La Fiscalía Provincial de Madrid ha pedido 8 años de cárcel para José Ramón Mérida, exdirector del Departamento de Anatomía y Embriología Humana II de la Facultad de Medicina de la Universidad Complutense por un delito contra la salud de los trabajadores y cinco delitos contra la integridad moral.
El juicio tendrá lugar el próximo 10 de marzo en el Juzgado de lo Penal Nº21 de Madrid.
Según el escrito de la Fiscalía, el médico, pese a las reiteradas quejas de los trabajadores, les obligó a trabajar “en condiciones insalubres, degradantes, nocivas y peligrosas”. Pues a raíz de una Inspección de Trabajo en 2014, se extrajeron del sótano 534 cadáveres.
Una de sus quejas fue la de obligarles a prestar sus servicios en un subterráneo sin ventilación que carecía de las condiciones de higiene más elementales.
Incluso “hasta el punto de que era frecuente la presencia de insectos, gusanos y larvas rodeados de restos humanos amontonados anárquicamente y sumergidos en el permanente hedor a putrefacción”, señala el escrito de acusación.
La Fiscalía denuncia que Mérida, gracias a su cargo, era el principal responsable de la dirección, control y vigilancia de las condiciones laborales del personal técnico de laboratorio.
Trabajaban en un sótano sin ventilación
“Sumió a los trabajadores en un estado de desesperanza que provocó alteraciones en la percepción de la realidad que les rodeaba, de manera que aceptaron como inevitable y normal una situación que, de modo objetivo, constituía una violación permanente a su dignidad como seres humanos”, denuncia la Fiscalía.
Los técnicos, por ejemplo, trabajaban en un sótano que carecía de ventilación adecuada, por lo que estaban expuestos a la inhalación de gases. Respecto a la cámara frigorífica donde se conservaban gran número de cadáveres, cuando se averió el acusado ordenó a los técnicos que extrajeran de ella entre 40 y 50 cuerpos y que los dejaran en una sala para ser incinerados.
Sin embargo, añade la Fiscalía, al no poderse proceder a la cremación de los cuerpos por su elevado número, se quedaron en dicha sala en proceso de deterioro o pudrición”.
Las instalaciones, según se recoge en el escrito de acusación, no cumplían la normativa reglamentaria de lugares de trabajo ya que “los trabajadores no disponían de duchas, aseos adecuados, vestuarios ni taquillas individuales”.
Tampoco el uso docente que hacía con los cadáveres era el más adecuado porque los cuerpos accedían al sótano sin protocolo de actuación, sin identificación y sin referencia a su origen o padecimiento de enfermedades infecto-contagiosas.
Ropa inadecuada
“Esta falta de control sanitario de acceso de cuerpos -explica la Fiscalía- determinaba que los trabajadores quedaran expuestos a riesgos biológicos, infecciosos y/o parasitarios, que se agravaban por la falta de un adecuado control sobre la salud de los técnicos”.
Asimismo, utilizaban ropa inadecuada para realizar sus tareas y las condiciones de higiene eran deficientes, llegando a aparecer gusanos e insectos.
El escrito de acusación pone también de manifiesto que los técnicos desempeñaban sus funciones en presencia “permanente” de un fuerte hedor a putrefacción, que manejaban manualmente y “de modo repetitivo” cargas cuyo peso oscilaba entre 70 y 120 kilos o que se les ordenaba “introducir los cuerpos en tinas de metro y medio de profundidad y extraerlos desde el fondo para su utilización o destrucción”.
