Este miércoles se vota esta propuesta que convertiría a Cataluña en la primera comunidad autónoma que aprueba esta medida.
Los propietarios de viviendas creen que es anticonstitucional que el parlamento catalán apruebe el control de precios del alquiler
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08/9/2020 02:00
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Actualizado: 08/9/2020 13:00
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Polémica abierta en el parlamento de Cataluña que este miércoles votará una iniciativa para controlar los precios del alquiler. Sería la primera comunidad autónoma de nuestro país que regulase expresamente esta cuestión.
Un proyecto de ley apoyado que pretende congelar y bajar los alquileres de los 60 municipios catalanes de más de 20.000 habitantes. Frente a ellos, propietarios y organizaciones empresariales cargan contra esta iniciativa que tachan de anticonstitucional.
La iniciativa para tramitar esta ley por el mecanismo de máxima urgencia ha sido avalada por 77 votos favorables de JxCat, ERC, los comuns y la CUP y 56 en contra de Cs, PSC-Units y PP.
La medida, impulsada por el Sindicat de Inquilinos, cuenta con el apoyo parlamentario necesario para ser aprobada. Además, la reforma será tramitada como texto de lectura única, con lo que el proceso podría agilizarse y aprobarse en los próximos días.
La reforma tiene como objetivo “impedir subidas y hacer bajar los precios en las sesenta ciudades más tensionadas de Cataluña, en un contexto de emergencia habitacional”, aseguran sus promotores.
Esta medida afectaría al 70% de la población catalana, que vive en las zonas urbanas más pobladas y se aplicaría a los nuevos contratos firmados tras su aprobación.
La norma alberga dos medidas de calado. La primera es que los nuevos contratos de viviendas en alquiler no podrán superar el precio acordado en el anterior contrato. De esta manera, el propietario tendrá que informar a los nuevos inquilinos de cuál era el precio anterior.
Con esta medida, que prevé multas de entre 3.000 y 90.000 euros si no se facilita esta información, la norma busca evitar que se registren subidas de alquiler abusivas en las viviendas.
La otra gran medida establecerá que si una vivienda tenía un precio por encima de la media de alquileres que hay en su zona, el nuevo contrato deberá tener como valor máximo el que establece el índice de precios de la Generalitat, que es el precio medio de la zona.
Esta propuesta obligará a la rebaja generalizada de precios de alquiler que están actualmente muy por encima del índice que estableció la Generalitat. El Sindicato de Inquilinos calcula que la mitad de las viviendas alquiladas tienen un precio por encima de la media.
El Consejo de Garantías Estatutarias, la más alta institución jurídico-consultiva de la Generalidad de Cataluña, ya dictaminó en agosto que el proyecto de ley de control de precios del alquiler atenta contra la Constitución, el Estatuto y que la Generalitat no tiene competencia para regular los precios de alquiler porque es competencia del Estado.
Propietarios contra el control de alquileres
La Asociación de Propietarios de Viviendas en alquiler (ASVAL) se opone de forma contundente a este proyecto de ley porque, a su juicio, vulnera la Constitución española, atenta contra el derecho a la propiedad privada y fomentará la economía sumergida en el mercado del alquiler en Cataluña.
Si se aprueba finalmente la ley en Cataluña, ASVAL solicitará al Gobierno y a los principales partidos políticos que defiendan la Constitución e interpongan de inmediato un recurso ante el Tribunal Constitucional.
Al mismo tiempo, la patronal catalana Fomento del Trabajo, englobada en CEOE, rechaza la proposición de ley presentada al Parlamento al considerar que es «inconstitucional» y contraria al Estatuto. Además asegura que hundirá a medio plazo el mercado del alquiler.
La aplicación de esta próxima iniciativa generaría enormes desequilibrios en el mercado del alquiler en Cataluña y ahuyentaría la inversión necesaria para desarrollar un sector profesionalizado ante la falta de seguridad jurídica.
En este sentido, el desarrollo del mercado inmobiliario catalán puede verse seriamente perjudicado, al provocar que el interés de los inversores se traslade a otras comunidades autónomas.
ASVAL considera, además, que esta ley incentivaría la economía sumergida, ya que muchos propietarios podrían verse tentados a compensar ilegalmente la diferencia entre el precio regulado y el de mercado.
Beatriz Toribio, directora general de ASVAL.
Esto generaría graves consecuencias para los inquilinos, la salud de la economía catalana, sus ingresos fiscales y para el grueso de los propietarios, ya que la mayoría actúa conforme a la ley.
A esto se une que, los colectivos en situación de vulnerabilidad, las rentas más bajas y los jóvenes serán quiénes sufrirán más los efectos de esta ley ya que, como han señalado diferentes organismos internacionales y el Banco de España, el control de precios a medio y largo plazo produce una reducción de la oferta dificultando el acceso a una vivienda en alquiler.
En un mercado con falta de oferta, el propietario tenderá a favorecer a los inquilinos con mayor solvencia frente a quienes tienen rentas más bajas.
Las familias con menores ingresos tendrán grandes dificultades para encontrar una casa. Hay que tener en cuenta que en Cataluña el stock de vivienda social es bajo y notablemente insuficiente para cubrir el aumento de la demanda esperado.
ASVAL apela a las distintas fuerzas políticas favorables a esta norma en el Parlamento catalán a que hagan una reflexión sobre los efectos negativos de esta norma y retiren este proyecto normativo al ser contrario al derecho de propiedad reconocido en la Constitución.
“Apelamos al Govern para que reflexione y rectifique sobre esta medida, y solicitamos al Gobierno y al resto de partidos que tomen las medidas necesarias para evitar la puesta en marcha de esta ley que atenta contra la Constitución, el Estatuto y que genera graves perjuicios al mercado inmobiliario”, asegura su directora general, Beatriz Toribio.
“Consideramos que la mejor alternativa a este tipo de regulaciones pasa por aumentar la oferta de vivienda alquiler, especialmente asequible y social, reforzar la seguridad jurídica y favorecer la colaboración público-privada”, afirma.
La seguridad jurídica, la mejor vía para reducir precios
Diferentes informes de organismos internacionales y nacionales, como los del Banco de España y la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (FEDEA), coinciden en alertar sobre los efectos adversos de la congelación de precios y la necesidad de potenciar un marco regulatorio estable, conforme a la oferta y la demanda, que genere seguridad jurídica para propietarios e inquilinos.
Ante el control de precios, ASVAL propone medidas que incentiven la oferta de vivienda en régimen de arrendamiento. Por una parte, desarrollar un parque de vivienda en alquiler a precios por debajo de mercado, para aquellas rentas más bajas, así como jóvenes que buscan emanciparse.
En este sentido, el sector y la Administración deberán idear fórmulas de colaboración público-privada para desarrollar el parque de vivienda asequible que necesita nuestro país, así como una política de ayudas públicas para aquellos colectivos más vulnerables. Además, es de vital importancia reforzar un marco regulatorio estable y transparente que genere seguridad jurídica para el desarrollo del sector.
«Se necesita una política de vivienda social pública para resolver la situación de la población en riesgo de exclusión. Durante los últimos 10 años, España apenas ha destinado un 0,05% de su PIB a políticas de vivienda, provocando una escasez de viviendas sociales: el stock de viviendas sociales de España es sólo de un 1,5% frente al 15% de media en la Unión Europea».
Necesidad de una Ley Estatal de Vivienda
Desde la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), su portavoz nacional Francisco Morote, cree necesario aprobar una Ley Estatal de Vivienda que garantice el derecho de acceso a la vivienda y que genera un parque publico social que ayude a los más desfavorecidos en estos momentos de pandemia. “La vivienda que debería ser un derecho fundamental se está utilizando como un bien de consumo donde su acceso es por el nivel de renta”, apunta.
Para Morote “esta iniciativa forma parte de algunas reivindicaciones que desde la PAH venimos pidiendo. Regular y controlar el precio del alquiler parece lógico. Es coherente con el derecho de acceso a la vivienda que viene reflejado en el artículo 47 de la Constitución. Se trata de frenar la especulación en los últimos años, máxima en un momento en el que se ve la vivienda es un bien sanitario”.
Francisco Morote, portavoz nacional de la Plataforma Afectados por la Hipoteca (PAH).
Recuerda que este tipo de iniciativa de control de los precios del alquiler “ya se habló de ella cuando se cristalizó la moción de censura a Mariano Rajoy. Al mismo tiempo, está dentro del acuerdo de Gobierno entre PSOE y Unidas Podemos, pero hasta la fecha no se ha hecho nada de este tipo”.
“Hay que recordar que el Gobierno de Rajoy recurrió todas las leyes de vivienda que se aprobaron de distintas autonomías al Tribunal Constitucional”.
Desde su punto de vista también es necesario crear un parque público de vivienda, “que ayude el acceso a la vivienda a colectivos con problemas como jóvenes y jubilados y que ayude a que los precios del alquiler también bajaran de forma notable. La vivienda no puede ser un bien especulativo, como es ahora, tiene que ser un bien social, protegible”.
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