Arrancó con una herencia envenenada. El Consejo de Transparencia y Protección de Datos de la Comunidad de Madrid recibió, al nacer, 335 asuntos sin resolver del órgano que lo precedía. Un lastre considerable para una institución que empezaba desde cero.
En diciembre pasado, lo liquidó por completo.
El dato preside la Memoria de Actividades de 2025, presentada ante la Asamblea de Madrid por su presidente, Jesús María González García, catedrático de Derecho Procesal de la Complutense y exletrado del Tribunal Constitucional.
Un perfil que no es casual: el Consejo nació bajo sospecha política y con recurso de inconstitucionalidad incluido.
Casi mil resoluciones en un año
Las cifras son difíciles de ignorar. En 2025, el Consejo dictó 967 resoluciones sobre reclamaciones ciudadanas de acceso a la información pública.
Más que todo lo resuelto por el anterior Consejo de Transparencia y Participación en sus cuatro años de vida, de 2021 a 2024, cuando acumuló 736. Y eso con una plantilla que no estuvo plenamente constituida hasta junio.
Las reclamaciones recibidas en 2025 fueron 833. El salto frente al ejercicio anterior es llamativo: de una media de 26 reclamaciones mensuales en 2024 se pasó a casi 70 al mes.
Casi el triple.
Y la tendencia no se frena. En el primer trimestre de 2026, el Consejo ha superado las 100 reclamaciones mensuales. Si se mantiene ese ritmo, el año cerrará en torno a 1.270 solicitudes. Cuatro veces más que en 2024.
«Es un dato que pone de relieve la confianza de los ciudadanos en esta joven institución», explica González García. Y añade lo que nadie en su lugar dejaría de añadir: «Pero sin duda un gran reto para el que será preciso todo nuestro compromiso».
Quién reclama y contra quién
El perfil del reclamante es, sobre todo, ciudadano de a pie. De las 883 reclamaciones presentadas, 600 llegaron de particulares. El resto se distribuye entre concejales (106), personas jurídicas (86), y un número menor de periodistas, sindicatos, investigadores y diputados autonómicos.
Las entidades más reclamadas son los entes locales: un 65% del total, 547 casos. Las consejerías y organismos de la Comunidad acumularon 245. El resto afectó a universidades, colegios profesionales y otras entidades obligadas.
El problema que nadie quiere ver
Hay un número que lo dice todo sobre el estado real de la transparencia en Madrid: el 62% de las reclamaciones llegaron al Consejo porque la Administración directamente no contestó. Silencio administrativo. En su mayoría, ayuntamientos.
La Memoria no lo disimula. «Es un problema no exclusivo de la Comunidad de Madrid, pero no por ello de menor importancia», se reconoció en la presentación.
El texto señala la necesidad de concienciar a los entes obligados y de establecer mecanismos de apoyo, especialmente para los municipios más pequeños.
Y los hay muy pequeños. De los 179 municipios madrileños, 76 tienen menos de mil habitantes. Veinticinco, menos de doscientos. Para esos consistorios, cumplir con la legislación de transparencia no es sencillo. Ni en recursos humanos ni en medios técnicos.
La sombra del recurso
El Consejo cumple el próximo 23 de mayo dos años de existencia. Nació en mayo de 2024 asumiendo las competencias del anterior organismo, añadiendo la coordinación en materia de protección de datos y, más recientemente, las funciones de canal externo de denuncias en el ámbito territorial madrileño.
Pero su creación no fue pacífica. Cincuenta senadores del Grupo Socialista lo recurrieron ante el Tribunal Constitucional, cuestionando la constitucionalidad de la norma que lo creó y, sobre todo, el cambio de modelo: de un órgano adscrito a la Asamblea a otro integrado en el organigrama del Gobierno regional, aunque con autonomía funcional e independencia garantizada para su presidente, inamovible durante su mandato.
González García lo sabe. Y lo gestiona con deliberada distancia: «Era grande la tarea pendiente y el foco de nuestra actividad debía centrarse en dar respuesta a la ciudadanía, como corresponde a todo órgano de garantía de derechos, pero siempre con neutralidad y respeto a la legislación de transparencia».
Los números, por ahora, le dan la razón.
