La letrada Emilia Zaballos, presidenta de la Fundación Zaballos para la Defensa de los Derechos Constitucionales, ha creado la primera Asociación de Afectados por la Reforma de la Ley del sólo sí es sí «tras la incertidumbre que se ha generado con la entrada en vigor de la nueva Ley Orgánica 10/2022 de 6 de septiembre de garantía integral de la libertad sexual», han explicado desde la Fundación que defiende y protege los derechos constitucionales de los ciudadanos.
Esta ley se puso en marcha el pasado 7 de octubre y desde entonces se han producido, como mínimo, 39 rebajas de condena por agresión sexual y al menos 11 excarcelaciones por este delito. Hasta 17 audiencias provinciales se han pronunciado a favor de revisar esas penas y hoy por hoy sólo las de Navarra y La Rioja se mantienen en contra.
Por este motivo, la letrada, de la mano de la Fundación, ha creado esta nueva asociación. El objetivo es acompañar a todas las personas -especialmente a las mujeres- que ante la situación de desconcierto y confusión puedan verse desprotegidas.
Asesoramiento, información, defensa de los derechos…
Por ello, desde la asociación se va a ofrecer asesoramiento, información, defensa integral de los derechos «de todas y cada una de ellas» y se ayudará a solventar las dudas que puedan plantearse para obtener una información jurídica y objetiva clara. Así como la defensa de sus derechos como perjudicadas de la propia norma y de la ejecución de la misma.
En definitiva, la asociación se plantea como uno de sus fines fundamentales velar por la protección y defensa de los derechos de las mujeres afectadas por la aplicación y ejecución de la Ley Orgánica 10/2022 del «sólo sí es sí».
Y es que, según han explicado, por mucho que los jueces y magistrados quieran actuar de otra manera, no les es posible. «Esta invasión del Poder Ejecutivo acaba afectando a los pilares de un Estado de Derecho y, finalmente, acaba creando grandes perjuicios a los ciudadanos y víctimas de delitos como es el caso».
Por ello, han considerado que los responsables de su tramitación, ante un posible comportamiento incoherente o negligente, «deben asumir la responsabilidad derivada de tal comportamiento imprudente».
