Las denominadas “manadas” constituyen uno de los fenómenos más alarmantes de violencia sexual contemporánea. No se trata únicamente de violaciones múltiples: hablamos de una violencia organizada y deshumanizadora, donde la víctima es convertida en un “objeto colectivo” y despojada de su individualidad y dignidad.
Cuando la víctima presenta además discapacidades físicas o intelectuales, se agrava la vulnerabilidad estructural: estas mujeres dependen con frecuencia de entornos familiares o institucionales que, en demasiadas ocasiones, fallan en su deber de protección.
La indefensión se multiplica y el riesgo de impunidad crece.
El componente grupal revela una dinámica de dominación masculina que trasciende la satisfacción sexual: la agresión se convierte en un ritual de cohesión y reafirmación del poder del grupo. Es una violencia cobarde, que se enmascara tras la fuerza del número y que busca someter a la víctima como símbolo, no solo como persona.
Revictimización social y judicial
En estos contextos, la revictimización es doble. Por un lado, socialmente, las mujeres afectadas —especialmente las que tienen alguna discapacidad— se enfrentan a prejuicios, incredulidad o condescendencia.
Por otro, en el ámbito judicial y mediático, existe un riesgo evidente de invisibilización o de exposición morbosa que dificulta su recuperación.
La victimización secundaria es un fenómeno documentado por organismos internacionales como la ONU Mujeres o el Convenio de Estambul (ratificado por España en 2014), que exige a los Estados la obligación de proteger y evitar la repetición del daño.
«No estamos ante hechos aislados, sino ante un síntoma de desigualdad estructural que atenta contra la dignidad de las mujeres y contra los pilares mismos del Estado de DerechºV.
Aunque la violencia sexual grupal existía desde mucho antes —baste recordar el caso de Sandra Palo (2003) del que fui abogada defensora de uno de los agresores y asesinos, Ramón—, fue con la agresión de Pamplona en 2016 cuando los medios acuñaron y viralizaron el término “La Manada”.
Desde entonces, la sociedad española e incluso la prensa internacional han visibilizado más este fenómeno, aunque con un riesgo cierto: la espectacularización del crimen.
Mientras algunos casos generan portadas y debates nacionales, otros quedan relegados a breves de crónica local. Esa cobertura desigual contribuye a que muchas víctimas permanezcan invisibles, cuando la visibilidad —bien gestionada, sin vulnerar la intimidad ni la dignidad— es esencial para combatir la repetición.
La solución no pasa por otorgar notoriedad a los agresores, sino por identificarlos públicamente con la vergüenza social que merecen, y proteger siempre la identidad de las víctimas.
Respuesta legal y social
El impacto social del caso de Pamplona derivó en una reforma legislativa de calado: la Ley Orgánica 10/2022, de garantía integral de la libertad sexual, que clarifica la tipificación de las violaciones grupales y redefine el consentimiento como elemento central del delito. Esta norma también incorpora medidas de prevención y asistencia a víctimas, aunque aún enfrenta retos en su aplicación práctica.
La reacción social ha sido clara: la ciudadanía reclama sanciones ejemplares. Sin embargo, el endurecimiento penal no basta. Los colectivos feministas y expertos en criminología insisten en que la clave está en la prevención educativa, en la coeducación desde la infancia y en el fortalecimiento de las redes de apoyo institucionales.
La justicia restaurativa y la formación en perspectiva de género para jueces, fiscales y policías son igualmente imprescindibles para garantizar que estos delitos se investiguen y juzguen con la sensibilidad debida.
El papel de los medios: entre la pedagogía y el morbo
La cobertura mediática de estos hechos es necesaria, pero debe evitar convertirse en espectáculo. El reto periodístico es informar sin sensacionalismo, sensibilizar sin revictimizar y contribuir a la pedagogía social. Solo así se podrá generar un debate profundo y sostenido sobre cómo prevenir, detectar y erradicar este fenómeno.
Las “manadas” representan la expresión más brutal del patriarcado y de la violencia sexual colectiva, una forma de criminalidad que desgarra los principios básicos de convivencia.
Cada caso es una llamada de atención a todos los estamentos sociales: Al legislador, para seguir perfeccionando las herramientas legales.A la justicia, para garantizar respuestas rápidas, firmes y sensibles. A los medios, para informar con rigor y responsabilidad y a la sociedad en su conjunto, para no normalizar jamás estas conductas.
Erradicar esta lacra exige un pacto colectivo y transversal, en el que educación, justicia, medios y ciudadanía actúen unidos.
Porque no estamos ante hechos aislados, sino ante un síntoma de desigualdad estructural que atenta contra la dignidad de las mujeres y contra los pilares mismos del Estado de Derecho.
