El magistrado de la Audiencia Nacional (AN) José Luis Calama finalmente ha procesado al empresario Álvaro Romillo, alias «CryptoSpain», como cabecilla de la supuesta estafa piramidal de Madeira Invest Club (MIC).
Un auto supone una victoria para los afectados de esta trama, representados el 90 % de ellos por la firma Zaballos Abogados, de la que es socia directora Emilia Zaballos, quien, junto con su socio, Francisco Jiménez, se ha convertido en pieza fundamental para este desenlace conocido ayer.
A través de un auto, al que ha tenido acceso Confilegal, la Audiencia Nacional procesó a Álvaro Romillo Castillo, Borja Lara Varas, Alejandro Pérez Frías, Pedro Estanislao Bris García, Domingo Romillo Iriarte, Mihaela Munteanu Manole –pareja de Romillo–, Daniel Alcázar Jiménez, Rosa María de Oliveira de Castrol, Yolanda Nieto Galera y Juan José Moreno Ruiz por la presunta estafa de más de 185 millones de euros a 3.062 inversores entre enero de 2023 y septiembre de 2024.
«Nosotros hemos hecho un trabajo impecable y hemos aportado gran parte de la información para abrir las puertas. Pero sin la agilidad y la rapidez del magistrado y de la UCO, no se hubiera llegado a los bienes. Y sin el apoyo de la Fiscalía, no estaría en prisión, ni tendríamos auto de procesamiento», explica Emilia Zaballos a Confilegal.
«Para mí, aquí hay una cosa importantísima: quiero felicitar al magistrado Calama, y a la fiscal. Han hecho un trabajo ejemplar, y rapidísimo. La UCO ha trabajado con muchísima agilidad. Y nosotros hemos hecho un trabajo de aportar cada semana pruebas, datos y nombres. Tenemos esperanzas de recuperar todo o parte de lo invertido», explica la abogada.
El pasado mes de septiembre, su firma interpuso un recurso de apelación advirtiendo sobre el riesgo de fuga y destrucción de pruebas. Porque Romillo continuaba dilapidando fondos tras estar investigado: compró un nuevo yate en noviembre de 2024 y mantenía gastos incompatibles con su situación procesal.
Pero quizás lo más grave: incluso después de denunciarse la estafa, es que Romillo habría intentado captar nuevos fondos de víctimas con falsas promesas de negocios. Un comportamiento que, según Zaballos Abogados, demostraba «persistencia en la actividad criminal».
El 7 de noviembre pasado, el magistrado Calama ordenó, a petición de la fiscalía y de la acusación particular, el ingreso en prisión de Romillo.
Una decisión que la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, ante la que recurrió en apelación el imputado, refrendó ante el 5 de diciembre por considerar acreditado un alto riesgo de fuga debido a la “ingente capacidad económica” que Romillo mantiene en el extranjero, lo que, según la resolución, le permitiría vivir “holgadamente” en países donde podría eludir órdenes de busca y captura.
Ahora Calama ha dado el paso definitivo procesando a Romillo y a sus cómplices.
El caso Madeira Invest Club, dividido en tres piezas
El procedimiento judicial abierto contra el creador de Madeirainvest, Álvaro Romillo, se articula en tres piezas claramente diferenciadas, una estructura habitual en causas complejas de delincuencia económica y organizada que permite al juzgado abordar de forma ordenada los distintos planos del caso.
La pieza principal se centra en los delitos de estafa agravada en modalidad de delito masa y organización criminal. En ella, el juez de la Audiencia Nacional analiza el núcleo de los hechos investigados: la creación y dirección de un entramado estable y jerarquizado destinado a captar fondos de miles de inversores mediante un modelo fraudulento.
Esta pieza examina la conducta de los procesados, la distribución de funciones dentro de la organización, el funcionamiento de la plataforma Madeirainvest y el perjuicio económico causado, cifrado en más de 185 millones de euros.
También incluye las decisiones relativas a la situación personal de los investigados, como el mantenimiento de Romillo en prisión provisional por riesgo de fuga y de reiteración delictiva.
De forma separada, el magistrado ha abierto una pieza específica por blanqueo de capitales. Su objetivo es investigar el destino del dinero presuntamente defraudado y los mecanismos utilizados para ocultar su origen ilícito. Esta parte del procedimiento aborda el uso de sociedades instrumentales, cuentas bancarias, criptomonedas y bienes adquiridos en múltiples jurisdicciones.
Calama subraya que se trata de una investigación especialmente compleja, aún en fase inicial, que exige la emisión de comisiones rogatorias y órdenes europeas de investigación para seguir el rastro internacional de los fondos.
La tercera es la pieza de responsabilidades pecuniarias, orientada a garantizar la eventual reparación económica del daño causado a las víctimas. En este marco, el juez ha impuesto a los diez procesados una fianza solidaria de 247,3 millones de euros, cantidad que resulta de añadir un tercio a la suma presuntamente defraudada, conforme a lo previsto en la ley.
Esta pieza se apoya en un amplio conjunto de medidas cautelares ya acordadas, como embargos, bloqueos de cuentas y decomisos preventivos de bienes.
Con esta triple división, la Audiencia Nacional separa la determinación de los hechos y las responsabilidades penales, la investigación patrimonial y financiera, y la cobertura de las posibles indemnizaciones, dotando al proceso de mayor eficacia y claridad en una causa de especial envergadura.
UNA ORGANIZACIÓN CRIMINAL «ESTRUCTURADA Y JERARQUIZADA»
La resolución sostiene que Romillo, conocido como “Cryptospain”, diseñó y dirigió una organización criminal “estructurada y jerarquizada”, orientada al lucro ilícito.
Bajo su liderazgo, los demás integrantes desempeñaban funciones concretas para captar inversores, gestionar la plataforma digital y ocultar los beneficios obtenidos. El magistrado subraya que Romillo ejercía un control directo sobre la operativa, desde la captación de fondos hasta la distribución del dinero desviado.
Según el auto, el núcleo del fraude consistía en la “apropiación sistemática” de las cantidades aportadas por los inversores a través del portal Madeirainvest.com, que se presentaba como una plataforma segura y rentable.
En ella se ofrecían supuestos productos de inversión —denominados internamente “obras”— como relojes de lujo, vehículos, inmuebles, startups, oro y otros metales preciosos.
En realidad, no existía una actividad inversora real y los fondos eran transferidos a cuentas controladas por Romillo y su entorno.
Calama destaca que la plataforma garantizaba rentabilidades mínimas de hasta el 20 %, un elemento clave para generar confianza y atraer capital. Como consecuencia, 3.062 personas resultaron perjudicadas, con pérdidas cuantificadas en 185.511.947,76 euros.
Para la captación de clientes, Romillo utilizó redes sociales como TikTok y YouTube, donde difundía contenidos sobre criptomonedas, productos financieros y fiscalidad, y organizó eventos multitudinarios con la participación de personajes públicos.
En relación con la estafa, el auto describe el modelo como un negocio de tipo piramidal, en el que el dinero recibido “no se destinaba a la compra del bien ofrecido, sino que se canalizaba inmediatamente a otras mercantiles creadas para distraerlo”, lo que evidencia —según el juez— que “el modelo de negocio se basaba en un fraude”.
De ahí que concluya que la conducta de Romillo fue engañosa desde el inicio y orientada exclusivamente a la captación de capital.
El delito de organización criminal se fundamenta en la existencia de un entramado estable, liderado por Romillo, en el que cada miembro cumplía tareas operativas necesarias para sostener la apariencia de un negocio legítimo y así obtener grandes sumas de dinero bajo la promesa de altas rentabilidades.
La fianza de 247.349.230 euros impuesta a los diez procesados resulta de añadir un tercio a la cantidad presuntamente defraudada, conforme a lo previsto legalmente. Paralelamente, el juzgado central de instrucción investiga el desvío y blanqueo de los fondos, para lo que será necesario recurrir a comisiones rogatorias y órdenes europeas de investigación.
El auto detalla, además, un entramado societario compuesto por 52 sociedades, 106 cuentas bancarias, inmuebles y embarcaciones, distribuidos en al menos 15 jurisdicciones.
Por todo ello, el magistrado acuerda mantener a Romillo en prisión provisional ante el riesgo de fuga y de reiteración delictiva.
