La Unión Progresista de Fiscales (UPF) ha defendido el ascenso de la exfiscal general del Estado y exministra de Justicia, Dolores Delgado, a la máxima categoría de la carrera aunque sin contar con el apoyo de la mayoría del Consejo Fiscal.
De acuerdo con la segunda asociación de fiscales, que en las últimas elecciones al Consejo Fiscal sufrió un fuerte castigo perdiendo la mitad de sus efectivos –pasaron de 4 a 2 miembros– asegura, en un comunicado, que hay un «deber» por parte del Consejo de dotar «de la máxima categoría a quienquiera que ocupe la plaza de fiscal general del Estado».
La UPF tacha de «incoherencia» por parte del Estatuto del Ministerio Fiscal que se otorgue la condición de fiscal de Sala al fiscal jefe de la Secretaría Técnica y no así al borrador-automaticofiscal general del Estado. La UPF defiende el ascenso a fiscal del Supremo de Dolores Delgado como «un deber».
«El cauce regulador adecuado no era, desde luego, la Ley Concursal, sino su integración en el propio Estatuto. Sin embargo, y en tanto no sea modificado, estos dos consejeros consideramos que existe un deber, por parte del Consejo Fiscal, de dotar de la máxima categoría a quienquiera que ocupe la plaza de fiscal general del Esado. Lo que debiera ser un acuerdo tácito y estable de todas las asociaciones de fiscales ahora, de futuro y con independencia de quien ocupe el cargo», afirma la UPF.
Fuentes jurídicas han confirmado que el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, acordó conceder la plaza a Delgado el pasado viernes pese a que el órgano consultivo –tras una reunión de casi seis horas– decidió no respaldar la candidatura por 6 votos –los de la Asociación de Fiscales– frente a 4. La Asociación Profesional Independiente de Fiscales se abstuvo porque se presentaba como candidata la esposa de su vocal, Salvador Viada.
Las AF dio todos sus votos al fiscal especialista de lo militar Luis Rueda. Las decisiones del Consejo Fiscal no son vinculantes para el fiscal general del Estado.
