Cristrina Seguí, como presidenta de la asociación Gobierna-te, ha solicitado que se admita su personación como acusación popular. Foto: EP
Segunda causa abierta contra Mónica Oltra, por un presunto delito de secuestro de menores
El Juzgado de Instrucción número 3 de Castellón admitió a trámite el pasado 14 de julio una querella contra la exvicepresidenta y exconsejera valenciana Mónica Oltra y contra la directora territorial de Igualdad y Políticas Inclusivas Carmen Fenollosa Egea
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20/7/2022 14:44
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Actualizado: 20/7/2022 17:34
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El Juzgado de Instrucción número 3 de Castellón tiene abierta una causa contra la exvicepresidenta y exconsejera valenciana Mónica Oltra y contra directora territorial de Igualdad y Políticas Inclusivas, Carmen Fenollosa Egea, a raíz de una querella por presuntos delitos de detención ilegal, prevaricación, obstrucción a la Justicia y desobediencia grave a la autoridad, dirigida también contra varios técnicos de la Consejería.
Así lo ha informado a Confilegal Cristina Seguí, que, como presidenta de la asociación Gobierna-te, ha solicitado, asistida por el abogado valenciano Juan García Sentandreu, que se admita su personación como acusación popular en esta segunda causa abierta contra Oltra.
Seguí también ejercita la acusación popular en la causa donde Oltra está investigada por el presunto encubrimiento de los abusos sexuales que cometió su exmarido sobre una menor tutelada. Un procedimiento cuya investigación parte de una denuncia de la víctima, que ahora es mayor de edad, y de una querella de Seguí.
Precisamente, hoy se ha notificado a las partes que el magistrado titular del Juzgado de Instrucción número 15 de Valencia, Vicente Ríos Segarra, ha citado a Oltra a declarar como investigada para el próximo 19 de septiembre en el marco de las diligencias que se siguen contra ella y otros 13 investigados más por la gestión del caso de los abusos, hechos por los que fue condenado su exmarido, Luis Eduardo Ramírez.
Según informa Seguí a este diario y ratifica su abogado, «en la segunda causa -Diligencias Previas 126/2022- la acusación particular la ejercita la familia de una niña nacida en diciembre de 2017 en el Hospital General de Castellón, que fue registrada sin el nombre del padre porque estaba de viaje y Servicios Sociales se la quitó a la madre y a los abuelos, en enero de 2018, sacándola del Hospital».
«Desde entonces, los abuelos están pleiteando contra la Consejería de Igualdad, que tienen una sentencia en Primera Instancia de Castellón, ratificada el 9 de julio de 2020 por la Audiencia Provincial de Castellón y, a su vez, confirmada por el Tribunal Supremo el 20 de octubre de 2021 ordenando a la Consejería de Igualdad a devolver a la niña a su familia biológica y a hacer un plan de intervención para integrarla en su familia, en la que tiene un hermano biológico de doble vínculo, de dos años, al que ni siquiera conoce, apercibiendo a la Consejería de imposición de una multa de 3.000 euros al mes durante el tiempo en que tarde en dar cumplimiento a la sentencia y entregar a la menor», explica Cristina Seguí.
Sin embargo, denuncia que la menor, «que fue dada en preadopción de urgencia a una pareja de hombres LGTBI, todavía no ha sido devuelta a su familia biológica».
Según explica, «a pesar de las tres sentencias, se ha obstaculizado el retorno de la menor a la familia biológica, y en vista judicial una de las querelladas manifestó expresamente que no contempla ni se plantea de ningún modo que la menor vaya a ser retornada a su familia biológica o que se relacione con ella. Que eso es inviable y punto».
Según el letrado Juan García Sentandreu, «estamos ante un presunto delito constante y continuado de prevaricación y desobediencia con el resultado de la detención ilegal de un bebé sustraido a sus padres y a sus abuelos, todo ello acreditado por tres resoluciones judiciales que la Consejería de Compromís se niega a cumplir, protegiendo el interés de los preadoptantes LGTBI por delante del interés de la madre y del resto de su familia».
DENUNCIA ANTE EL DEFENSOR DEL PUEBLO
Además, Cristina Seguí puso ayer en conocimiento del Defensor del Pueblo autonómico y nacional las numerosas peticiones de ayuda que ha recibido en los últimos cinco meses desde que el caso por el presunto encubrimiento de los abusos del exmarido de Oltra a una menor comenzara a instruirse, por parte de familias cuyos hijos están tutelados en este momento por la Generalidad Valenciana, y que incluso «se han dado en adopción en casos realmente escandalosos», para que la investigación y esclarecimiento de las conductas que se exponen.
«El pasado mes de junio, me llamó una madre desesperada a la que la Sra Fenollosa le había firmado el expediente de desamparo de su hija a finales del mes de mayo, a la que han dado en acogida a una pareja de mujeres LGTBI con ascendencia en la administración (algo que se repite, no sabemos si de manera pautada y coordinada, en decenas de casos revisados). Esta madre tiene tanto miedo a no volver a ver a su hija que no quiere ni dar su nombre», expone Seguí en el escrito remitido al Síndico de Agravios de la Comunidad Valenciana y al Defensor del Pueblo.
«¿Se están dando niños apartados de sus familias a personas afines al Gobierno Valenciano por el hecho de ser LGTBI? O dicho de otra manera, ¿Están recibiendo un trato de favor los acogedores y/o adoptantes en función de la orientación sexual de los aspirantes? ¿Aspirantes que, por otro lado, constituyen una bolsa de votos para el Gobierno actual por la cantidad de subvenciones que están recibiendo determinadas asociaciones LGTBI constituyéndose como una verdadera red clientelar?», se plantea Cristina Seguí.
Y también: «¿Cuántas de las personas adoptantes, solicitantes como familias de acogida tienen una relación clientelar directa con la Consejería de Igualdad en manos del partido político Compromís? ¿Se están quitando los niños a personas pobres heterosexuales para dárselos a personas LGTBI ricas vinculadas a la administración política?».
Seguí ha pedido al Defensor del Pueblo autonómico y nacional «una investigación/auditoria al respecto para descartar un posible, nuevo, contemporáneo caso de tráfico de influencias para conseguir niños que, por otra parte, son imposibles de concebir por medios naturales». Y ello, en aras de «la preservación los derechos de las personas menores de edad tuteladas y de las familias que sufren, y para evitar la vulneración de los derechos fundamentales de esas personas menores de edad que se encuentran tuteladas por los poderes públicos, tal y como los reconoce el ordenamiento jurídico, siendo un asunto que reviste de trascendencia y gravedad suficiente para su conocimiento» para adoptar unas conclusiones que sirvan para «compeler a las autoridades nacionales a proteger a los menores víctimas de algún tipo de red de influencias o tráfico de menores».
Cristina Seguí hace hincapié en el escrito en que estos hechos, por su gravedad, son susceptibles de ser investigados por la jurisdicción penal, motivo por el cual solicita que den traslado de los mismos a la Fiscalía «en el bien entendido de que si no lo hace la defensa popular», lo hará esta asociación que representa «con el fin de acabar con esta práctica delictiva, en su caso, y con una alarma social suscitada por todo lo relatado y con el fin de descartar que estemos ante un caso de robo de menores por parte del ‘Botánic'».
Por todo ello, les solicita que permita la inmediata investigación conducente al esclarecimiento de las situaciones descritas «independientemente de tabús, incomodidades políticas y la corrección política impuesta en medios de comunicación, en el discurso social, o en la actividad política».
«Los derechos humanos y la seguridad de los niños están muy por encima», concluye.
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