En la foto los cuatro intervinientes en el debate. En primer término, José Antonio Ballestero, vocal del CGPJ, quien hizo esta revelación de la situación, la magistrada del Tribunal Supremo, Celsa Picó, el magistrado de la Audiencia Provincial de Oviedo, Luis Ortiz Vigil, y el magistrado del Juzgado de Primera Instancia 30 de Barcelona, Roberto García Cenicieros.
Este mes el Tribunal Militar Central se quedará sin miembros por la imposibilidad del CGPJ de hacer nombramientos
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16/12/2022 09:30
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Actualizado: 16/12/2022 12:05
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«El Tribunal Militar Central se quedará sin ningún miembro este mes porque se jubila el último de sus componentes porque desde un Consejo General del Poder Judicial en funciones, como este, no podemos hacer nombramientos por la modificación de la Ley Orgánica del Poder Judicial que el Parlamento aprobó en marzo de 2021. Lo tenemos prohibido. Habrá que proveer».
De esta forma, José Antonio Ballestero, vocal del CGPJ, resumió una situación que está dejando a la justicia tocada.
Fue en el debate sobre las consecuencias materiales de la reforma de esa ley que ayer celebró el Centro de Estudios Superiores Cardenal Cisneros, que dirige Raúl Canosa, en su sede de Madrid y en el que participaron, junto a Ballestero, la magistrada del Tribunal Supremo, Celsa Picó Lorenzo, el magistrado de la Audiencia Provincial de Oviedo, Luis Ortiz Vigil, y su compañero, Roberto García Ceniceros, magistrado del Juzgado de Primera Instancia 30 de Barcelona. Un debate moderado por el director de Confilegal, Carlos Berbell.
“Esto lo pongo como ejemplo máximo de esta situación”, añadió el vocal del CGPJ.
Ballestero alertó, además, contra “la tentación” de los partidos políticos de “intentar manejar el Consejo” por lo que es necesario cambiar el sistema de elección de vocales judiciales para que sea por elección directa. “El camino que debemos seguir para la renovación no es el que está en la ley vigente, que ha dado pie a este colapso, sino que necesitamos leyes de mayor calidad”.
De hecho, afirmó con rotundidad que con la citada reforma “se amputa una de las funciones que reconoce al CGPJ para preservar la independencia judicial”.
Al final el perjudicado es el ciudadano, apuntó Ballestero. «La justicia está para proteger a los más débiles fundamentalmente con lo que las políticas que inciden en que los órganos judiciales puedan llegar al colapso no son progresistas sino regresivas».
Actualmente las vacantes se elevan a 70. Son 18 magistrados del Tribunal Supremo (un 21,6 % de su plantilla, formada por 83 magistrados), pero afecta de forma distinta a cada Sala. Solo en la Sala de lo Contencioso-Administrativo las vacantes son 7 –8 este mes–, lo que supone el 24 % de sus 33 componentes. En la Sala de lo Social, formada por 13 magistrados, les faltan 5, un 38 %. 2 en la Sala de Militar, de 8. Y 1 en la Sala de lo Civil.
De los 17 presidentes de Tribunales Superiores de Justicia, 7 –el 41 %–, están caducados y es necesario renovarlos: Andalucía, Cataluña, Castilla-La Mancha, Castilla y León Comunidad Valencia, Murcia y La Rioja. Las vacantes en los TSJ –presidentes de Sala– se elevan a 31. La Presidencia de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional también funciona con un presidente provisional.
Esto está afectando al funcionamiento de la Justicia y al servicio que se da a los ciudadanos.
LA IMPOSIBILIDAD DE HACER NOMBRAMIENTOS DEL CGPJ PUEDE FACILITAR LA CORRUPCIÓN
La magistrada del Tribunal Supremo, Celsa Picó, llamó la atención sobre el hecho de que la imposibilidad de hacer nombramientos por parte del CGPJ “puede facilitar la corrupción” toda vez que hay menos magistrados para poder investigar estos asuntos, lo que puede provocar que se retrasen los tiempos de resolución de cuestiones relacionadas por ejemplo con contratos públicos.
El magistrado de la Sección Penal de la Audiencia Provincial de Asturias, Luis Ortiz, aseguró que “lo que está pasando, con la no realización de nombramientos de la élite judicial madrileña (en referencia a las 18 vacantes del Tribunal Supremo), es algo que tiene enormes consecuencias para el normal funcionamiento de todos los órganos judiciales del país. Y esto al final repercute en que los ciudadanos reciban una justicia de más o menos calidad”.
Ortiz dijo que “cada vez hay más asuntos y las manos son menos” e incluso advirtió que “se podría llegar a tener que excarcelar a presos porque no dé tiempo a resolver sus asuntos” en el plazo máximo en el que pueden permanecer en prisión provisional sin que el Tribunal Supremo haya tenido tiempo de resolver los recursos contra esas sentencias condenatorias.
Roberto García Ceniceros, por su parte, alertó sobre que “estamos en un sistema en el que el órgano que garantiza el Poder Judicial está siendo invadido por otros poderes”.
El magistrado del Juzgado de Primera Instancia número 30 de Barcelona señaló que “esta situación de mandatos caducados provoca una limitación de los derechos de la ciudadanía, porque lo que sale perjudicado es el servicio público”.
En este punto, coincidió con Ballestero en que “la solución es reformar el sistema de elección de vocales del CGPJ”.
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