La aprobación en la Asamblea de Madrid de una nueva ley autonómica de la infancia incluye nuevas regulaciones para ampliar la protección de los menores de edad que accedan a páginas de internet. El ámbito digital es uno de los que mayor atención recibe, con varias medidas que desarrollará para garantizar la seguridad de los niños.
Una de las obligaciones que especifica esta nueva ley es la que tendrán que cumplir la misma Administración autonómica, que debe promover acuerdos con los proveedores de servicios de internet que trabajen en la región para que incorporen un control parental en el acceso a las nuevas altas e instalaciones de aplicaciones, como lo serían Youtube, Twitch, Instagram u otros, que instalen.
Así, serían los usuarios los que tendrían que desactivar esta limitación, de manera que los niños no tengan desde un principio acceso a contenido potencialmente peligroso para su desarrollo o dignidad.
«Es difícil para una empresa obligar a una persona a usar una herramienta como el control parental, entonces esta es una manera de ponerla a disposición para que sean los padres los que ejerzan el control «, explica Clara Redondo, abogada de familia del despacho de abogados de Paloma Zabalgo, que indica que «es necesario y posible regular el acceso de menores a contenido adulto».
«No puede ser que apenas marcando una opción para indicar que se es mayor de edad se pueda acceder a material pornográfico, que a veces es el primer contacto que tienen muchos menores de edad con las relaciones sexuales», señala Redondo.
Por estos motivos, la nueva ley también apunta a los publicadores de contenido adulto para obligarlos a incorporar sistemas de verificación de edad más efectivos que los que son más habituales en este tipo de páginas. Algunos de estos podrían incluir la opción de ofrecer documentos oficiales de identidad.
Además, se incorporarán materiales educativos en las diferentes etapas de los estudios de los menores de edad en la comunidad, de manera que puedan formarse en competencias y herramientas digitales básicas, además de sus buenas prácticas, para evitar, como explica la Comunidad de Madrid en una nota informativa, «riesgos derivados de un uso inadecuado» por «situaciones de violencia, noticias falsas o contenidos que dañen su dignidad o desarrollo».
De todas maneras, Redondo destaca el rol de los padres, que, dice, deben tener la última palabra sobre los materiales digitales a los que acceden los menores.
Por ello, sigue recomendando las fórmulas clásicas de restringir el uso del móvil y otros dispositivos con acceso a internet, con horas reguladas y supervisión, y haciendo notar otros peligros, como estafas que un niño podría no reconocer como tal, o la desprotección en redes sociales que «utiliza a niños que tienen miles de seguidores con intereses económicos que no son protegerlo».
