La Junta General del Colegio de la Abogacía de Madrid (ICAM), reunida en sesión Ordinaria y Extraordinaria, aprobó ayer los presupuestos de la institución para 2023, que se elevan a 31 millones de euros, un 1,9 % más que en 2022, con una mayoría de 2.130 votos a favor, 254 en contra y 7 abstenciones. La participación fue de 2.391 colegiados.
El ICAM cuenta con 74.241 personas colegiadas, distribuidas en 43.207 ejercientes y 29.792 no ejercientes. El número mujeres inscritas –36.007– suponen ya el 49 % del censo colegial.
Los asistentes a esta Junta General validaron mayoritariamente las cuentas (con 2.153 sufragios a favor, 250 en contra y 10 abstenciones) y la gestión colegial (con 2.147 votos a favor, 277 en contra y 10 abstenciones) en el ejercicio anterior.
La nueva Junta de Gobierno del ICAM, por lo tanto, ha obtenido el respaldo mayoritario de la abogacía madrileña a sus primeros presupuestos para impulsar con eficacia y responsabilidad los compromisos incluidos en su programa de gobierno.
“Pero no hemos venido solo a gestionar con eficacia, sino también a reivindicar y defender el Estado de derecho y la dignidad de la abogacía. Cumpliremos esa misión para la que hemos recibido la confianza de los colegiados y colegiadas del ICAM”, declaró el decano, Eugenio Ribón, durante su intervención.
Todo ello, como ha recordado Ribón, sin incrementar las cuotas, que se mantienen constantes a pesar de la presión inflacionaria.
Si se comparan con las del año 2007, ha incidido el decano, las cuotas ordinarias actuales presentan una reducción del 4,3% frente una inflación del 29,1% en el mismo periodo. “El Colegio ha realizado un esfuerzo durante estos años para optimizar la cuota colegial y ofrecer el mejor servicio, prueba de ello es la cobertura de responsabilidad civil que en 2007 era de 12.000 euros frente a los 330.000 euros actuales”, ha destacado Ribón.
PRIORIDADES
Entre las líneas recogidas en el documento aprobado por la Junta General del ICAM, destacan el desarrollo tecnológico, las prestaciones sociales, la formación y la innovación jurídica o los avances en materia de igualdad como ejes prioritarios de actuación.
Así, la Junta de Gobierno apuesta en 2023 por la tecnología como principal herramienta para el desarrollo organizativo, destinando 614.000 euros a proyectos como el expediente electrónico, la actualización de plataformas de Honorarios y Deontología, la dotación de nuevas herramientas para la Fundación Cortina, la integración de sistemas de notificaciones o el cumplimiento con los requerimientos tecnológicos que exige el Esquema Nacional de Seguridad.
En materia social y cultural, el ICAM dará un fuerte impulso a la Fundación Cortina como vértice para elevar el compromiso de la institución con la responsabilidad social de la abogacía a través de nuevas acciones y programas que beneficien a las personas colegiadas y a la ciudadanía.
Con este objetivo, se destinarán 1,5 millones de euros a prestaciones sociales y ayudas al desarrollo profesional para aquellos compañeros y compañeras con una situación más desfavorecida o a quienes la crisis actual les haya afectado directamente.
Asimismo, con ánimo de ayudar al mayor número posible de personas, a lo largo del año se revisarán las bases de las convocatorias para ampliar los colectivos de beneficiarios, además de reforzar su visibilidad con un mayor esfuerzo de comunicación.
Con una dotación de 100.000 euros, se pone en marcha el Instituto de Investigación e Innovación Jurídica del ICAM (I+D ICAM), un observatorio jurídico destinado al desarrollo de soluciones técnico-normativas en beneficio de la abogacía y la sociedad civil, que dirige el exmagistrado del Tribunal Supremo y catedrático de derecho civil de la Universidad de Valencia, Francisco Javier Orduña Moreno. Otra de sus funciones será la promoción de formación especializada para la consecución de estos fines.
El nuevo centro de investigación del ICAM dependerá orgánicamente del departamento de Secciones, que a su vez contará con una partida de 140.000 euros para promover la participación colegial a través de foros de reflexión y debates sobre las múltiples áreas de derecho representadas en las 47 secciones existentes en la actualidad.
También se impulsará la formación a través del Centro de Estudios con la consolidación de la II edición del Máster de Acceso a la Profesión, el desarrollo de nuevos cursos de especialización y de programas executive que puedan dar cobertura a las diferentes materias.
En total, el proyecto formativo para 2023 incluye una previsión de 474 cursos, 7.859 horas lectivas y 18.241 alumnos, de los cuales cerca del 57% lo serán de manera gratuita, principalmente por las jornadas de formación continuada de Turno de Oficio.
Finalmente, en los presupuestos se consolida el compromiso de la corporación para fomentar la igualdad a través de iniciativas como los Sellos de buenas prácticas, el Premio Clara Campoamor o la Cumbre de Mujeres Juristas, que celebrará su XI edición.
CIUDADANÍA
Además, en su vertiente de servicios a la ciudadanía, el presupuesto para 2023 contempla un aumento del 65% en los recursos asignados a los servicios de orientación jurídica.
El incremento responde al refuerzo de los servicios actuales, a la creación de nuevos servicios en sedes judiciales y a la firma de nuevos convenios para implantar los servicios de orientación jurídica en materia de vivienda y protección internacional.
Respecto a las cuentas anuales aprobadas por los colegiados, el Colegio cerró el ejercicio 2022 con un déficit ordinario de 80.701 euros, un 0,3% sobre presupuesto. En el apartado de gastos, la suma registrada, 30.311.000 de euros, es un 0,4% inferior a los 30.435.000 de euros presupuestados.
Respecto a los ingresos, la cantidad alcanzada, 30.230.000 euros, supone un 0,7% menos de la programada.
