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La Corte de Casación italiana anula las pruebas del pirateo del sistema de comunicación encriptado Sky-ECC, similar a «Encrochat»
Guillermo Rocafort es profesor de Economía Pública y Economía de la Empresa en la Universidad Carlos III de Madrid; licenciado en Ciencias Económicas por la Universidad Autónoma de Madrid y licenciado en Derecho por la UNED, con diploma en Estudios Jurídicos Avanzados por la Universidad Autónoma de Madrid.
05/10/2022 06:48
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Actualizado: 04/10/2022 21:51
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Este Verano publiqué varios artículos en Confilegal sobre las vulneraciones de derechos fundamentales e ilegalidades en el ámbito penal cometidas contra dos españoles que han sido deportados por la Audiencia Nacional a Francia por haber vendido legalmente en España teléfonos móviles encriptados de la marca “Encrochat”.
Ya no es sólo cómo fueron, en base a una simple O.E.I. (Orden Europea de Investigación) proveniente de Francia, detenidos y esposados por la Guardia Civil, en presencia de la Gendarmería francesa, esos dos españoles, tras un desproporcionado y violento asalto a sus domicilios, en presencia de los hijos menores; algo que será objeto de un artículo aparte, al objeto de clarificar los protocolos que sigue la fuerza pública en España en los asaltos a domicilios en base a OEI europeas donde viven familias con hijos menores, que como estamos viendo en Estados Unidos, por el caso del activista católico provida Mark Houck, se está volviendo algo muy habitual contra familias tradicionales, en este caso cuando el FBI, con una fuerza de 25 miembros, encañonó a la cabeza a dicho activista, en presencia de su esposa y siete hijos menores, es que al final todo el sistema punitivo que gira entorno al pirateo de Encrochat, como en el caso de Sky-ECC, se está empezando a desmoronar judicialmente como un castillo de naipes.
Ha tenido que ser la Corte de Casación de Italia la que anule en un procedimiento penal todas las pruebas de cargo provenientes del pirateo del sistema Sky-ECC, muy similar al sistema de comunicaciones encriptado “Encrochat”.
Puede que la Justicia de Italia sea mucho más lenta e ineficaz que la alemana y holandesa, pero en este caso les ha dado una lección de respeto a la Ley y a los principios que garantizan un procedimiento penal con todas las garantías.
En una sentencia de fecha 15 de Julio de 2022 y consultable en Internet en este enlace, la Corte de Casación Italiana impide el uso de pruebas extraídas del pirateo de sistemas encriptados de comunicaciones (como Sky- ECC y Encrochat) si no se permite que los Tribunales italianos accedan a cómo los servicios secretos de Holanda y Francia “hackearon” esos sistemas encriptados.
Curiosamente el hackeo de los dos sistemas se llevó a cabo en servidores situados en territorio francés, lo cual añade más dudas al papel de Francia en toda esta cuestión jurídica, hackeo en donde también intervino ese costosísimo aparato policial llamado “Europol”, que parece sólo responder a los intereses de Francia en este caso y a oscuros sistemas informáticos piratas, y que en casi nada ha servido para reducir los índices de criminalidad en Europa.
En la sentencia Penal Sez. 4 Num. 32915 Anno 2022, el Tribunal Supremo italiano considera necesario que los Tribunales italianos examinen si: “El método de obtención de estos mensajes no está en contradicción con las normas imperativas y los principios básicos de nuestro ordenamiento jurídico. Esto significa saber cómo obtener estos materiales”: «Le modalità di acquisizione di tale messaggistica non siano in contrasto con norme inderogabili e principi fondamentali del nostro ordinamento. Ciò comporta la conoscenza delle modalità di acquisizione del detto materiale» (La forma en que se adquiere dicha mensajería no entra en conflicto con las normas imperativas y los principios fundamentales de nuestro ordenamiento jurídico. Esto implica el conocimiento de las modalidades de adquisición de dicho material).
HARÍA BIEN EUROPOL EN INVESTIGAR CÓMO SE HA HACKEADO CON PEGASUS
Haría más bien Europol en investigar cómo se ha hackeado con Pegasus el sistema de comunicaciones de las máximas autoridades españolas en vez de insistir contumazmente en ocultar sus entramados extraños de colaboraciones con los servicios secretos de determinadas Naciones de la Unión Europea, como la Francesa, que ha conseguido deportar a dos españoles padres de Familia a ese país en base a una operación de pirateo que no desea desvelar.
La noticia de la Corte Suprema italiana ha corrido como la pólvora entre los abogados de los clientes que, encarcelados, esperan un juicio que nunca llega ante el que, en el futuro, las Cortes Supremas de dichos países acabarán anulando todas las medidas adoptadas a instancia de unas Fiscalías que ahora sólo esperan el momento en que sus argumentos pierdan fuerza legal.
Cuanto más se tarde en anular las pruebas provenientes de esos pirateos ilegales, peor será para la credibilidad de la Justicia y de las personas afectadas, y no me refiero a los presuntos delincuentes.
Y aquí, en España, nos quedará una Audiencia Nacional, ante el espejo de su incomprensible comportamiento este Verano, y una Guardia Civil, ante los ojos de unos niños aterrados que no comprenden cómo a sus padres se les maltrata y esposa en su presencia, cuando precisamente esos padres han explicado a sus hijos que el Uniforme de la Guardia Civil es algo muy honroso y respetable.
Esa cuenta pendiente quedará en manos de los españoles, para que lo sucedido no vuelva a pasar jamás, ni a entregarse español a Francia en base a un monstruo judicial más propio de regímenes totalitarios, donde el manto de lo oscuro y secreto lo inunda casi todo.
Los máximos responsables van a tener que rendir cuentas de lo sucedido, y lo harán más pronto que tarde, porque al español que así se le trata y a sus amigos no pararán hasta que toda España sepa que hay detrás del caso “Encrochat”, y del bochorno adicional que muchos hemos tenido que sufrir adicionalmente durante este caluroso verano.
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