Continúa la guerra de cifras en torno al seguimiento en el segundo día de huelga indefinida convocada por las tres asociaciones de letrados de la Administración de Justicia (LAJ).
De acuerdo con el Comité de Huelga, compuesto por representantes de las asociaciones convocantes –Colegio Nacional de Letrados de la Administración de Justicia (CNLAJ), la Unión Progresista de Letrados de la Administración de Justicia (UPSJ) y la Asociación Independiente de Letrados de la Administración de Justicia (AINLAJ)–, el seguimiento continuó siendo alto, un 80 %; 81 % el día anterior.
El Ministerio, por su parte, informó de que el seguimiento fue del 26,98 % (28,3 % el 24 de enero, día de comienzo de la huelga) y dio un paso más de transparencia, facilitando una tabla pormenorizada de los LAJ que, en cada una de las 50 provincias, la Audiencia Nacional y el Supremo, habían secundado la huelga, los que no la habían secundado y los servicios mínimos.
Son datos que se obtienen y se actualizan diariamente desde cada secretaria de Coordinación Provincial, a través del sistema Ainoa.
Así, en la Audiencia Nacional, de 41 LAJ solo secundaron la huelga 5, un 12,20 % del total. La proporción fue mayor en el Tribunal Supremo. De 21 secretarios judiciales 5 pararon, un 23,81 %.
De acuerdo con la misma fuente, en Madrid, donde está el mayor número de LAJ destinados –532–, hicieron huelga 154, un 28,95 %. En Barcelona, con 460, la proporción fue de 118 LAJ, el 25,65 %. En Valencia, con 236, 56 pararon, el 24,58. Y en Sevilla, con 163, 48 fueron a la huelga, el 29,45 %.
El Ministerio llama la atención sobre el hecho de que 780 LAJ tomaron permiso, como los 700 del primer día, un número que no pueden ser contabilizados, por ello, como huelguistas. Por lo que no se les va a descontar los 160 euros diarios brutos, como ocurrirá con los que sí lo han hecho.
El Comité de Huelga lamenta de que «sigue sin producirse el más mínimo intento por parte de la Ministra Sra. Llop de resolver el conflicto que, incomprensiblemente acepta la suspensión de miles de juicios y comparecencias en todos los partidos judiciales del país, con los consiguientes perjuicios para los ciudadanos, operadores jurídicos y para el propio servicio público».
La inseguridad existente en torno a los juicios que se van a celebrar ya está empezando a levantar críticas en redes.
