El eurodiputado Luis ‘Alvise’ Pérez compareció ayer ante el Tribunal Supremo con una estrategia clara: reconocer los hechos, pero redefinir su naturaleza. El líder de Se Acabó la Fiesta admitió haber recibido 100.000 euros en efectivo del empresario Álvaro Romillo, alias ‘CryptoSpain’, pero negó categóricamente que ese dinero financiara su campaña electoral.
La versión de los hechos según Alvise
Ante el magistrado instructor, Julián Sánchez Melgar, Alvise construyó una narrativa sencilla: los 100.000 euros fueron el pago por una conferencia sobre libertad financiera ante 3.500 personas en el Hipódromo de Madrid. «No era para la campaña electoral, en modo alguno», declaró con rotundidad.
El eurodiputado describió una relación mínima con Romillo: «Le he visto 15 minutos en persona en mi vida».
Según su testimonio, solo mantuvieron dos conversaciones presenciales y algunos intercambios por Signal, la aplicación de mensajería cifrada que utilizaba «por seguridad, no por ánimo de ocultamiento».
La «carta a los Reyes Magos»
En uno de los pasajes más reveladores de su declaración, Alvise admitió haber enviado a Romillo lo que él mismo calificó como una «carta a los Reyes Magos». En esta lista detallada, solicitaba dinero para múltiples necesidades: desde gastos de abogados hasta «mi propio funcionamiento de vida».
La entrega del dinero, según relató, se produjo en efectivo a través de un intermediario: «10 fajos de 10.000 euros» que recibió «en un sobre blanco» o «una maleta de porte negra» —no recordaba el detalle exacto—.
El dinero fue directamente a su domicilio: «No iba a ir con 100.000 euros por la calle».
La cronología como defensa
Alvise desplegó su principal argumento defensivo: la imposibilidad temporal. Según su testimonio, «la inmensa mayoría de los gastos» de su campaña —que cifró en «30 y pico mil euros»— se pagaron antes de recibir el dinero de Romillo.
Una campaña que documentó «casi como un reality desde el día uno».
Los gastos principales, según detalló, fueron camisetas y papeletas electorales por unos 15.000-16.000 euros. Incluso llegó a devolver 5.000 euros sobrantes a los donantes, como exige la ley. «No sé la financiación ilícita dónde puede estar», declaró con contundencia.
El destino del dinero
¿Qué hizo entonces con los 100.000 euros? Alvise aseguró que no los tocó hasta el verano, destinándolos a «gastos de día a día», viajes y comidas con «fuentes de información» —actividades que negó estuvieran relacionadas con el partido—. También mencionó su promesa electoral de renunciar al sueldo como eurodiputado: necesitaba «capitalizarse» para cumplirla.
Según su declaración, aún conserva «una gran parte» del dinero, «a lo mejor más de la mitad», aunque por seguridad ya no lo guarda en su domicilio.
Alvise subrayó haber cumplido todas sus obligaciones legales: declaró el dinero ante el Servicio de Prevención del Blanqueo de Capitales (Sepblac) y en su declaración de la renta.
También aseguró haber presentado las cuentas al Tribunal de Cuentas a través de una empresa gestora, mostrándose «sorprendido» por las informaciones que sugerían lo contrario.
El magistrado, no obstante, le requirió la documentación que acredite la presentación de dichas cuentas.
Una defensa calculada
La estrategia de Alvise se basó en tres pilares: transparencia administrativa, imposibilidad cronológica y diferenciación entre actividad personal y electoral. Su testimonio refleja un discurso preparado para desmontar las acusaciones de financiación ilegal.
El eurodiputado se acogió a su derecho a responder únicamente al instructor y su abogado, rechazando las preguntas de «la acusación socialista y Fiscalía» por considerar que tenían «ánimo espurio».
Una posición procesal que, más allá de su efectividad legal, transmite el mensaje político que busca proyectar: víctima de una persecución partidista.
La investigación continúa, pero Alvise ha puesto sobre la mesa una versión de los hechos que, si se confirma documentalmente, podría complicar las acusaciones en su contra.
Alvise Pérez basó su estrategia en tres pilares: transparencia administrativa, imposibilidad cronológica y diferenciación entre actividad personal y electoral. Su testimonio refleja un discurso preparado para desmontar las acusaciones de financiación ilegal.
