Las víctimas del caso Madeira Invest Club han presentado recurso de apelación contra la decisión del magistrado titular del Juzgado Central de Instrucción 4 de la Audiencia Nacional, José María Calama Teixeira, de no citar a declarar a los principales investigados ni plantear su ingreso en prisión preventiva.
Una decisión que sorprende cuando el caso ya acumula casi un año de instrucción sin que Álvaro Romillo y su pareja, Mihaela Munteanu Manole, hayan pisado los juzgados.
El despacho Zaballos Abogados, que representa al 90 % de los afectados, lleva meses solicitando estas comparecencias. La última petición llegó el 18 de agosto, precisamente después del rocambolesco episodio del supuesto robo que habría sufrido la pareja en su mansión de Ciudadcampo, una de las urbanizaciones más lujosas y exclusivas al norte de la Comunidad de Madrid.
Un robo de película
Los hechos, según el relato policial, rozan lo cinematográfico. El 11 de agosto, tras regresar de Ibiza en jet privado y trasladarse en limusina Maybach hasta su domicilio, cinco encapuchados habrían asaltado a Romillo y a Munteanu.
El botín: relojes, joyas, 250.000 euros en efectivo y 1,3 millones en criptomonedas. Casi dos millones en total que la pareja guardaba en casa.
Las circunstancias han despertado sospechas inmediatas. Emilia Zaballos y Francisco Manuel Jiménez Aguilera, los letrados que lideran la acusación, no descartan que se trate de un robo simulado.
Por ello han conseguido que la Audiencia Nacional solicite el atestado de la investigación que lleva el Juzgado de Instrucción de Alcobendas.
Las cuentas que no cuadran
El supuesto robo ha puesto sobre la mesa una paradoja inquietante: ¿cómo mantiene Romillo su tren de vida de lujo cuando la Audiencia Nacional ha decretado un embargo de 270 millones de euros sobre su patrimonio?
Jets privados, alquileres en urbanizaciones de élite donde viven desde Aitana hasta Baltasar Garzón, y efectivo a manos llenas.
Los abogados han pedido que AENA informe sobre los detalles del vuelo privado y que la empresa propietaria de la vivienda explique cómo se pagan los alquileres. El objetivo: seguir el rastro del dinero.
Pero el magistrado del Central de Instrucción número 4 ha denegado estas diligencias, lo que ha motivado el recurso de apelación.
Las víctimas consideran incomprensible dicha inacción. El supuesto robo ha evidenciado que los principales investigados de la presunta organización criminal disponen de importantes cantidades en efectivo, joyas, relojes y criptomonedas que son fáciles de mover y ocultar.
La dilación, además, contrasta llamativamente con otros casos.
Romillo ya ha declarado ante el Tribunal Supremo en el caso Alvise por apenas 100.000 euros. Mientras tanto, en la Audiencia Nacional, causas millonarias como FxWinning, Arbistar o Biosca no han sufrido estas demoras para citar a sus principales investigados.
El riesgo de fuga
El recurso de apelación incluye argumentos contundentes sobre el riesgo de fuga y destrucción de pruebas. Según la acusación, Romillo ha continuado dilapidando fondos tras estar investigado: compró un nuevo yate en noviembre y mantiene gastos incompatibles con su situación procesal.
Además, no ha entregado la documentación contable requerida antes del 26 de julio —a 8 de septiembre seguía sin presentar nada— y ha utilizado una red de sociedades pantalla para vaciar patrimonio.
Los investigadores localizaron 56 vehículos ocultos en naves alquiladas a terceros, algunos aún sin aparecer.
Pero quizás lo más grave: incluso después de denunciarse la estafa, Romillo habría intentado captar nuevos fondos de víctimas con falsas promesas de negocios. Un comportamiento que, según la acusación, demuestra «persistencia en la actividad criminal».
El dinero invisible
La investigación apunta a que gran parte de lo defraudado permanece oculto en «wallets frías» fuera de los «exchanges» centralizados, posiblemente utilizando «mixers» para borrar su trazabilidad. Una sofisticación técnica que agrava el riesgo de ocultación definitiva de los fondos.
El caso Madeira Invest Club se ha convertido así en una carrera contra el tiempo. Mientras las víctimas reclaman respuestas, los principales investigados mantienen un silencio que ya dura casi un año.
El recurso de apelación busca romper esa barrera que, hasta ahora, ha protegido a quienes deberían estar dando explicaciones en el banquillo.
