El presidente del Consejo General de la Abogacía Española, Salvador González, ha reclamado este miércoles que se dote de recursos suficientes al sistema judicial para garantizar una correcta implantación de la reforma organizativa prevista en la Ley Orgánica 1/2025, de eficiencia del servicio público de Justicia y corregir las disfunciones detectadas en su aplicación.
«El nuevo modelo supone un cambio profundo en la estructura judicial, pero requiere ajustes para evitar impactos negativos en el funcionamiento cotidiano del sistema», ha advertido González durante la inauguración de un ciclo de formación organizado conjuntamente por la Abogacía Española y el Colegio Nacional de Letrados de la Administración de Justicia (CNLAJ).
En el acto también ha participado el presidente de esta última institución, Ernesto Casado.
La LO 1/2025, a debate
La jornada ha servido para analizar el impacto que la reforma organizativa de la Ley Orgánica 1/2025 —en vigor desde el 3 de abril de 2025— está teniendo sobre los distintos operadores jurídicos.
En este contexto, González ha subrayado el valor de la cooperación institucional para afrontar los cambios en marcha. «Cuando trabajamos juntos, la Justicia avanza», ha señalado.
Uno de los principales focos del debate ha sido la implantación de los tribunales de instancia, que comenzaron a funcionar el 1 de julio del pasado año y que han supuesto la transformación de los cerca de 3.800 juzgados unipersonales existentes en 431 Tribunales de Instancia.
A juicio del presidente de la Abogacía, se trata de «una reforma estructural» cuya puesta en práctica está revelando «disfunciones que deben corregirse». Entre las mejoras necesarias ha citado la simplificación de trámites para reducir cargas de trabajo y acortar los tiempos de respuesta judicial, así como la culminación de la digitalización completa de los procedimientos.
Primera sesión del ciclo formativo
Tras la intervención institucional se ha celebrado una mesa redonda en la que han participado el abogado Mateo Juan Gómez, socio de Buades Legal; María José Cañizares, miembro de la Junta Ejecutiva del CNLAJ; y Ángel Cervantes, presidente de la Comisión de Relaciones con la Administración de Justicia
Los ponentes han analizado cómo se está desarrollando la implantación de los tribunales de instancia en las distintas comunidades autónomas y los retos que está planteando el nuevo modelo organizativo.
El ciclo formativo continuará el próximo 11 de marzo con una sesión dedicada al uso de los Medios Adecuados de Solución de Controversias (MASC) como requisito de procedibilidad. Sobre esta cuestión, González ha reconocido que estos mecanismos «están generando, en algún ámbito, incertidumbre práctica que exige criterios claros y seguridad jurídica».
La transformación digital de la Justicia será el eje de la jornada prevista para el 18 de marzo. En relación con este proceso, el presidente de la Abogacía ha insistido en que la modernización tecnológica es imprescindible, aunque debe garantizar «proximidad, interoperabilidad y fiabilidad de los sistemas».
El programa se cerrará el 25 de marzo con una sesión centrada en las costas procesales. En este ámbito, González ha advertido de que «la ausencia de criterios orientativos de honorarios para la fijación de costas compromete el derecho de ciudadanos y empresas a conocer el riesgo económico de litigar».
«La actualización constante a lo largo de toda la carrera es una exigencia ética y una obligación profesional para poder responder con solvencia a los cambios normativos», ha concluido González.
