La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha confirmado la prisión provisional sin fianza para Álvaro Romillo, creador de la plataforma Madeirainvest, acusado de un presunto fraude que habría afectado a más de 3.000 inversores y superado los 185 millones de euros. El tribunal considera acreditado un alto riesgo de fuga debido a la “ingente capacidad económica” que Romillo mantiene en el extranjero, lo que, según la resolución, le permitiría vivir “holgadamente” en países donde podría eludir órdenes de busca y captura.
En un auto, los magistrados de la Sección Cuarta desestiman el recurso interpuesto por Romillo contra la decisión del juez José Luis Calama, titular del Juzgado Central de Instrucción nº 4, que acordó su ingreso en prisión provisional el pasado 7 de noviembre.
Transferencias millonarias y patrimonio internacional
La resolución detalla que, durante la investigación, se han identificado transferencias por 12.935.000 euros en una cuenta de Singapur, que previamente había recibido más de 29 millones de una cuenta en un banco de Portugal presuntamente utilizada para desviar fondos de los inversores. Desde esa misma estructura financiera, añade el tribunal, se transfirieron 18 millones de dólares a una cuenta situada en Tailandia.
A ello se suma que Romillo posee bienes inmuebles, vehículos de lujo y embarcaciones en distintos países, además de una cuenta en criptomonedas con más de 7 millones de euros cuyo único titular es el propio investigado.
El tribunal concluye que esta red patrimonial en el extranjero incrementa no solo el riesgo de fuga, sino también la posibilidad de destrucción u ocultación de pruebas, especialmente por tratarse de un entramado societario y financiero distribuido en múltiples jurisdicciones. Añade que, en libertad, Romillo podría seguir operando con los fondos desde el extranjero mediante medios telemáticos.
Hasta 15 años de prisión para Romillo
La Audiencia Nacional subraya igualmente que las penas asociadas a los delitos atribuidos —organización criminal, blanqueo de capitales, falsedad continuada en documento mercantil y estafa agravada en delito masa— superan los nueve años y podrían elevarse hasta dieciséis años de cárcel. La gravedad del posible castigo y la disponibilidad de grandes recursos económicos en el extranjero refuerzan, según los magistrados, el riesgo de fuga.
Además, el tribunal destaca que la prisión provisional contribuye a evitar la desaparición del patrimonio supuestamente obtenido mediante las operaciones fraudulentas, lo que resulta clave para garantizar, en la medida de lo posible, futuras reparaciones a las víctimas.
