Enrique López: «Es escandaloso que desde el Gobierno se articulen, con mala fe, ataques contra los jueces, demonizándolos e insultándolos»
Enrique López, consejero de Presidencia, Justicia e Interior de la Comunidad de Madrid y magistrado en servicios especiales, analiza en esta entrevista la situación de la Justicia en España. Foto: Carlos Berbell/Confilegal.

Enrique López: «Es escandaloso que desde el Gobierno se articulen, con mala fe, ataques contra los jueces, demonizándolos e insultándolos»

Además, señala que "la izquierda española está ya en un ámbito de intolerancia donde no soporta y trata de eliminar políticamente a aquel que no piensa igual"
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26/1/2023 06:51
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Actualizado: 26/1/2023 00:58
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«Es escandaloso que desde el Gobierno se articulen, con mala fe, ataques contra los jueces, demonizándolos e insultándolos». Así lo señala a Confilegal Enrique López, consejero de Presidencia, Justicia e Interior de la Comunidad de Madrid y magistrado en servicios especiales.

Y precisa que los ataques a los jueces «obedecen a una mala fe articulada desde el Ministerio de Igualdad, de la que son sus artífices tanto la ministra, Irene Montero, como la delegada del Gobierno contra la violencia de género, Victoria Rosell, también magistrada en servicios especiales.

Enrique López, que tiene a sus espaldas 31 años de servicio en la carrera judicial (1988-2019), analiza en Confilegal la situación política actual y el estado de la Justicia en España.

Es magistrado emérito del Tribunal Constitucional (2003-2011) y académico correspondiente de la Real Academia de Legislación y Jurisprudencia.

Ha prestado servicios como magistrado de la Sala de Apelación de la Audiencia Nacional, y como jefe de sección del servicio de formación continua de la Escuela judicial.

En su etapa como vocal del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ostentó la portavocía del órgano (2001-2008). López fue responsable de la creación de una política de comunicación y trasparencia del Poder Judicial, constituyendo bajo su coordinación los gabinetes de comunicación en el Tribunal Supremo, la Audiencia Nacional y los Tribunales Superiores de Justicia de España. Diseñó una política de comunicación basada en la máxima transparencia de la actuación del poder judicial bajo el lema de que «lo que no se conoce, no se puede valorar».

Además, diseñó y creó el Observatorio de Violencia de Genero del CGPJ, del que fue su primer presidente, convirtiendo este órgano en un referente nacional en la lucha contra la violencia de género. También es uno de los grandes expertos en terrorismo de nuestro país.

Desde agosto de 2019 es consejero de Justicia e Interior y en junio de 2021 sumó a sus responsabilidades Presidencia.

¿Qué balance hace de la situación de la Justicia en España?

Es una Justicia que está conformada por muy buenos profesionales, tenemos los jueces más independientes de Europa, muy buenos abogados, fiscales y letrados de la Administración de Justicia, pero tenemos un modelo organizativo absolutamente obsoleto, que requiere una reforma en profundidad y muy consensuada. 

La que está llevando a cabo el Gobierno dista todavía de estar consensuada.

¿Qué opina de la derogación de la sedición y la reforma de la malversación?

Son procedimientos legislativos totalmente torticeros, espurios y tramposos. 

El delito de sedición se ha derogado generando un espacio de impunidad claro, con el fin de rebajar la condena penal a delincuentes independentistas catalanes, todo ello por un mísero puñado de votos.

Esto supone que nuestro orden constitucional ha quedado inerme e indefenso ante ataques al orden constitucional. El primer paso fue en 1995, cuando el Código Penal eliminó del proyecto la rebelión impropia, precisamente a petición de los nacionalistas, porque decían que eso suponía criminalizar vías ilegales para buscar el independentismo.

Eso lo hizo Felipe González. Lo de ahora tiene un agravante. El Gobierno de González lo hizo por presión de los nacionalistas, sin que hubieran cometido delitos previos, mientras que Sánchez lo ha hecho una vez cometidos los delitos, para que las penas se rebajen, lo cual podríamos decir entre comillas que es una prevaricación política clarísima, pero fundamentalmente es una desvergüenza.

En cuanto al delito de malversación, la intención era la misma, lo que pasa es que técnicamente es una reforma que retrocede en el tiempo y elimina el avance que supuso en el 2015 castigar el delito de malversación yendo a las figuras de los delitos cometidos por privados: la administración desleal y la apropiación indebida. Aparte de eso, lo que pretendían era también rebajar la pena de los criminales nacionalistas e independentistas condenados por el Tribunal Supremo.

Pero creo que esto no lo van a conseguir porque realmente la gente que está detrás de esta reforma, técnicamente no es muy buena, y ya han padecido un error sobre lo que es el ánimo de lucro. Creo que se van a llevar una gran sorpresa. 

De nuevo se reintroduce la malversación de uso rebajando la pena, lo cual me parece muy grave porque esos mismos hechos realizados por un administrador privado tienen mucha más pena.

ENRIQUE LÓPEZ
Enrique López, en su despacho de la Consejería de Presidencia, Justicia e Interior de la Comunidad de Madrid. Foto: Carlos Berbell/Confilegal.

¿Y qué piensa de la ley del sólo sí es sí, que ya ha beneficiado al menos a 259 condenados por delitos sexuales? 

Esta ley es un error grave. 

Es una ley defectuosa, en la que se ha cometido un grave error de concepto. 

Puedo entender, aunque no comparto, que se unifique en un mismo tipo penal las agresiones sexuales y los abusos sexuales. Creo que fue un auténtico progreso penal distinguir ambas conductas.

Como consecuencia del dogmatismo y de la ignorancia jurídica que padece parte de la izquierda, se entendía que el abuso sexual tenía que estar inmerso en el mismo tipo que la agresión sexual denominándose igual.

«Los ataques a los jueces obedecen a una mala fe articulada desde el Ministerio de Igualdad, de la que son sus artífices tanto la ministra como la delegada del Gobierno contra la violencia de género»

Insisto, eso es entendible, yo no lo comparto, pero el error está en que al unificar los tipos se rebaja el mínimo penal de hechos graves, castigados por penas graves con anterioridad, y supone la obligatoria revisión.

Por tanto, estoy a favor de un replanteamiento en profundidad de la reforma de esta ley.

El segundo gran error de esta reforma es la no introducción de una disposición transitoria específica para regir la transitoriedad en la misma, teniendo en cuenta que las normas transitorias sólo se aplican a las normas concretas que acompañan, no con carácter general. 

Otro grave error del legislador, porque no es solamente del Ministerio de Igualdad, sino del Gobierno, del Parlamento y también del fiscal general del Estado realizando una interpretación en esta línea, totalmente errónea, pero que afortunadamente los jueces no han seguido porque tienen muy claro que el principio de la norma más favorable en el ámbito penal determina la retroactividad de la norma favorable, y esto es de obligado cumplimiento. 

Sin embargo, la ministra de Igualdad y diversos miembros de su partido lo que hacen es culpar y atacar a los jueces… La ministra de igualdad dice que tenemos «un problema de aplicación de la ley del sólo sí es sí’,  al igual que con la ley de violencia de género de Zapatero». En el mismo sentido se ha pronunciado Ione Belarra: «La ley sólo sí es sí se está aplicando correctamente por una mayoría de tribunales, los que no reciben ninguna atención mediática. Sólo una minoría está haciendo rebajas en una aplicación incorrecta de la norma», declara.

Estos ataques obedecen a una mala fe articulada desde el Ministerio de Igualdad, de las que son sus artífices tanto la ministra como la delegada del Gobierno contra la violencia de género. Con mala fe y temeridad culpan a los jueces, los demonizan, y los insultan.

Es escandaloso que desde el Gobierno se articulen, con mala fe, ataques contra los jueces, demonizándolos e insultándolos.

Hay una situación crítica en el TS ante la imposibilidad de cubrir las vacantes por la reforma de PSOE y Unidas Podemos que limitó competencias estando en funciones. Feijoo ha planteado alargar la jubilación de los magistrados a los 74 años para hacer frente a esa situación…

Es una buena solución para salir del paso como consecuencia de la grave situación que ha generado la reforma, en mi opinión, inconstitucional del Gobierno -PSOE y Unidas Podemos- limitando las funciones del órgano de gobierno de los jueces.

Órgano de gobierno que no está regido por criterios políticos, como el Gobierno de la nación, y por eso es absolutamente inconstitucional limitar sus funciones y dejar desprotegido en una de sus esencias al poder judicial.

En todo caso, la solución es muy sencilla: que Sánchez acabe con esa cerrazón de no reformar el modelo. Está claro que se puede hacer de forma paralela la inmediata renovación del Consejo.

¿Hay visos de llegar a un acuerdo para renovarlo?

Ahora mismo me parece muy difícil. 

El Gobierno no quiere oír hablar de la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial para cambiar los vocales judiciales como piden los estándares europeos, como pide la jurisprudencia del TJUE, y que tiene que ser atendida por el Tribunal Constitucional español si esto se planteara de nuevo ante el Tribunal. 

Es absolutamente ineludible la reforma de la Ley Orgánica para cambiar el modelo de elección. España va a ser condenada, con toda seguridad, como mínimo, en el informe del Estado de Derecho de este año como consecuencia de esto.

Por eso, la solución, de forma paralela es renovar el Consejo General del Poder Judicial para que el Consejo nuevo ya comience a funcionar con normalidad, y a la vez, iniciar la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial para cambiar el modelo de elección de los jueces, como pide la Constitución, como pide Europa y como al final se va a imponer. 

Enrique López, recibió en noviembre de 2017 el premio Confilegal por su aportación a la política de comunicación de transparencia del CGPJ. Foto: Amapola Producciones.

A su juicio, ¿qué medidas deberían llevarse a cabo para reforzar la independencia judicial?

Primero hay que decir algo con toda claridad: que los jueces españoles son los más independientes de Europa. 

Gozan de un Estatuto que les permite llevar a cabo su función como titulares de un poder del Estado, el poder judicial, con absoluta independencia. Y esto es lo que ha hecho que en España, en el ámbito penal hayan sido condenados ministros, presidentes de comunidades autónomas, empresarios, personajes populares, etcétera, cosa que no ocurre en muchos países de la Unión Europea. 

En el ámbito contencioso-administrativo también se han adoptado acuerdos por los gobiernos de turno, que, insisto, en otros países no se dan. 

«Para que la real situación de independencia de los jueces se traslade a la opinión pública, hace falta cambiar el modelo de elección del CGPJ»

¿Qué ocurre? Que para que esa real situación de independencia se traslade a la opinión pública, hace falta cambiar el modelo de elección del Consejo General del Poder Judicial, porque se está transmitiendo una imagen de politización respecto a un poder que es independiente y que está formado por jueces independientes. 

La medida necesaria es muy clara, y todos los caminos conducen, en este caso no a Roma, sino a la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial, para que los jueces elijan a los vocales judiciales. 

En un reciente reportaje en Confilegal, sobre sus deseos para 2023, señaló que el Gobierno regional seguirá trabajando para que Madrid cuente con una justicia más humana y más moderna, para continuar perfeccionando nuestro sistema integral de seguridad y emergencias, y también para proporcionar a los ciudadanos un mejor acceso a la información esencial sobre las impresionantes prestaciones de nuestra administración. ¿Cuáles son sus principales retos y propósitos como consejero para este año?

En el ámbito de Presidencia, seguir trabajando en una administración ágil, predecible y que ayude a los ciudadanos y que se adelante a sus necesidades.

«Este año vamos a culminar la renovación del parque inmobiliario judicial y acabar con la plena digitalización del expediente electrónico judicial»

En el ámbito de la Justicia, culminar la renovación del parque inmobiliario judicial y acabar con la plena digitalización del expediente electrónico judicial. La ciudad de la Justicia volvió a salir a licitación y el 16 de febrero se cerrará el concurso.

Y en seguridad y emergencias, fortalecer la seguridad en el ámbito rural madrileño y garantizar la debida coordinación de las policías locales, con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, para lo cual hace falta también un Gobierno de España que esté mucho más presente y atento a las necesidades de la seguridad de Madrid.

Covite ha contabilizado 547 actos de apoyo a ETA en 2022. ¿Qué opinión le merece esto? ¿Qué iniciativas están llevando a cabo en esta materia?

Esto es algo que pone de manifiesto la indignidad y la ignominia de Sánchez y del Gobierno de España, que sigue pactando con Bildu, con los herederos de ETA, que abandona a las víctimas, y que corre a toda velocidad cuando Bildu le pide una reforma legal, que lo tiene como socio principal.

En cambio, no reforma la Ley de Seguridad Ciudadana para que se pueda sancionar cualquier acto mínimo de homenaje o exaltación que no llegue a constituir un delito de enaltecimiento del terrorismo. 

Se debe reformar la Ley de Seguridad Ciudadana, para establecer una sanción específica en esta materia; aplicar con más contundencia por parte del Ministerio Fiscal el Código Penal; y perseguir el delito de humillación a las víctimas del terrorismo, delito que no exige ningún tipo de riesgo real de reiteración delictiva, sino que lo que se castiga es la humillación a las víctimas. 

Y este Gobierno, con su inacción como Ejecutivo, y con su inacción legislativa, está provocando y permitiendo que se siga humillando a las víctimas del terrorismo en España.

La presidenta madrileña y el consejero de Presidencia, Justicia e Interior, Enrique López, visitando la Oficina Móvil del 012, un teléfono gratuito de atención 24 horas durante todo el año dirigido especialmente para personas que sufren soledad no deseada, depresión, acoso o algún tipo de adicción, incluidos sus familiares o allegados.

Cambiando de asunto, ¿qué medidas han puesto en marcha contra la ocupación en la Comunidad de Madrid? 

En el ámbito de las competencias de un Gobierno regional, que no tiene la competencia de Seguridad Ciudadana, hemos llegado prácticamente al máximo. 

Hemos creado una oficina antiocupación para que cualquier afectado pueda llamar para denunciar un hecho o pedir información, que está atendida por policías locales formados en esta materia y por especialistas de la Consejería de Vivienda, para prestar todo este tipo de apoyo y asesoramiento.

En segundo lugar, hemos hecho un convenio con el Colegio de Registradores que permite a todas las policías locales acceder ‘online’ al Registro de la Propiedad y conocer el estado de la propiedad de un inmueble de forma inmediata. 

«Hemos hecho un convenio con el Colegio de Registradores que permite a todas las policías locales acceder ‘online’ al Registro de la Propiedad y conocer el estado de la propiedad de un inmueble de forma inmediata»

También hemos realizado reformas legales para que las víctimas de ocupación no tengan que pagar el agua del Canal de Isabel II. Es una auténtica revictimización que a quien le privan del uso de su vivienda, tenga que seguir pagando los suministros. Sería muy injusto. 

Y vamos a seguir trabajando en el ámbito de nuestras competencias. Promoveremos también que todos los grandes tenedores de viviendas reaccionen antes frente a las ocupaciones, para evitar problemas que luego sufren fundamentalmente las comunidades de vecinos por la presencia de ‘okupas’. 

Pero todo esto requiere de una gran reforma por parte del Gobierno de España, en el ámbito del Congreso de los Diputados.

Sin embargo, teniendo en cuenta que gran parte del Ejecutivo no ve la ocupación como un delito, sino al revés -algunos ministros hacen auténtica apología de la ocupación-, es realmente difícil confiar en que este Gobierno vaya a hacer algo en esta materia. 

Por último, ¿qué opina de las protestas e insultos contra Ayuso el pasado martes en la Universidad Complutense?

Es la consecuencia de un estado de intolerancia, que es una seña de identidad de la izquierda radical, la cual se está extendiendo a la izquierda menos radical. 

Los desórdenes que se produjeron fueron previamente precedidos de amenazas de muerte en pintadas en las paredes de la universidad e insultos a la presidenta regional, llamándola asesina, lo cual demuestra un grado de intolerancia rayando ya prácticamente y próximo a lo que sería un delito de odio, que se resume en el discurso de una alumna cuando demostró y evidenció que el «gran pecado» de Díaz Ayuso es pertenecer al Partido Popular.

Esto demuestra un grado de intolerancia democrática, que es propio de esa izquierda radical, de la que se está contagiando la izquierda menos radical.

Lo que es peor aún es que no haya habido todavía ninguna condena por parte de algún responsable político de izquierdas ni del Gobierno.

«La izquierda española está ya en un ámbito de intolerancia donde no soporta y trata de eliminar políticamente a aquel que no piensa igual»

Es un síntoma muy grave que ante hechos de esa naturaleza, que determina un grado de violencia -no política, sino violencia-, ningún responsable político de izquierdas ni ningún miembro de una organización feminista haya condenado estos hechos. Me parece absolutamente grave, vergonzoso e intolerable en una democracia que precisamente debe tener como uno de sus principios la tolerancia política. Estamos ante hechos muy graves.

Se comienza por retirar cuadros de políticos fallecidos, por razones ideológicas; se siguen realizando escraches para impedir que un político pueda recoger un premio que le concedió una institución. ¿A continuación, qué vendrá?

En España sabemos lo que ocurre, lo que ocurrió hace 80 años y lo que no queremos que se repita. Por eso, hay que tener muy presente que nuestra democracia tiene unos valores, uno de ellos el pluralismo político, y que eso requiere un respeto hacia el pluralismo político y una tolerancia hacia el que no piensa como uno. 

La izquierda española está ya en un ámbito de intolerancia donde no soporta y trata de eliminar políticamente a aquel que no piensa igual.

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