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Hacen referencia al acuerdo alcanzado entre el ministerio y los representantes de los LAJ para poner fin a la huelga convocada para pedir incrementos salariales para este colectivo.

Los sindicatos exigen una subida salarial para todo el personal de la Administración de Justicia

29 / 03 / 2023 14:40

Actualizado el 30 / 03 / 2023 12:52

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), Comisiones Obreras (CCOO), La Unión General de Trabajadores y Trabajadoras (UGT), el Sindicato de Trabajadores de la Administración de Justicia (STAJ) y la Confederación Intersindical Galega (CIG) han mantenido una reunión este miércoles en la cual han acordado presentar una propuesta al Ministerio de Justicia para aumentar las retribuciones de todo el personal de la Administración de Justicia «en la línea marcada por el acuerdo suscrito con el Comité de Huelga», como se lee en su comunicado conjunto.

Hacen referencia al acuerdo alcanzado entre el ministerio y los representantes de los letrados de la Administración de Justicia (LAJ) para poner fin a la huelga convocada al pedir incrementos salariales para este colectivo, tras lo cual los sindicatos exigen iniciar negociaciones con el mismo objetivo para que se reconozcan «las funciones reales que se realizan en todos y cada uno de los puestos de trabajo del personal de la Administración de Justicia de todos los cuerpos».

Además, reclaman al ministerio dirigido por Pilar Llop que se paralice la tramitación parlamentaria de la Ley Orgánica de Eficiencia Organizativa hasta que no se alcance un acuerdo [con] las organizaciones sindicales para la modificación del texto que se está debatiendo en las Cortes Generales».

Si el cuerpo ministerial no accede, advierten, procederán a convocar «contundentes movilizaciones en la Administración de Justicia». En este escenario, estas manifestaciones comenzarían después de semana santa, como explican, y seguirían un calendario que se publicaría después de una Mesa Sectorial del próximo jueves 30 de marzo.

También han acordado comunicar a los grupos políticos del Congreso estas exigencias, solicitando reuniones con sus portavoces «para reclamarles su posicionamiento en favor de la defensa de [sus] condiciones de trabajo».

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