El titular del Juzgado de Instrucción Número 42 de Madrid ha citado a declarar el próximo 21 de julio como investigada a la extrabajadora de prensa de Podemos Gara Santana para esclarecer si –como señaló una exempleada de logística del partido en sede judicial– hizo de cuidadora de los hijos de Irene Montero en 2019, antes de que esta fuese ministra de Igualdad.
En una providencia, el juez Juan José Escalonilla ha emplazado a la Fiscalía y al resto de acusaciones para que participen en el interrogatorio que tiene previsto celebrarse a las 11.30 horas.
La citación tiene lugar después de que el pasado mayo el magistrado instructor suspendiera la declaración toda vez que no había sido posible trasladar al Ministerio Público la copia de la grabación de la testigo.
De momento, no ha fijado nueva fecha para llevar a cabo el interrogatorio.
El titular del Juzgado acordó investigar a Santana por un presunto delito de malversación tras estimar la petición realizada por las acusaciones populares, ejercidas por Vox y ProLege, y requerir a Podemos que identificara a la persona a la que la exescolta se refirió como «Gara», quien habría trabajado en 2018 con el equipo de prensa de Montero.
En aquel momento, el magistrado no puso fecha a la declaración y precisó que, según lo que respondiera Podemos sobre si cobró del partido o del Congreso, le llamaría a comparecer en calidad de testigo o de investigada.
Finalmente, en una providencia de 8 de abril, el juez acordó citarle como investigada.
LA DECLARACIÓN QUE SEÑALA A SANTANA
Vox y Prolege pidieron su declaración en sendos escritos después de que una exescolta de Montero asegurara en sede judicial como testigo que Santana hizo labores de cuidadora de los menores.
Se trataría de la segunda empleada de la formación a la que se vincula con este tipo de trabajos, dado que la ex responsable de Cumplimiento Normativo de Podemos Mónica Carmona denunció ya que Teresa Arévalo –exjefa de gabinete de Montero investigada en la causa– hacía de «cuidadora» de uno de los menores.
La exescolta declaró el pasado 22 de marzo en el primer interrogatorio que se celebra en esta pieza separada desde que la Audiencia Provincial de Madrid ordenara al juez retomar el procedimiento que había derivado a otro juzgado. Ante lo desvelado, las acusaciones ejercidas por Vox y ProLege remitieron escritos al juzgado para reclamar su comparecencia.
Además, la formación liderada por Santiago Abascal pidió que se requiera a la exescolta una copia de los chats de Telegram en los que recibía instrucciones, relativas al encargo de recoger a la extrabajadora de prensa.
LA DENUNCIA ORIGINAL
Esta nueva diligencia se enmarca en el procedimiento que surgió de la denuncia de Carmona en la que se sostenía que Irene Montero usaba a «una persona a sueldo del partido», en referencia a Teresa Arévalo, «como cuidadora de sus hijos».
El pasado 27 de julio, sin embargo, Carmona aseguró en sede judicial que no podía aportar pruebas a la causa porque al ser cesada de su cargo dentro del partido no pudo seguir investigando los hechos.
En esta pieza separada, el juez intenta determinar si hubo delito alguno en el viaje que hicieron a Alicante el 20 de octubre de 2019 la entonces candidata Irene Montero, su hija menor, su entonces jefa de gabinete Teresa Arévalo y el resto del equipo electoral.
En concreto, se investiga el pago de dos billetes de tren por parte de Unidas Podemos a la menor y a Arévalo, quien figura como investigada en la causa junto a la gerente del partido –Rocío Esther Val– y al tesorero de la formación –Daniel de Frutos–.
Todos declararon ante el titular del Juzgado de Instrucción Número 46 de Madrid, José María Escribano.
Val y De Frutos ratificaron que Arévalo no ejercía de niñera de los hijos de Montero, recalcando que era una responsable política de la formación ‘morada’ que en esa época cobraba del grupo parlamentario, no del partido, y que el gasto electoral del viaje a Alicante fue avalado en su momento por el Tribunal de Cuentas.
