Por una mayoría de seis votos contra cinco, el Pleno del Tribunal Constitucional (TC) acordó esta noche suspender de forma urgente la tramitación parlamentaria, ya en el Senado, de las dos enmiendas por las que se modifica la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) y la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (LOTC), admitiendo así las medidas cautelarísimas solicitadas por el PP en su recurso contra dichas enmiendas.
Los magistrados han entendido que el avance de la tramitación parlamentaria causa un daño de difícil reparación a los derechos de los legisladores ‘populares’, que invocaban el artículo 23 de la Constitución, donde se recoge el derecho a la participación política de los ciudadanos a través de sus representantes.
Confilegal ha hablado con las diferentes asociaciones de jueces para que hiciesen una valoración sobre este asunto.
FJI: «El Constitucional no es poder judicial, aunque muchos lo olviden»
Desde Foro Judicial Independiente (FJI) han explicado que quieren ser prudentes porque el Tribunal Constitucional no es poder judicial aunque “muchos lo olviden”. Pues no es “una confrontación entre el legislativo y el judicial, sino entre el legislativo y la ley”.
Por ello, han apuntado dos cosas. La primera, que esperan que esta decisión sea tomada con deportividad democrática y que se rebaje el tono de las declaraciones ya que “hay que dejarse de tremendismo y no romper la convivencia”.
En segundo lugar, ha recordado que todo esto es causa -y tiene su origen- en la politización del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Por eso, “los jueces llevamos desde hace años, al igual que lo pidió Europa, que se despolitice aunque sea de forma parcial y que el órgano de gobierno de jueces pueda votar a 12 vocales”.
A ello ha añadido que si se hiciese desde ya, tienen «muy claro» que el órgano se hubiese renovado hace 4 años y que los nombramientos se harían con normalidad. “Esto es el fiel reflejo de los males que denunciamos”, a lo que ha añadido que este problema ha estado oculto.
JJpD: «Respetamos la decisión judicial, pero no la compartimos»
Por su parte, desde Jueces y Juezas para la Democracia (JJpD) han dejado claro que respetan la decisión judicial pero que no la comparten porque, jurídicamente, creen que las medidas cautelarísimas son para unas situaciones «muy extraordinarias» y, en su opinión, «es peligroso jurídicamente» porque todavía no se había votado en el Senado».
Asimismo, han emitido en un comunicado, firmado también por Unión Progresista de Fiscales (UPF) que «tras cuatro años de bloqueo del Partido Popular para la renovación del Consejo General del Poder Judicial, un grupo de vocales de este órgano sigue su misma senda obstruccionista, e impide la renovación del Tribunal Constitucional. Sin otra explicación que el seguidismo partidista, han sometido su condición de juristas y jueces a intereses de partido, impidiendo que el máximo garante de los derechos fundamentales pueda completarse y trabajar con plena eficacia».
AFJV: «Hay que acatar la decisión de los órganos constitucionales»
La Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV) difundió anoche un vídeo en el que explicaban que la decisión del Tribunal Constitucional es «ciertamente excepcional» al igual que también lo son los tiempos que están viviendo las instituciones democráticas por la tensión «tan enorme a la que se están viendo sometidas».
Han considerado que el único camino posible para salir de esta difícil situación lo ha marcado «un poco» el discurso de la presidenta del Congreso de los Diputados. «Hay que acatar la decisión de los órganos constitucionales, cada uno dentro de sus funciones sin perjuicio de que los demás hagan valer también sus propias atribuciones por las vías y los cauces que están establecidos por la propia constitución y por la ley».
Y, a partir de aquí, continúan, del respeto a la posición que cada cual ocupa dentro del sistema institucional y del respeto a la Constitución y a la ley, en definitiva, es como podremos volver a algo de normalidad a la sociedad española, que creen que es lo que se está necesitando ahora mismo
APM: «Era lo que procedía»
Por otro lado, desde la Asociación Profesional de la Magistratura (APM) han apuntado que «era lo que procedía» porque no hay manera de amparar el derecho fundamental de los parlamentarios en este momento concreto si no es suspendiendo la tramitación de las dos enmiendas.
Pero lo que no es parece de recibo son todos los ataques que está recibiendo el Tribunal Constitucional hablando de órgano caduco, órgano ilegítimo «porque cuando entró Arnaldo, los otros magistrados estuvieron más de año y medio con su mandato caducado y porque la propia Ley Orgánica del TC prevé que no se haga una renovación justo en los plazos y que se prorrogue el que está en el mandato.
«Deslegitimar al Tribunal Constitucional es una auténtica barbaridad» a lo que han añadido que si existe realmente un interés en cambiar la Ley Orgánica del Poder Judicial y la del TC hay que hacerlo a través de los cauces correspondientes «no por una vía de enmiendas y por la puerta de atrás», sino darle la tramitación oportuna.
