual que el favorecimiento de la prostitución se realice con ánimo de lucro, se dejan fuera del tipo conductas de mera recepción de dinero proveniente de la persona prostituida (por ejemplo, personas familiares) y otras conductas que pueden considerarse neutrales o inocuas».
Con este objetivo, añade un artículo diferenciado del Código Penal, el 187 bis, para configurar una modalidad agravada del delito de proxenetismo en el caso en el que «con ánimo de lucro y de manera habitual, se destine un inmueble, local o establecimiento abierto o no al público, o cualquier otro espacio, a promover, favorecer o facilitar la prostitución de otra persona, aún con su consentimiento».
Además, el PSOE señala que «las personas que recurren a las mujeres en situación de prostitución participan directamente del entramado que sostiene esta grave vulneración de los derechos humanos», por lo que busca «el reproche penal de este tipo de conductas». Para ello, añade el artículo 187 ter. que reconoce que «el hecho de convenir la práctica de actos de naturaleza sexual a cambio de dinero u otro tipo de prestación de contenido económico, será castigado».
El PSOE destaca que las personas que recurren a las mujeres en situación de prostitución participan directamente del entramado que sostiene esta grave vulneración de los Derechos Humanos, y la iniciativa contempla una multa de 12 a 24 meses para estas personas.
También se castigará la tercería locativa, es decir, el lucro de quien proporciona un lugar en el que la persona prostituida realiza su actividad sexual. Será una modalidad agravada del delito de proxenetismo.
Se impondrá la pena de prisión de uno a tres años y multa de 12 a 24 meses a quien, con ánimo de lucro, promueva, favorezca o facilite la prostitución de otra persona.
RECONOCIMIENTO DE CONDICIÓN DE VÍCTIMA
Por otro lado, considera preciso «equiparar a la persona prostituida con la víctima de un delito», por lo que establece que en ningún caso será sancionada la persona que esté en situación de prostitución como consecuencia de las conductas previstas en la norma.
El texto reconoce la condición de víctimas a las personas que estén en situación de prostitución y establece que estas personas gozarán de los derechos de asistencia integral que se reconozcan en la legislación sobre libertad sexual, así como los recogidos en la Ley del Estatuto de la Victima del Delito.
Ahora, el texto será remitido a la comisión competente y se abrirá el plazo de presentación de enmiendas, que podrán ser a la totalidad de texto alternativo o al articulado. En caso de presentarse enmiendas a la totalidad, el texto deberá superar el debate de totalidad ante el Pleno. Posteriormente, la iniciativa continuará su tramitación en ponencia y comisión.
Ha sido la vicesecretaria general de los socialistas, Adriana Lastra, quien ha defendido esta iniciativa que busca que las mujeres «sean las únicas dueñas de su propia vida» y que la explotación de las mujeres no tenga espacio en la sociedad. «En democracia, las mujeres ni se compran ni se venden», ha sentenciado Lastra, y ha destacado que la explotación sexual supone «un negocio de miles de millones en el país».
Lastra también ha dejado claro que quien diga que esta ley va en contra de las mujeres prostituidas, miente. «Nuestro objetivo es perseguir a los proxenetas», sostiene.
Aquí, una muestra de su exposición de motivos:
EL DEBATE
La portavoz de Igualdad del PP, Marta González, cree que desde la reforma del Código Penal de 1995, que eliminó la tercería locativa, se ha vivido una «normalización» de esta práctica hasta llegar a «un nivel de indiferencia y tolerancia inaudito» hacia una actividad que, según ha señalado, «esconde los rasgos más crueles de discriminación y violencia». «La prostitución no puede ser considerada un trabajo porque no es comparable a ninguna actividad laboral», ha sentenciado.
Desde Podemos, la diputada Sofía Castañón, ha explicado que en su partido están convencidos de la necesidad de un acuerdo en materia de explotación sexual, y ha señalado que «es importante definir rigurosamente el delito de proxenetismo para que ese delito no ponga en una situación aún de más vulnerabilidad a las víctimas de explotación sexual o trata con fines de explotación sexual».
Los representantes de En Comú Podem, a excepción del diputado Ismael Cortés, han votado no a la tramitación de esta iniciativa al entender que la solución a este fenómeno no es una perspectiva «punitivista».
La portavoz de ERC en materia de Igualdad, Pilar Vallugera, también ha asegurado que la iniciativa tiene «prohibicionismo y punitivismo como el de toda la vida» y ha reprochado al principal partido en el Gobierno que no aproveche la mayoría actual para reformar la Ley de Extranjería y evitar que las mujeres en situación irregular se vean abocadas a ser explotadas.
Por su parte, el portavoz de Igualdad de PNV, Joseba Agirretxea, ha lamentado que los socialistas planteen esta propuesta de ley de esta manera. En este sentido, le ha recordado que están en el Ejecutivo y que «tienen en su mano el Ministerio de Justicia y de Interior» con los que podrían haber redactado una norma con «garantías, informes y avales y no deprisa y corriendo».
Lamenta que la iniciativa del PSOE para abolir la prostitución «únicamente contemple la modificación del Código Penal». ¿Dónde están las medidas de acompañamiento?”, plantea.
Desde Ciudadanos, la representante de Igualdad, Sara Giménez, afirma que esta propuesta de ley es «un parche legislativo para criminalizar la prostitución». Giménez ha hecho hincapié en que es imprescindible diferenciar entre explotación sexual y el ejercicio libre de la prostitución, y ha aseverado que una regulación liberal, con garantías para las trabajadores sexuales, es «la mejor opción para luchar contra la trata y ampliar esferas de libertad».
VOX, por su parte, ha lamentado que esta iniciativa no traiga alternativa, medios y recursos para las mujeres que están en contexto de prostitución. Su portavoz en el debate, María de la Cabeza Ruiz, ha señalado que esta propuesta que «falla clamorosamente en el endurecimiento de las penas» y «sigue protegiendo en exceso la delincuencia», quedándose en superficialidad del problema».
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