Los pandilleros en la prisión y Javier Nistal Burón, jurista del Cuerpo Superior de Instituciones Penitenciarias y exdirector general de Ejecución Penal y Reinserción Social de Instituciones Penitenciarias.
Javier Nistal: “Las cárceles de El Salvador toman leyes copiadas de las españolas, pero en la práctica, la realidad no tiene nada que ver”
|
05/3/2023 06:49
|
Actualizado: 06/3/2023 11:10
|
Los vídeos que muestran el traslado de miles de pandilleros de El Salvador a una nueva cárcel están dando la vuelta al mundo. Los delincuentes aparecen rapados, descalzos, semidesnudos y agachados en cadena mientras son enviados al Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT), una prisión que tiene una capacidad de hasta 40.000 personas.
Su presidente, Nayib Bukele, publicó el pasado 28 de febrero en Twitter que este centro sería su nueva casa donde «vivirían por décadas, mezclados y sin poder hacer más daño a la población». Pero esta situación está dando de qué hablar, muchas personas consideran que «se lo merecen» y otras que aun privados de libertad, han de tener una serie de derechos.
Pues bien, Confilegal ha contactado con Javier Nistal Burón, jurista del Cuerpo Superior de Instituciones Penitenciarias y exdirector general de Ejecución Penal y Reinserción Social de Instituciones Penitenciarias para conocer su opinión y saber qué derechos se estarían vulnerando si esta situación se diese en España.
Nistal conoce de primera mano la situación en este tipo de prisiones en El Salvador ya que ha estado en tres ocasiones en centros en las que se encontraban los Maras, la organización internacional de pandillas criminales cuyas actividades incluyen violación, narcotráfico, extorsión, contrabando de armas, secuestro, robo y asesinatos por encargo, entre otras. «Allí la situación no tiene nada que ver con nuestro sistema, si vas, alucinas».
Aquí en España hay un 15% de preventivos y un 75% de penados, en cambio, en El Salvador es al revés, lo que provoca «un gran desorden». Esta situación, ha explicado, «la teníamos en España en los años de la transición, allá por el año 1979, pero ahora eso es inviable».
«Los derechos humanos brillan por su ausencia». En España sería inviable
Pero el sistema iberoamericano en las cárceles no tiene nada que ver con el español. Aquí se vulnerarían todos los derechos y allí, «brillan por su ausencia». Aunque eso sí, «ves sus leyes y la mayoría están copiadas por las nuestras» para dar la sensación de que el sistema funciona, pero no es así.
Por ejemplo, tienen Defensor del Pueblo e, incluso, juez de vigilancia. «Pero una cosa es el papel y otra es la realidad, que no tiene nada que ver».
El jurista ha explicado que esto en España sería inviable porque, como se ha comentado, se estarían vulnerando todos los derechos. Como ejemplo, ha puesto el de la intimidad y el de la libertad. Pues allí se encuentran encerrados en las celdas las 24 horas del día, habitáculos similares a las de las películas americanas.
Son celdas que se denominan «rastrillo». Y es que están unos frente a otros, con luz artificial y sin condiciones de habitabilidad. Es decir, no se dan las circunstancias que exigen las cárceles para vivir.
Tampoco se les permite tener intimidad a la hora de hablar con sus familias ya que siempre tienen que hacerlo con una persona delante y esto, en España, no es así.
En nuestro país la normativa penitenciaria establece que las celdas deben tener una buena ventilación, luz natural y mobiliario adecuado. Y en el caso de que sea compartida por más de dos personas, la zona de aseo debe estar separada de la de descanso para preservar la intimidad.
También delitos de tortura y contra la integridad moral
Por otro lado, Manuel Álvarez de Mon, abogado, exjuez, exfiscal y exfuncionario del Cuerpo Especial de Instituciones Penitenciarias ha añadido que, si esto sucediera en Espala, se estarían cometiendo también delitos de tortura y contra la integridad moral recogidos en el artículo 173 y siguientes del Código Penal (CP).
En el caso de El Salvador, se estaría cometiendo estos delitos al tenerlos hacinados en espacios muy pequeños y semidesnudos y, también, al encerrarles en celdas a oscuras.
Este artículo señala que quien trate de forma degradante, menoscabando gravemente su integridad moral, a una persona será castigado con la pena de prisión de seis meses a dos años.
Con carácter específico, el 174 del CP relata que cualquier funcionario público que, abusando de su cargo y con el fin de obtener una confesión o información de una persona, el culpable de tortura será castigado con una pena de dos a seis años de prisión si es grave y de uno a tres años si no lo es.
Pero además, el 177 del CP manifiesta que si los delitos descritos en los artículos anteriores produjeran lesiones o daño a la vida, salud o libertad sexual, se castigarían de forma separada.
Es más, la Ley Orgánica 1/1979, de 26 de septiembre, General Penitenciaria reza en su artículo 6 que «ningún interno será sometido a malos tratos de palabra u obra» y el 3 y el 4 que la Administración velará por la vida y la seguridad de los internos.
Amnistía Internacional, preocupada por la situación
Amnistía Internacional Américas ha expresado su preocupación por la inauguración de «la cárcel más grande de América» en su cuenta oficial de Twitter.
Según han explicado, han denunciado “un claro patrón de violaciones de derechos humanos bajo el enfoque de seguridad pública actual en El Salvador”. Pues “la construcción de esta nueva prisión podría suponer la continuidad y el escalamiento de estos abusos.
Por otro lado, han apuntado que esta nueva cárcel es “una clara señal de que las autoridades del país planean seguir aplicando una política de seguridad pública de encarcelamiento masivo”. Algo que, en su opinión, no aborda la raíz de la violencia y no servirá para superar el problema a largo plazo.
Han hecho un llamamiento al presidente y al gobierno del país para cambiar el rumbo de la situación ya que la violencia de las pandillas debe ser abordada de “manera integral” pero garantizando los derechos humanos de toda la población.
Noticias Relacionadas:
