El magistrado instructor de la causa del «procés», Pablo Llarena, ha dejado sin efecto la orden de detención y la rebeldía, acordada en su día contra Clara Ponsatí, exconsejera de educación del gobierno autonómico catalán y fugada de la justicia, y ha acordado su puesta en libertad provisional. Además, la ha citado para tomarla declaración como investigada el próximo 24 de abril a las 11 de la mañana.
Como condición, Ponsatí tiene que designar un domicilio y un teléfono para ser localizada inmediatamente con la obligación de comparecer ante el Tribunal Supremo, donde todavía se instruye la causa del «procés» sobre los huidos, Carles Puigdemont y Toni Comín.
El magistrado Llarena explica en su auto que dado que se ha derogado el delito de sedición, que los hechos no son subsumibles en el delito de desórdenes públicos y «que la pena prevista para el delito de desobediencia del artículo 410 del Código Penal es de multa e inhabilitación para cargo público de hasta dos años, sin que exista previsión de pena privativa de libertad», procede «acordar la citación personal de la procesada para que, con presencia de las acusaciones y del resto de partes personadas, comparezca ante este Tribunal a fin de recibirle declaración indagatoria el día que se indicará».
Y añade: «se acuerda dejar sin efecto la declaración de rebeldía, así como la busca y captura ordenada contra ella, dejando sin efecto la orden de detención de conformidad con los artículos 503, 504 y 505 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal».
El auto ha sido comunicado a Ponsatí y al Juzgado de Guardia de Barcelona quien se lo comunicó a la exconsejera.
Ponsatí ha regresado este martes a España tras cinco años en el extranjero, y ha sido detenida a las 18.07 en la Plaza de la Catedral de Barcelona por los Mossos d’Esquadra. Tras pasar a disposición judicial, Ponsatí ha salido de la Ciutat de la Justicia a las 22.49 horas.
La exconsejera se fugó a Escocia en octubre de 2017, tras el fallido seudo referendum de independencia de Cataluña. Actualmente vive en Bruselas, como eurodiptuada.
En enero, tras la derogación del delito de sedición por la reforma penal pactada por el Gobierno y ERC, el magistrado instructor Llarena, acordó la imputación de Ponsatí por desobediencia y mantuvo en vigor la orden de detención solo a efectos de asegurar su puesta a disposición del magistrado.
