El Registro Civil Central volverá a abrir sus puertas en diciembre, después de 2 años y 9 meses cerrado sin atender presencialmente
A partir de diciembre el Registro Civil Central será accesible presencialmente para los interesados, por orden del Ministerio de Justicia.

El Registro Civil Central volverá a abrir sus puertas en diciembre, después de 2 años y 9 meses cerrado sin atender presencialmente

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21/11/2022 06:50
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Actualizado: 21/11/2022 08:11
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Las continuas quejas recibidas contra el Registro Civil Central, que no atiende presencialmente a nadie desde hace 2 años y 9 meses, han obligado a la directora general de Seguridad Jurídica y Fe Pública, Sofía Puente Santiago, a intervenir.

Puente Santiago ha ordenado que cuatro funcionarios atiendan presencialmente a los ciudadanos en horario de 10 a 14 horas, en intervalo de 15 minutos.

«Se espera que la orden entre en vigor de manera inminente una vez que se actualice la aplicación de petición de cita previa», han explicado fuentes del Ministerio de Justicia, de quien depende, a Confilegal. «Muy posiblemente a partir de diciembre», han añadido.

La situación del Registro Civil Central se ha convertido en insoportable.

Todos los días, desde hace 2 años y 9 meses, alrededor de las diez de la mañana, varias personas empiezan a aparecer en el lado oriental de la Plaza Jacinto Benavente, donde se ubica la entrada del Registro Civil Central.

Llevan papeles y carpetas llenas de documentos y discuten con los guardias de seguridad, pero todas terminan dando la vuelta y devolviéndose con la cabeza baja. Los servicios del Registro Civil Central se han visto severamente limitados desde el inicio de la pandemia del coronavirus, pero a diferencia de otros organismos, no ha recuperado sus funciones, dejando en la calle a quienes requieren de sus competencias.

Las llamadas de teléfono también resultan inútiles para quienes están interesados en contactar con este organismo.

De las personas entrevistadas, muy pocas afirman haber podido recibir una respuesta, y los que lo logran afirman que no logran pedir una cita previa a través de este medio. Incluso desde el Ministerio de Justicia recomienda lo que repiten desde el Registro Civil Central: los interesados deben enviar un correo certificado.

La frustración es palpable. Gretchen y Óscar intentan registrar a sus hijos, que nacieron en el extranjero, pero cada vez que se presentan les impiden la entrada y solo pueden hablar con el agente de seguridad en la puerta.

«Llevamos varios meses viniendo, pero no logramos sacar una cita ni nos dejan pasar», reclama Gretchen. Son españoles, una minoría de los que se presentan a las puertas del organismo sin obtener una respuesta.

Sofía Puente Santiago, la directora general de Seguridad Jurídica y Fe Pública del Ministerio de Justicia, es la que ha dado la orden de regresar a la normalidad atendiendo a los ciudadanos.

Uno de los vigilantes se rehúsa a dar razones, insistiendo en que no se puede hacer nada si el edificio está cerrado para el público, pero otro, al preguntársele la razón, dice que se debe a las restricciones sanitarias para evitar el contagio del coronavirus.

Ni ellos ni las personas que entran y salen llevan mascarilla.

El Registro Civil Central es responsable, por definición, de funciones que no competen a otros registros, ya sea porque las circunstancias de los que acuden a él se consideran extraordinarias.

«Antes te ponían la excusa del Covid, pero ahora no dicen ni eso, simplemente está cerrado», arguye una abogada que ha ido para que atiendan las necesidades de su cliente, un afgano que lleva cuatro años buscando la nacionalidad española por opción para sus hijos, ninguno de los cuales ha logrado obtenerla

Estos trámites incluyen procedimientos que se consideran derechos fundamentales de los ciudadanos españoles: registrar el nacimiento de españoles ocurrido en el extranjero o de extranjeros que adquieren la nacionalidad española, los matrimonios secretos o que se celebran en el extranjero con personas que más tarde adquieren la nacionalidad, las defunciones en el extranjero, entre otros.

¿Vulneración de derechos fundamentales?

En este sentido, al negársele estos procedimientos a la ciudadanía en el único sitio donde pueden llevarse a cabo, se vulneran sus derechos fundamentales, opinan algunos de los abogados consultados. Se trata de un secuestro un servicio público esencial.

«Antes te ponían la excusa del Covid, pero ahora no dicen ni eso, simplemente está cerrado», arguye una abogada que ha ido para que atiendan las necesidades de su cliente, un afgano que lleva cuatro años buscando la nacionalidad española por opción para sus hijos, ninguno de los cuales ha logrado obtenerla. Él expresa sus dudas sobre si vale la pena seguir intentándolo.

«Está blindado, no te contactan después de decir que lo harán y no dan justificaciones por no dejar entrar», afirma la abogada, recalcando la ilegalidad de la situación. Asegura que desde el Ilustre Colegio de Abogados de Madrid han intentado reclamar al Registro sin que los reconozcan.

«No se puede hacer reclamaciones, los agentes de seguridad tienen prohibido sellarlas», señala la abogada. «Dicen que la van a presentar en el Consejo General del Poder Judicial, donde lo tendrían que mirar, pero es mentira. Ni el Ministerio de Justicia ni la Subdirección General de Registros y Notariados ni la Inspección General de Registros y Notariados han hecho nada para solucionarlo».

Según esta letrada, que prefiere no hacer pública su identidad, las disposiciones de los jueces Francisco Javier Peñas Gil, que encabeza el Registro Civil número 1 está a cargo de desde junio de 2021, y Amalia Basanta Rodríguez, que se encarga de la segunda sección, han impedido que se pueda entrar sin una cita «exclusiva», a la que acceden muy pocas personas y no se concede ni al contactar al cuerpo por correo electrónico ni teléfono.

Varios testimonios señalan que las autoridades del Registro han exigido un correo certificado como único medio de entrega de documentos.

«Solo a veces hacen los registros de matrimonio para comprobar que son verdaderos», dice la abogada. Un trámite que no se diferencia en riesgo epidemiológico de los demás que piden realizar los visitantes que gotean en la plaza.

Dos años sin funcionar

El último informe del Ministerio de Sanidad, fechado el viernes 18 de noviembre, contó 22.182 infecciones nuevas de coronavirus desde el viernes anterior, una cifra representativa que no incluye a todos los positivos diagnosticados, así como 284 nuevos decesos, lo que lleva el total a 13.573.721 contagios de Covid y 115.641 muertes con prueba diagnóstica positiva desde que se empezaron a contabilizar.

España es la única región de Europa que restringe la entrada a viajeros fuera de la Unión Europea, pero ya no se exige el uso de mascarilla ni distanciamiento social en ningún tipo de establecimiento bajo techo, excepto en el transporte público.

Desde la ralentización de la actividad del Registro Civil Central, no faltan las anécdotas amargas para la abogada, que atiende a clientes de India, Pakistán, Venezuela y muchos países más con un poder registral que le conceden para autorizarla a realizar los procedimientos legales y recoger documentos en sus nombres.

En un caso, el Registro civil perdió el expediente de cinco hijos de un cliente. Otro cliente, de nacionalidad india, amenazó a los guardias de seguridad con quitarse la vida si no podían ayudarlo a resolver sus procedimientos.

En otra ocasión, el Registro Civil de Viladecans envió el libro de familia y certificado de matrimonio de un cliente bangladesí, que se encontraba en aquel país, al Registro Civil Central para que se lo entregara a ella como promotora. Pero al recibirlos, lo devolvieron a Viladecans sin notificarlo.

También el abogado Javier García-Hortal se ve forzado a ir varias veces a este registro. «No intenté entrar cuando la pandemia estaba en su mejor momento, pero después de que empezaron a abrir las otras oficinas públicas, esta seguía igual», afirma, recordando una caso particularmente complicado en el que una cliente suya se dio cuenta antes de casarse de que no le habían legalizado los documentos de su divorcio, que se llevó a cabo en Cuba.

«Era un documento irrecuperable y nos pedían que lo enviáramos por correo postal», dice Javier. «Pudimos enviar un certificado, pero tardaron seis meses en admitirlo», afirma, señalando que si a él, siendo abogado, le resultó complicado, «debe ser imposible» para las personas que necesitan de estos servicios, especialmente los inmigrantes.

Carlos Bernal, ciudadano español y natural cubano, denuncia que desde el Registro General que se encuentra en la calle de la Bolsa, a pocos metros del Registro Civil Central, lo refieren a este edificio a realizar los trámites necesarios para transcribir su inscripción y enviarla a Torrejón de Ardoz. «Siempre nos dejan en el aire, sin explicaciones ni soluciones», exclama, enumerando las vías de contacto que ha probado para que lo atiendan sin que ninguna le haya servido hasta el momento. «Es más fácil entrevistarse con Dios».

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