El decano del Ilustre Colegio de Abogados de Santa Cruz de Tenerife, José Manuel Niederleytner, ha tomado posesión de la presidencia del Consejo Canario de Colegios de Abogados, sustituyendo en el cargo a Carlos Viña. El acto, dirigido por la presidenta del Consejo General de la Abogacía Española, Victoria Ortega Benito, se ha llevado a cabo en la sede del cuerpo colegial.
En conversación con Confilegal, Niederleytner ha destacado la «situación peculiar» de la práctica de los abogados en el archipiélago. «Las islas están a la cabeza en litigiosidad, comparado con las regiones peninsulares», declaró el presidente recién nombrado.
«Recibimos a muchos turistas, con lo que la población flotante crece mucho, lo que también genera trabajo, pero también problemas», señaló, algo que se replica de forma parecida a lo largo de las islas.
Niederleytner ha afirmado que las primeras medidas que tomará irán dirigidas a culminar las negociaciones con la Consejería de Justicia del Gobierno de Canarias respecto al turno de oficio, de manera que se retribuyan actos por los que los profesionales no reciben pago y se mejoren las remuneraciones que todavía no se consideran suficientes.
Una tarea que queda pendiente es la de los nuevos edificios judiciales en Santa Cruz de Tenerife y Granadilla. «En Santa Cruz hay 17 organizaciones judiciales dispersas por la ciudad, y presionamos a la Consejería para albergarlos en un solo edificio», indica.
La construcción de un nuevo Palacio de Justicia es una meta a largo plazo, luego de su aprobación, pero Niederleytner confía en que el edificio Auditorio, propiedad del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife y cuya venta fue aprobada por el Gobierno de Canarias, «estará disponible en diciembre».
En cuanto a la situación en La Palma, donde «llevan más de un año» esperando las ayudas prometidas desde la erupción volcánica en la isla, Niederleytner declara la necesidad de «agilizar las ayudas para que lleguen de manera efectiva a las personas damnificadas».
«Vamos de la mano con el Colegio de Abogados de Santa Cruz de La Palma, que son los que más directamente están involucrados», dice, ofreciéndoles «todo el apoyo necesario».
También señala que desde el Consejo reclaman que se concluya el desarrollo de los expedientes digitales de manera que los profesionales puedan acceder a ellos sin tener que desplazarse hasta las sedes judiciales para examinarlos en físico. Añade que otra de las ventajas sería reducir la «molestia a los órganos judiciales» en estos procedimientos. «Este sistema ya está funcionando en algunas comunidades autónomas y nosotros también queremos que sea realidad», dice.
