El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y el Ministerio de Justicia han acordado la prórroga por cuatro meses, hasta el próximo 31 de octubre, de un centenar de planes de refuerzo de Juzgados y Tribunales que vencían el próximo 30 de junio.
El acuerdo se adoptó en una reunión extraordinaria mantenida ayer, en la sede del órgano de gobierno de los jueces, a instancias del Consejo por la Comisión Mixta Ministerio de Justicia-CGPJ.
A la reunión asistieron los vocales del Consejo Rafael Mozo, Juan Martínez Moya y José Antonio Ballestero y la jefa del Servicio de Inspección, Amparo Camazón, y por parte del Ministerio el secretario de Estado de Justicia, Antonio Julián Rodríguez, el secretario general para Innovación y Calidad del Servicio Público de Justicia, Manuel Olmedo; la directora general para el Servicio Público de Justicia, María del Àngels García Vidal; y la asesora del Ministerio para asuntos de Discapacidad, Pilar Rasillo.
Los vocales del CGPJ expusieron que la inmensa mayoría de los planes de refuerzo, que cuentan con el informe técnico favorable de la Inspección, tienen carácter estructural.
Ante la inminencia de la fecha de vencimiento de esas medidas, el próximo 30 de junio, y con la finalidad de evitar que queden sin efecto planes de refuerzo que vienen funcionando satisfactoriamente desde haces meses, el CGPJ propuso al Ministerio la prórroga hasta el 31 de octubre de 2022 de los actualmente vigentes -con la excepción de algunas medidas de auto refuerzo- y aplazar la entrada en vigor de planes nuevos.
El Consejo valorará en los próximos meses qué planes de refuerzo deben seguir vigentes más allá del 31 de octubre. El Ministerio de Justicia señaló que de acordarse su continuidad, sería con cargo al presupuesto de 2023.
En cuanto a las medidas denegadas a fecha de hoy, el CGPJ planteará la reconsideración de las que se estimen prioritarias.
Justicia ha señalado en un comunicado que hasta ahora, el Departamento que dirige Pilar Llop ha adoptado todas las decisiones relacionadas con las medidas que afectan a los órganos judiciales de manera conjunta y en cogobernanza con el CGPJ, y que en lo sucesivo, establecerán un protocolo para mantener reuniones semestrales en las que analizar conjuntamente los efectos de las medidas adoptadas y decidir los próximos pasos a dar para el mejor funcionamiento de los órganos judiciales.
Además, el Ministerio ha informado que ha aprobado «una nueva inversión de dos millones de euros con este mismo objetivo, por lo que, en total, en lo que va de año, habrá destinado 12,5 millones de euros para paliar las necesidades de la judicatura derivadas del aumento de la litigiosidad». Según indica, esa cantidad supone casi un 15% más de la inversión realizada en 2021 (10.893.475 euros) y casi un 276% más que la de 2015 (3.327.592 euros).
Justicia subraya que las medidas contemplan «un refuerzo extraordinario» para el Tribunal Supremo (TS), «consistente en el nombramiento de un total de 20 letrados con el fin de apoyar en las tareas de admisión e inadmisión, incidentes de nulidad y quejas, entre otros asuntos», y apunta que las medidas «beneficiarán a los órganos judiciales de todas las comunidades autónomas, además de a los órganos centrales».
