Las tres asociaciones de Letrados de la Administración de Justicia (LAJs, antiguos secretarios judiciales) vuelven a advertir al Ministerio de Justicia que o hay avances con el colectivo y cumple los compromisos que asumió el pasado mes de abril o seguirá la huelga, que en enero ya será indefinida.
Los paros, que comenzaron ayer se han saldado en esta segunda jornada, según los datos de las organizaciones convocantes, con un seguimiento del 80% del colectivo y han supuesto, al igual que ayer, la «suspensión de más de 10.000 juicios y vistas».
De momento, el Ministerio no ha ofrecido sus cifras.
Ayer también realizaron concentraciones frente a las sedes judiciales como señal de protesta. La huelga continuará el 14 y 15 de diciembre y en enero será diaria.
Las asociaciones convocantes denuncian que durante la jornada de hoy, el Gobierno «ha vetado la enmienda a la Ley de Eficiencia Organizativa propuesta por Ciudadanos para incluir la cláusula de enganche de la retribución de los LAJs a la de los jueces», lo que interpretan como «una provocación».
Con estos paros estas organizaciones han unido sus fuerzas por primera vez desde hace un año, cuando el Colegio Nacional de Letrados de la Administración de Justicia (CNLAJ) y la Unión Progresista (UPSJ), las dos mayoritarias, rompieron relaciones al no apoyar el Colegio la huelga convocada por UPSJ, a la que sí se sumó la Asociación Independiente (AINLAJ).
LO COMPROMETIDO
Según exponen, el pasado mes de abril, el Ministerio asumió una serie de acuerdos con las asociaciones de LAJS como consecuencia de la situación planteada en ese momento, «derivada del incumplimiento por el Ministerio de la disposición adicional 157 de la Ley de Presupuestos para 2021».
Destacan que el Departamento que dirige Pilar Llop asumió el compromiso de modificar los Reales Decretos retributivos este mismo año, para asimilar el régimen de grupos de población al sistema que ya tienen el resto de los funcionarios de Justicia, y, en concreto, los médicos forenses, e impulsar la vinculación de las retribuciones de los letrados a las de la carrera judicial, a través de la “cláusula de enganche” en el Proyecto de Ley Orgánica de Eficiencia Organizativa (PLOEO).
«Son reclamaciones de pura Justicia, no queremos más de lo que ya tienen nuestros compañeros, ni más de lo que ya nos reconoció la Ley de Presupuestos de 2021 como justa respuesta al incremento de responsabilidades que venimos asumiendo, en cada reforma legal», subrayan.
E indican que esta circunstancia se repetirá de nuevo si se ponen en marcha los Proyectos de Ley que ahora están tramitándose en el Congreso de los Dipitados.
Según denuncian, transcurridos siete meses, constatan «un flagrante incumplimiento de la palabra dada, ya que la modificación de los grupos de población no ha seguido el ritmo adecuado como consecuencia de la inacción del Ministerio, y finalmente no tuvo entrada enmienda alguna a instancias de Justicia en la tramitación del Proyecto de Ley Orgánica de Eficiencia Organizativa».
Además, indican que «otros muchos proyectos» que deberían estar concluidos en la Secretaría General se han retrasado de forma «injustificada», como «el Real Decreto de sustituciones (cuya aprobación supone un importante ahorro para las arcas públicas), escalafón (que termina de publicarse con mucho retraso), nuevo Estatuto, etc».
Frente a ello, el CNLAJ y la UPSJ remitieron a principios de este mes una carta al Ministerio solicitando una reunión para conocer en qué términos se mantienen los compromisos adquiridos con este colectivo, tras las reuniones mantenidas en su día con el secretario general y con el secretario de Estado.
Según explican, pese a que se pedía una convocatoria urgente y pese al «creciente descontento del colectivo, que se viene haciendo patente en las asambleas que se han celebrado en todos los partidos judiciales», no se les convocó a ninguna reunión, por lo que «ante los flagrantes incumplientos» convocaron estas jornadas de paros.
Y continuarán con la huelga hasta que el Ministerio lleve a cabo «la inmediata entrada en vigor de los nuevos grupos de población y promueva la aprobación de la cláusula de enganche».
Advierten de que hasta que la ministra Llop y su equipo «no cumplan con la palabra dada» seguirá la huelga de este Cuerpo, que «debe ser protagonista en el despliegue de los cambios organizativos y procesales que en estos momentos están en tramitación parlamentaria».
Al igual que ayer, las tres asociaciones lamentan los posibles perjuicios que ha podido causar la huelga a la ciudadanía y al resto de operadores jurídicos, pero insisten en que «tras meses de diálogo, el incumplimiento del Ministerio de Justicia, demostrado una vez más en el día de hoy, no ha dejado otra opción».
