Plus Ultra recurre en la Audiencia Provincial de Madrid su imputación por el rescate público de 53 millones
Plus Ultra recurre en la Audiencia Provincial de Madrid su imputación por el rescate público de 53 millones

Plus Ultra recurre en la Audiencia Provincial de Madrid su imputación por el rescate público de 53 millones

La aerolínea insiste en la "inexistencia de delito" y que seguir como investigada no es válido porque se acordó fuera de plazo
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05/7/2022 14:24
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Actualizado: 05/7/2022 19:34
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La aerolínea Plus Ultra ha recurrido, en apelación, ante la Audiencia Provincial de Madrid para que archive el caso y tumbe la decisión de la titular del juzgado de Instrucción Número 15 de mantener como imputada a la compañía en la investigación sobre presuntas irregularidades en la concesión pública de 53 millones de euros de ayuda en la pandemia.

En un escrito, la aerolínea presenta su recurso ante la Audiencia Provincial, como había anunciado en un comunicado el pasado 24 de junio. «No se ha producido ningún perjuicio al erario público (según IGAE y Tribunal de Cuentas)», argumenta, antes de defender que el rescate se le fue concedido «en cumplimiento de todos y cada uno de los requisitos».

En su recurso, la aerolínea hace hincapié en la «inexistencia de delito» y vuelve a esgrimir que su imputación no es válida porque se acordó fuera de plazo, dado que la causa venció el pasado 8 de abril al cumplirse un año desde el comienzo de la investigación: «Todas las diligencias acordadas con posterioridad son nulas e inválidas».

Según la compañía aérea, la investigación judicial en su contra «les ha estigmatizado» por el «juicio mediático en paralelo, que se está llevando a cabo por los medios y en redes sociales». Asimismo, Plus Ultra asegura en su recurso que «está cumpliendo» con las obligaciones formales de información y pago de intereses, cuyo vencimiento tuvo lugar el 22 de marzo de 2022, especifica.

La Fiscalía y la Abogacía comunicaron a la jueza que coincidían con este argumento. En cambio, Manos Limpias, PP y Vox instaron a realizar el interrogatorio del representante legal de Plus Ultra. A este respecto, la aerolínea sale al paso al decir que «nada ha impedido» a las acusaciones solicitar una prórroga de las pesquisas, pero «ninguno» lo ha pedido, ni tampoco «de oficio» la instructora.

La declaración del representante legal estaba prevista para el pasado 15 de junio, pero la magistrada instructora, Esperanza Collazos, suspendió la cita para estudiar si atendía o no a la petición de la aerolínea de anular su imputación.

Y explicó que no le había dado tiempo a adoptar una decisión, dado que el plazo que dio a la Fiscalía, las acusaciones y las defensas para pronunciarse sobre la solicitud de la compañía vencía el mismo día del interrogatorio.

De momento, la magistrada no ha fijado una nueva fecha para tomar declaración al representante legal. Plus Ultra había pedido a la instructora levantar su imputación y cancelar ese interrogatorio.

IMPUTACIÓN «INVÁLIDA»

La empresa pidió a la magistrada instructora que retirara su imputación al considerar que la decisión se adoptó fuera del plazo de instrucción. «Todas las diligencias acordadas con posterioridad al 8 de abril de 2022 son nulas e inválidas», defendió la compañía en su recurso. La compañía aprovechó, además, para pedir el archivo del procedimiento, como ha solicitado en ocasiones anteriores.

La juez llegó a citar a Plus Ultra después del careo del pasado 29 de marzo entre los peritos que redactaron el informe encargado por el juzgado y los que firmaron el solicitado por la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI).

Ambos equipos presentaron sus conclusiones sobre la situación patrimonial de la empresa y los requisitos necesarios para optar a la subvención.

En el careo, los peritos independientes cuestionaron que la compañía pudiera recibir la subvención de 53 millones de euros, mientras que los de Deloitte y DC Advisor defendieron la decisión de la SEPI de concederla. Así, los dos equipos se ratificaron en los informes que aportaron al juzgado y que defendieron el 18 de enero en un primer careo que tuvo que repetirse por un fallo técnico.

Tras aquella comparecencia de los peritos, la Abogacía del Estado remitió escrito al juzgado para pedir –nuevamente– el archivo del procedimiento al considerar que de la diligencia se «viene a confirmar» que las discrepancias existentes sobre la situación financiera de la aerolínea son de carácter «estrictamente técnico».

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