“La mejor forma de alargar la vida es no hacer nada para acortarla” es algo que siempre he tenido claro y comparto con el profesor Pedro Guillén, al referirse con ella a la necesidad de abordar el envejecimiento desde una perspectiva científica, preventiva y responsable.
La medicina regenerativa, junto con la investigación sobre telómeros, abre un horizonte donde la longevidad humana deja de ser un sueño para convertirse en un reto jurídico, ético y social de primer orden.
Los que me conocéis sabéis que todos estos temas novedosos, como los neuroderechos, todo lo relacionado con las nuevas tecnologías, con avances científicos y cómo afectará al ser humano su utilización, no solo me apasiona: también me ocupa y preocupa.
No soy una experta en la materia, pero sí una curiosa de la misma. Considero que el reloj biológico de nuestras células está en los telómeros y, con ello, en cómo se regule jurídicamente los avances científicos y su uso y accesibilidad por todos nosotros.
Los telómeros, esas secuencias repetitivas de ADN que protegen los extremos de los cromosomas, funcionan como un “reloj biológico” que marca los límites de la vida celular.
Su acortamiento progresivo conduce a la senescencia y al envejecimiento de los tejidos, lo que, a su vez, incrementa la aparición de enfermedades crónicas a partir de los 50 años.
NUESTRO RETO: FRENAR EL ENVEJECIMIENTO
Nuestro reto actual es frenar que esto siga pasando. ¿Por qué no enfocar el envejecimiento como una enfermedad más del ser humano y buscar un antídoto para curarla como hemos hecho con la lepra, el cáncer, el SIDA, la COVID-19?
Nos hemos limitado, a lo largo de la historia, a aceptar la vejez como la conocemos, que es la evolución predeterminada y el final de la longevidad para el individuo.
Pero estos avances han demostrado que cambiar el enfoque nos permite encontrar nuevos resultados, y esto es lo que los avances están logrando.
Investigadores como María Blasco y Enrique Samper han situado a España en la vanguardia mundial de esta investigación, demostrando que retrasar el desgaste de los telómeros no solo aplazaría la vejez biológica, sino que reduciría el gasto sanitario asociado al envejecimiento poblacional, un desafío crucial en un país que encabeza los rankings de longevidad y cuya Seguridad Social y prestaciones están en una situación crítica y de complicado endeudamiento.
Nos estamos moviendo en este momento entre la ciencia y el derecho, con apenas límites bien definidos, y sabiendo que entre ellos es necesaria la obligación de caminar juntos imperativamente.
Medicina regenerativa, medición de la microbiota y límites respetando los derechos humanos van de la mano para mí siempre.
La medicina regenerativa avanza en paralelo al estudio de la microbiota y sus patrones básicos. Según los expertos, su medición periódica permitirá detectar alteraciones que comprometen la salud y actuar solo cuando se produzcan desarrollos desproporcionados.
El potencial de estas terapias —hoy todavía costosas— apunta hacia un futuro donde puedan democratizarse y estar al alcance de cualquier ciudadano, supuestamente.
«El avance científico en torno a los telómeros, la microbiota y la medicina regenerativa podría redefinir nuestra concepción del envejecimiento y la muerte, pero exige un marco jurídico que acompañe esta revolución biotecnológica».
¿ACCESO UNIVERSAL A ESTAS TERAPIAS?
Sin embargo, surge aquí una pregunta clave desde el punto de vista jurídico: ¿deben los Estados garantizar el acceso universal a estas terapias, del mismo modo que hacen con los tratamientos contra el cáncer o la diabetes? ¿O estaremos ante una innovación que perpetúe desigualdades, reservada para élites económicas y tecnológicas?
Para conseguir estos avances se ha trabajado con el sistema infalible de “prueba-error”. Y para eso siempre han sido necesarios “conejillos de indias”, que han permitido investigar y seguir haciéndolo.
Cuando empecé a interesarme por el tema, de la primera persona que escuché hablar fue de Henrietta Lacks, mujer que sufrió mucho para superar sus graves problemas de salud y que, a la vez, fue muy generosa supuestamente y el inicio de esta nueva visión para la investigación.
Pero también me surgió, como jurista, una pregunta: ¿ella sabía lo que realmente se hacía con su cuerpo en aquella época y se le pidió consentimiento para ello? ¿Realmente autorizó su explotación futura?
Sabemos que no se hizo y se rompieron todas las reglas, pero lo cierto es que abrió una gran puerta para los científicos a partir de aquella época, consintiendo o no. La humanidad siempre estará en deuda con ella.
El debate sobre telómeros y medicina regenerativa no puede obviar los dilemas éticos que ya marcaron la historia de la biomedicina. El caso de Henrietta Lacks, cuyas células fueron utilizadas sin su consentimiento en 1951 para crear la primera línea celular inmortal (HeLa), se mantiene como un paradigma de la vulneración del consentimiento informado y de la apropiación indebida de material biológico humano.
Hoy, los ordenamientos jurídicos europeos y americanos han reforzado la normativa en materia de bioética y protección de datos genéticos.
Sin embargo, la frontera sigue siendo difusa: ¿quién es el propietario de los datos biológicos y genómicos? ¿El paciente, el investigador o la empresa que desarrolla la tecnología?
Una vez más, nos encontramos con la “materia jurídica” pendiente.
CUATRO RETOS INÉDITOS
Desde la perspectiva del derecho constitucional y de los derechos humanos, la manipulación de los mecanismos de envejecimiento plantea retos inéditos:
El primero es el derecho a la igualdad y a la no discriminación: el acceso desigual a terapias de longevidad podría crear una nueva brecha entre quienes pueden prolongar su juventud biológica y quienes no.
El segundo, es el derecho a la integridad personal: manipular telómeros supone intervenir directamente en el núcleo de la identidad biológica de la persona.
El tercero es el consentimiento informado reforzado: se requieren garantías adicionales para asegurar que las personas entiendan los riesgos y beneficios de estas intervenciones.
Y el cuarto, la propiedad y el uso de muestras biológicas: urge una regulación clara que impida la explotación de datos y tejidos humanos sin compensación justa y transparente.
Si me preguntáis si soy partidaria de todos los avances científicos en materia de longevidad, afirmaría sin dudarlo SÍ, añadiendo: pero con Justicia.
El avance científico en torno a los telómeros, la microbiota y la medicina regenerativa podría redefinir nuestra concepción del envejecimiento y la muerte, pero exige un marco jurídico que acompañe esta revolución biotecnológica.
El derecho no debe ser un freno, pero tampoco un espectador pasivo: ha de garantizar que la búsqueda de la inmortalidad no se convierta en una nueva forma de desigualdad, explotación o mercantilización del cuerpo humano.
En definitiva, y una vez más, bajo mi modesta opinión, debo reseñaros que, como advierte la bioética contemporánea, la pregunta no es solo si podemos vivir más tiempo, sino cómo, para quién y bajo qué reglas lo haremos.
Ahí os lo dejo para empezar septiembre pensando…