La inconcreción de Bolaños sobre los efectos de la reforma de la LOPJ para acabar con las "puertas giratorias" ha sembrado de preocupación a los jueces y magistrados que ahora están en política.
Bolaños no asegura que no haya efectos retroactivos en la reforma para poner fin a las «puertas giratorias»
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27/10/2022 12:11
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Actualizado: 27/10/2022 13:00
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La idea de acabar con las puertas giratorias de jueces y magistrados (nada se menciona de fiscales y letrados de la Administración de Justicia) es atractiva y tiene buena venta. Aunque es antigua, porque ya imperó en España. En esta ocasión parece haberse inspirado en los italianos.
Dicha medida, según la idea que ha trascendido –que no el texto concreto– contempla que los jueces y magistrados que hayan ejercido funciones parlamentarias, que hayan ocupado puestos en la Administración General del Estado, en las Administraciones autonómicas y locales, se quedarían con categoría de magistrados del Supremo, en el primer caso, y en los Tribunales Superiores de Justicia, en el segundo, realizando funciones no jurisdiccionales.
Aunque se ha dicho que la reforma no tendrá efectos retroactivos, por lo que se deduce que los que están actualmente podrían volver a sus destinos.
La realidad es que la resistencia de Bolaños a mostrarlo, por una parte, y a introducir una disposición transitoria en dicha ley para asegurar que eso no pueda ocurrir, ha creado una preocupación profunda entre los afectados, en un lado y en el otro del espectro político, según ha podido saber Confilegal, en este caso, de fuentes populares.
Porque de aplicarse sin esa disposición transitoria, podría darse el caso, por ejemplo, de que Margarita Robles, ministra de Defensa, regresara al Tribunal Supremo como miembro del Gabinete Técnico de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Alto Tribunal.
Y eso, una vez, que el nuevo Consejo General del Poder Judicial revertiera la decisión de la Comisión Permanente del actual, que presidió Carlos Lesmes, por la que le quitó su condición de magistrada del Supremo por pasarse a la política como número dos de Pedro Sánchez.
Se podría dar la paradoja de que Robles terminara haciendo informes, desde el Gabinete Técnico, para los magistrados de la Sala de la que formó parte, entre ellos Carlos Lesmes.
Y lo mismo sucedería, por lo que respecta, con el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, o la ministra de Justicia, Pilar Llop, por citar a dos que están en el primer nivel, trabajando en las «calderas del Supremo» para los miembros de la Sala de lo Penal.
Pero hay muchos otros por debajo.
O con los magistrados por el PP. El senador Fernando de Rosa, que terminaría en el mismo destino de la misma guisa, en el Gabinete Técnico de la Sala de esa de lo Penal del Alto Tribunal. Lo mismo que Enrique López, en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid.
La preocupación es general en uno y otro lado.
SIN SINTONÍA PERSONAL CON ROBLES
Dentro del PSOE es notorio que el ministro de la Presidencia Bolaños no tiene ninguna sintonía personal con la ministra de Defensa Robles desde que estalló el «caso Pegasus».
Bolaños es el que tiene el encargo del presidente Pedro Sánchez de cerrar un acuerdo con el PP para cerrar de una vez por todas el frente judicial, cosa que está llevando a cabo teniendo como contraparte a Esteban González Pons, con la idea de presentar una proposición de Ley conjunta PSOE-PP, la cual sería aprobada en menos de un mes.
Es decir, que la cosa podría ir a toda velocidad.
Esta idea de acabar con las puertas giratorias es recurrente en nuestra historia. No es, en absoluto, nueva. ¿Adanismo o ‘descubrimiento de que la tierra es redonda’? Cualquiera de las dos cosas.
En la primera legislatura de José María Aznar, que comenzó en 1996, se reformó la LOPJ, como ahora se pretende, estableciendo una excedencia forzosa de tres años a todos aquellos jueces, magistrados y fiscales que se pasaran a la política. Y una vez que se hubiera cumplido el plazo no podrían volver a su destino original. Fue cuando Margarita Mariscal de Gante ostentaba el Ministerio de Justicia.
En 2004 la cosa se suprimió y después el PSOE volvió a reformar la LOPJ permitiendo los servicios especiales –equivalente a una excedencia pero sin perder destino y antigüedad–, para que todos aquellos que se pasaran a la política pudieran volver a sus destinos o a otros superiores que les hubiera correspondido de haber estado desarrollando sus funciones jurisdiccionales.
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