En julio de 2021, el Juzgado de lo Social número 11 de Sevilla notificó a Sánchez Bernal un juicio para noviembre de 2024 y ha presentado una demanda de amparo ante el Tribunal Constitucional y piensa recurrir todos los señalamientos que le pongan más allá del presente año.
Daniel Sánchez Bernal, el abogado sevillano que lucha contra los señalamientos tardíos, distinguido con la Cruz de Oro de la Orden al Mérito Humanitario de Andalucía
Un galardón que esta asociación concede anualmente a personas o instituciones que tengan a sus espaldas "una vida de entrega y servicio a las buenas causas" y la entrega de su tiempo y pecunio "para el servicio a los otros"
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22/7/2022 09:41
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Actualizado: 22/7/2022 09:56
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Daniel Sánchez Bernal, el abogado sevillano que lucha contra los señalamientos tardíos, ha sido distinguido por la Orden al Mérito Humanitario de Andalucía con la Cruz de Oro, un galardón que esta asociación, presidida por el letrado Juan José Zanca Ruiz, concede anualmente a personas o instituciones que tengan a sus espaldas «una vida de entrega y servicio a las buenas causas» y la entrega de su tiempo y pecunio «para el servicio a los otros».
Sánchez Bernal ha presentado una demanda de amparo ante el Tribunal Constitucional (TC) por tener que esperar más de tres años para un juicio, que ha sido admitida a trámite. Daniel Sánchez Bernal piensa recurrir todos los señalamientos que le pongan más allá del presente año, «en defensa de los justiciables, que son los perjudicados».
Según relata a Confilegal, cuando le llamaron para comunicarle que había sido galardonado, se pensaba que era una broma y hasta colgó el teléfono. Entonces se puso en contacto con él el presidente de la Orden.
Sánchez Bernal está «muy orgulloso» con esta distinción que la Orden al Mérito Humanitario de Andalucía acordó otorgarle en sesión plenaria el pasado 24 de junio y que ayer le entregó personalmente Zanca Ruiz.
«Jamás se me había pasado por la cabeza poder recibir una distinción así. Cuando me dieron la noticia -no os lo creeréis- lloré de felicidad porque, insisto, jamás me han reconocido ningún mérito por mi trabajo. Por todo ello, estoy profundamente agradecido, de todo corazón», ha señalado en sus redes sociales.
«Lo que sí os puedo asegurar es que seguiré luchando por los derechos de los justiciables. Me equivocaré muchísimas veces, estoy convencido de ello. Me pondrán muchos obstáculos en el camino, lo asumo. Pero jamás, jamás, tiraré la toalla. Siempre me levantaré y todo será gracias a mis clientes», añade.
Muchos le preguntan que por qué se implica tanto en los asuntos que lleva. Y su respuesta siempre es la misma. «Todos somos justiciables. Quizás mañana pueda necesitar a un compañero abogado y me gustaría que me defendiera igual o mejor que yo. Y porque es nuestra obligación defender los derechos de los justiciables, no hay más», sentencia.
ESPERA QUE EL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL AMPARE AL JUSTICIABLE
Daniel Sánchez Bernal solicitó el pasado mes de diciembre el amparo del tribunal de garantías, en nombre de un cliente, un recién doctorado, al considerar que se ha vulnerado el derecho a una tutela judicial efectiva por tener que esperar más de tres años a que se celebre el juicio por una demanda laboral que presentó contra la Universidad de Sevilla.
El 24 de junio de 2021, el Juzgado de lo Social número 11 de Sevilla admitió la demanda y anunció al abogado que el acto de conciliación y el juicio, en caso de que las partes no llegasen a acuerdo alguno, quedaban fijados para el 7 de noviembre de 2024, a tres años y medio vista.
Ahora, este letrado espera que el Tribunal Constitucional «garantice la tutela judicial efectiva y dé ejemplo resolviendo la demanda en un plazo razonable, que sea con anterioridad al juicio señalado». «De no ser así, ¿dónde quedaría la tutela judicial efectiva que garantiza nuestra Constitución», apunta.
Según informa, la demanda de amparo «se revolverá, casi con total probabilidad, el próximo mes de septiembre», y espera que el Constitucional ampare al justiciable.
Sánchez Bernal también presentó dos quejas ante el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) por considerar un «auténtico despropósito» y un «atropello a los derechos de los justiciables» los juicios tardíos, y recuerda que fueron archivadas. En este sentido, lamenta que el órgano de gobierno de los jueces haya dado carpetazo a este asunto «cuando una de sus funciones es precisamente promover medidas para solucionar esta problemática». Según indica, el CGPJ le vino a decir que se quejara ante el órgano judicial que había señalado la fecha.
También lamenta que su Colegio de abogados no le «haya apoyado desde el principio y haya tenido que hacerlo a regañadientes tras haber sido requerido por el Defensor del Pueblo andaluz y estatal». «Aunque agradezco la respuesta tardía de mi Colegio, realmente me he sentido más arropado por otros Colegios del resto de España, como, por ejemplo, el Colegio de la Abogacía de Madrid, colegios de graduados sociales y procuradores», explica Daniel Sánchez Bernal, quien agradece también «enormemente a los periodistas que han sido sensibles a esta denuncia y se han interesado por el tema»:
DENUNCIA QUE YA SE ESTÁN FIJANDO JUICIOS PARA DICIEMBRE DE 2026, COMO SUCEDE EN HUELVA
«Es notorio que la Administración de Justicia, al menos en lo que respecta al ámbito territorial de Sevilla, padece un mal endémico, la lentitud, la Justicia tardía que, entre todos, tenemos que curar porque una Justicia tardía, no es Justicia», sostiene.
A esta lucha se han sumado otros abogados que ya están recurriendo los señalamientos tardíos -actualmente se están fijando juicios para diciembre de 2026, como está sucediendo en Huelva- e incluso van a acudir también al auxilio del Tribunal Constitucional.
«Ante este mal endémico no podemos quedarnos de brazos cruzados. Debemos implicarnos todos: jueces, fiscales, abogados, procuradores, etc., porque de lo contrario esta situación se agravará más y al final los únicos perjudicados serán los justiciables», sentencia.
A su juicio, la solución a esta problemática «no pasa solamente por crear nuevos órganos judiciales y dotar de mayor plantilla, sino que también ve necesario reducir trámites, digitalizar los expedientes -el tan anhelado expediente cero-, una reforma de las leyes procesales para evitar que los procedimientos se alarguen innecesariamente». «El objetivo es conseguir la tan anhelada administración de Justicia eficaz, ágil y eficiente», concluye.
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