La Fiscalía ha solicitado al instructor del ‘procés’, el magistrado del Supremo Pablo Llarena, que cite de nuevo a la ex consejera catalana y eurodiputada Clara Ponsatí para que pueda tomarle declaración en calidad de procesada por el 1-O, después de que el pasado 24 de abril no acudiera a su cita ante el alto tribunal.
Así se pronuncian los fiscales Javier Zaragoza y Fidel Cadena en un escrito en el que también instan a Llarena a «que se desestime la solicitud de suspensión de la causa interesada» por Ponsatí, que insiste en que goza de la inmunidad propia de los miembros de la Eurocámara.
Los fiscales del ‘procés’ responden así al requerimiento de Llarena, que pidió al Ministerio Público y a la Abogacía del Estado que se pronunciaran sobre la posibilidad de reactivar la orden de detención nacional contra Ponsatí, después de que plantara al Supremo, esgrimiendo su inmunidad como eurodiputada, y que ese día tenía trabajo en el Parlamento Europeo.
El objetivo de Llarena era tomar declaración a Ponsatí en calidad de procesada por un delito de desobediencia para poder continuar con el procedimiento penal en su contra por el referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017.
El proceso judicial estaba paralizado desde que Ponsatí huyó de España, pero la maquinaria del Supremo volvió a ponerse en marcha el 28 de marzo, cuando la ex consejera se presentó en Barcelona desoyendo su obligación de comparecer ante el alto tribunal, precisamente, para poder efectuar esa declaración indagatoria.
Ese día, tras ser detenida por los Mossos d’Esquadra y llevada ante un juzgado de guardia de la ciudad condal, en virtud de la orden de detención nacional que tenía vigente, Llarena acordó dejarla en libertad y citarla para el 24 de abril.
Ahora, una vez escuchadas las partes, el instructor del ‘procés’ podría reactivar la orden de captura contra Ponsatí, aunque solo surtiría efecto si volviera a pisar España.
Cabe recordar que el juez retiró las órdenes de busca y captura europeas e internacionales contra Ponsatí y los demás prófugos del 1-O, precisando que ya solo podría reactivarlas para el ex presidente catalán Carles Puigdemont y los ex consejeros Toni Comín y Lluis Puig, porque tras la reforma penal que derogó la sedición y modificó la malversación eran los únicos imputados por delitos que conllevaban cárcel.
PLANTÓN AL SUPREMO
Para justificar su desplante al Supremo, la defensa de Ponsatí alegó no solo que tenía que asistir a dos reuniones en la Eurocámara, sino que además insistió en que, habiendo solicitado amparo al Parlamento Europeo para que defienda su inmunidad, la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) «obliga» a Llarena a suspender el procedimiento judicial.
A ello la defensa sumó que «están pendientes de resolución diversos recursos que corroboran la ilegalidad del presente procedimiento, la vulneración de distintos derechos fundamentales y que acreditan que ni el magistrado instructor ni la de esta Sala de lo Penal del TS son el tribunal establecido previamente por la ley».
El horizonte penal de Ponsatí se despejó tras la entrada en vigor el pasado 12 de enero de la reforma penal que derogó la sedición y modificó la malversación, obligando a Llarena a revisar el procesamiento de los huidos del ‘procés’.
Hasta ese momento, la ex consejera estaba procesada por sedición, por lo que la desaparición de este delito –penado con entre 10 y 15 años de cárcel e inhabilitación– propició que Llarena lo sustituyera por el de desobediencia, castigado con multa de 3 a 12 meses e inhabilitación de 6 meses a 2 años.
Aunque tanto Fiscalía como Abogacía del Estado solicitaron al instructor que sumara el nuevo delito de desórdenes públicos agravados, con penas de 3 a 5 años de cárcel y 6 a 8 de inhabilitación, Llarena lo rechazó.
