La Asociación de Propietario de Vivienda de Alquiler está estudiando muy seriamente interponer una reclamación al Estado.
Propietarios de viviendas a favor de reclamar al Estado para que les compensen por limitar la subida de los alquileres
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19/7/2022 01:05
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Actualizado: 19/7/2022 01:09
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Más de 1.000 propietarios particulares, todos ellos miembros de la Asociación de Propietarios de Vivienda en Alquiler (ASVAL), está a favor de reclamar compensaciones al Estado por la limitación de subidas del alquiler al 2 % impuesta por el Gobierno.
Así se desprende de una consulta realizada por la asociación entre sus miembros para conocer su opinión acerca de esta medida.
En más del 95 % de las respuestas obtenidas, los asociados de ASVAL se posicionan a favor de solicitar compensaciones al Estado.
La asociación tomará una decisión próximamente.
A esta se podrán adherir, además de los más de 4.000 asociados de ASVAL, cualquier propietario de vivienda en alquiler en España.
La limitación al 2 % a la subida del alquiler, una medida aprobada en marzo por el Ejecutivo, ha sido prorrogada 6 meses más por el Consejo de Ministros extraordinario celebrado el pasado sábado, en el que se renovaron las medidas económicas encaminadas a limitar los efectos de la inflación.
ASVAL considera injusto que el Gobierno no establezca compensaciones a los propietarios ante este perjuicio económico. Creen que deberían tener ayudas parecidas a las de otros sectores de la actividad económica.
En el Real Decreto que contenía esta medida se establecía que los propietarios no podrían aumentar el precio del alquiler por encima de la variación anual del Índice de Garantía de Competitividad (IGC).
Sin embargo, el último dato del INE para este índice lo sitúa por encima del 4 %, y no en el 2 % al que lo limita esta herramienta.
ASVAL considera injusto que el Gobierno no establezca compensaciones a los propietarios ante este perjuicio económico. Creen que deberían tener ayudas parecidas a las de otros sectores de la actividad económica.
“El impacto de estos cambios supondrá una presión financiera para los propietarios independientes. Las empresas de otros sectores, como los proveedores de energía, han recibido ayudas del gobierno para aliviar el impacto de estos cambios; por lo tanto, simplemente pedimos que nuestro sector sea tratado de forma justa y de la misma manera que los demás”, afirma María Andreu, directora general de ASVAL.
Una medida que puede cronificarse
Además, ASVAL se opone a esta medida, que se aprobó inicialmente como una medida limitada a tres meses, y que corre el riesgo de convertirse en una limitación permanente mientras se mantengan las altas tasas de inflación.
Los propietarios, sin embargo, son sensibles a la delicada situación que atraviesan muchos inquilinos, especialmente en el actual contexto económico.
De hecho, la mayoría no repercute la totalidad de la subida del IPC, según los datos de ASVAL, y opta por ajustes más moderados del alquiler.
Con esta limitación al incremento de las rentas se produce una transferencia de renta de los propietarios a los inquilinos injustificada, máxime teniendo en cuenta que el 95 % de los arrendadores en España son pequeños propietarios que utilizan las rentas para completar sus sueldos y pensiones.
Además, todos los propietarios también están sufriendo los rigores de la inflación en su actividad inmobiliaria, un efecto que no están pudiendo trasladar a los precios, pese a que la Ley de Arrendamientos Urbanos que rige los contratos de este mercado contempla esta posibilidad.
También están haciendo frente a un incremento de los costes vinculados a la propiedad de sus viviendas, por lo que no es justo que no pueda ser trasladado en parte al precio del alquiler.
Una medida que no ha funcionado
Sergio Nasarre, catedrático de Derecho Civil en la Universitat Rovira i Virgili y director de su Cátedra UNESCO de Vivienda, recuerda que en el informe publicado por la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (FEDEA) comentó que esta medida no iba a tener demasiado impacto en la inflación, como así ha sido.
Este experto recuerda que la propia Ley de Arrendamientos Urbanos de 1994 obliga a que las rentas se actualicen con el IPC. “Los propietarios han pactado en estos años una cuestión que la ley les obliga a hacerlos. Sin embargo, ahora la nueva normativa va en contra de aquella genera una situación extraña porque el legislador se autocuestiona y contradice”.
Este jurista cree que en economía «esto es lo peor que puedes hacer; traspasar las cargas de unos a otros, en lugar de aprobar una medida que tenga un beneficio general”.
La Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU) «ya limitó el aumento de la renta al IPC como cuestión social. El problema que tenemos es que el IPC se ha desbocado y por eso hay tantas distorsiones en el mercado”.
“Al final hablamos de una expropiación no compensada y de nuevo les pasa las cargas de la política públicas de vivienda a los propietarios privados”, señala.
Tenemos un antecedente peligroso en esta materia y «tiene que ver con el tema de la ocupación de viviendas, con el Real Decreto-ley 1/2021 que se aprobó para unos meses y ahora se ha extendido a septiembre del 2022”.
La Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU) «ya limitó el aumento de la renta al IPC como cuestión social. El problema que tenemos es que el IPC se ha desbocado y por eso hay tantas distorsiones en el mercado”, afirma Sergio Nasarre
También señala que “lo que no puede ser es que el Estado se meta en un contrato privado sistemáticamente y lo altere, cuando lo que ha hecho ese contrato ha sido seguir la norma imperativa de la LAU que ya les obligaba a seguir ciertas directrices”.
Nasarre recuerda que ya explicó en su comparecencia ante el Congreso de los Diputados que el «Tribunal Constitucional señala en diferentes sentencias que este tipo de medidas puede menoscabar la libertad y dignidad de las personas”.
Expropiación temporal injustificada
Para Alejandro Fuentes-Lojo abogado experto en derecho inmobiliario, “esta medida legal constituye una auténtica expropiación temporal del derecho del propietario a cobrar la renta pactada”.
Subraya que “dicha medida no reconoce por la norma el derecho a percibir la correspondiente indemnización, tal y como señala el artículo 1 de la Ley de Expropiación Forzosa y el artículo 33 de la Constitución Española».
Desde su punto de vista “sorprende que hace poco más de un año el legislador reconociera expresamente un derecho de compensación económica para los propietarios afectados por la normativa que impone la suspensión de desahucios y otros procesos de recuperación posesoria cuando el ocupante está en situación de vulnerabilidad por razón de la crisis sanitaria”.
Esta reducción de oferta, que agrava el problema de acceso a la vivienda, será aún mayor en el contexto actual. El empeoramiento de las condiciones de la financiación para la compra de vivienda provocará un incremento de la demanda de vivienda en alquiler
Fuentes-Lojo constata que, “en cambio, en esta nueva normativa también limitativa del constitucional de derecho de propiedad privada no se haga mención alguna a dicho mecanismo compensatorio, por lo que no quedará más remedio a los propietarios afectados que reclamar dicha compensación económica por la vía judicial.”
La asociación insiste en que esta limitación, al igual que otras medidas como el Proyecto de Ley de Vivienda o la ley catalana que ampara la ocupación ilegal, trasladan a los propietarios la responsabilidad de las Administraciones Públicas de atender el problema social de la vivienda, sin recibir ningún tipo de compensación por ello.
Es este hecho, con los propietarios afrontando una situación delicada en un difícil contexto económico, el que ha impulsado a ASVAL a estudiar acciones legales para reclamar compensaciones al Estado por esta intervención inasumible en las rentas.
Además, esta medida limitará aún más el número de viviendas disponibles en alquiler, ya que muchos propietarios preferirán dejar sus inmuebles vacíos o venderlos. Asimismo, los propietarios estarán menos dispuestos y capacitados para llevar a cabo las obras necesarias -incluso para mejorar la eficiencia energética y la renovación- en las viviendas que alquilan.
Según ASVAL, la creciente inseguridad jurídica en el mercado del alquiler va a seguir produciendo una reducción de la oferta de vivienda.
Esta reducción de oferta, que agrava el problema de acceso a la vivienda, será aún mayor en el contexto actual. El empeoramiento de las condiciones de la financiación para la compra de vivienda provocará un incremento de la demanda de vivienda en alquiler.
Además, entienden que medidas como esta limitación, reducen la puesta en el mercado de pisos en alquiler, haciendo imposible el acceso a la vivienda a los colectivos vulnerables, a aquellos que se pretende proteger.
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